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Las principales observaciones de la Comisión van dirigidas a los siguientes aspectos: la prohibición del punto verde, bisfenol A y ftalatos en envases y envasado para frutas y verduras, así como sobre los objetivos para la prevención de residuos, la incorporación de material reciclado y los costes que deben asumir los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Desde el mes de abril, tenemos una nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados. Son muchas las novedades que acompañan a la nueva norma. Sin embargo, también destaca el número de las previsiones que deben ser objeto de desarrollo y concreción posterior para poder llegar a materializarse. En este artículo buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos de la ley quedan pendientes de un futuro desarrollo o adaptación mediante normas reglamentarias?

El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se encuentra en la recta final de su tramitación. Se espera que, próximamente, dispongamos de una nueva norma que sustituya al texto vigente desde 2011. Entre los aspectos que han sufrido variaciones respecto a la versión inicialmente adoptada por el Congreso de los Diputados se encuentra la disposición relativa a los ftalatos y bisfenol A en los envases. En este artículo nos proponemos entender el significado de la propuesta inicial y los cambios introducidos, a fin de tratar de aportar luz, al menos desde el plano jurídico, al debate que se ha originado.

Con la aprobación del Decreto-Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, Illes Balears avanza hacia la circularidad del sector turístico y sostenibilidad del sector turístico. A tal efecto, regula los planes de circularidad, la evaluación circular, la planificación circular, y establece medidas respecto al agua, energia, alimentos, materiales y residuos. Asimismo, también destacan las medidas que suspenden la posibilidad de incrementar las actividades turísticas en Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca.

El nuevo proyecto francés de responsabilidad ampliada del productor (RAP) desarrolla la obligación por parte de los distribuidores de la aceptación de los productos usados, listando su tipología y las condiciones para su devolución

Este ejercicio aparece en el marco de una propuesta de Reglamento relativa a facilitar inversiones sostenibles.