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A través del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incrementando, especialmente, la sujeción a evaluación ambiental de diversos proyectos energéticos, de ingeniería hidráulica y gestión del agua, de infraestructuras, concentraciones parcelarias, recuperación de tierras al mar, industrias de productos alimenticios, proyectos de urbanización, así como los proyectos en las zonas de especial sensibilidad ambiental o que afecten de manera especial al medio hídrico.

La necesidad de emprender acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta cada vez más urgente y así lo declara el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Para alcanzar el nuevo objetivo de la UE para 2030 de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990, los sectores regulados por el Reglamento (UE) 2018/842 deberán reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar el -40 % en 2030, en comparación con los niveles de 2005. Asimismo, se espera que todos los sectores de la economía, incluido el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), regulado por el Reglamento (UE) 2018/841, contribuyan a alcanzar este objetivo aumentando las absorciones netas de carbono. Al respecto, se han publicado las revisiones de los dos Reglamentos mencionados que pretender llevar a la Unión Europea un paso más cerca de la consecución del anterior objetivo climático.

El Banco Central Europeo ha publicado un informe en el que concluye que debería llevarse a cabo una adecuada coordinación entre la revisión del RCDE UE y el MAFC para garantizar la competitividad de las empresas de la UE y, también, la consecución de los objetivos climáticos.

Con el fin de evitar la “fuga de carbono” y lograr cumplir con los objetivos climáticos de la UE, el 14 de julio de 2021 la Comisión Europea adoptó la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono”. Desde entonces, esta propuesta normativa ha seguido su procedimiento de tramitación (2021/0214/COD) y, tras el acuerdo alcanzado el pasado diciembre de 2022 entre los órganos colegisladores, se prevé que el mecanismo comience a funcionar a partir de octubre de 2023.

Las principales observaciones de la Comisión van dirigidas a los siguientes aspectos: la prohibición del punto verde, bisfenol A y ftalatos en envases y envasado para frutas y verduras, así como sobre los objetivos para la prevención de residuos, la incorporación de material reciclado y los costes que deben asumir los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Desde el mes de abril, tenemos una nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados. Son muchas las novedades que acompañan a la nueva norma. Sin embargo, también destaca el número de las previsiones que deben ser objeto de desarrollo y concreción posterior para poder llegar a materializarse. En este artículo buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos de la ley quedan pendientes de un futuro desarrollo o adaptación mediante normas reglamentarias?

El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se encuentra en la recta final de su tramitación. Se espera que, próximamente, dispongamos de una nueva norma que sustituya al texto vigente desde 2011. Entre los aspectos que han sufrido variaciones respecto a la versión inicialmente adoptada por el Congreso de los Diputados se encuentra la disposición relativa a los ftalatos y bisfenol A en los envases. En este artículo nos proponemos entender el significado de la propuesta inicial y los cambios introducidos, a fin de tratar de aportar luz, al menos desde el plano jurídico, al debate que se ha originado.

Con la aprobación del Decreto-Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, Illes Balears avanza hacia la circularidad del sector turístico y sostenibilidad del sector turístico. A tal efecto, regula los planes de circularidad, la evaluación circular, la planificación circular, y establece medidas respecto al agua, energia, alimentos, materiales y residuos. Asimismo, también destacan las medidas que suspenden la posibilidad de incrementar las actividades turísticas en Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca.

El nuevo proyecto francés de responsabilidad ampliada del productor (RAP) desarrolla la obligación por parte de los distribuidores de la aceptación de los productos usados, listando su tipología y las condiciones para su devolución

Este ejercicio aparece en el marco de una propuesta de Reglamento relativa a facilitar inversiones sostenibles.