Según la norma, se entiende por economía circular, un modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.
Autonómico
Galicia antepone la protección ambiental a la ordenación territorial y urbanística
La Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia pretende llevar a cabo una protección transversal del patrimonio natural gallego, integrando los requisitos de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en las demás políticas sectoriales. También fomenta la información pública y los mecanismos de colaboración, cooperación y participación de la sociedad en la consecución de sus objetivos.
Aspectos ambientales de la Ley de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia
La norma nace con la vocación de crear un marco estable, integrado y claro que permita impulsar y agilizar las actuaciones en materia de rehabilitación y regeneración urbanas, facilitando las intervenciones de particulares, y la coordinación de las políticas públicas en esta materia. Entre otras cuestiones, la norma fomenta la eficiencia energética y el uso de energías renovables en consonancia con las directrices europeas.
Baleares aboga por el cambio climático y la transición energética
El proyecto de Ley fija las medidas necesarias para avanzar hacia un modelo del 100% de energías limpias en el año 2050. También se destaca por las limitaciones en los vehículos contaminantes (diésel en 2025) y el cierre o la reconversión de centrales contaminantes.
Asturias apuesta por un transporte y movilidad sostenible, que mejore la calidad ambiental y la salud de la población
A través de la Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad sostenible, se promueve una movilidad universalmente accesible, segura, asequible y que utilice, preferentemente, modos de transporte sostenibles.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña otorga las medidas cautelares consistentes en no ejecutar un proyecto por no someterlo a evaluación ambiental
A través del Auto de fecha 19 de julio de 2017 del TSJC se estima la solicitud de medida cautelar y se suspende cautelarmente la ejecutividad de la resolución por la que se aprobó definitivamente el proyecto de trazado nuevo ramal de la autopista C-32, Blanes-Lloret de Mar, por no someterlo a evaluación ambiental y por provocar perjuicios severos e irreparables en caso de ejecutarlo.
Nulidad de un Plan Especial de infraestructuras de gestión de residuos en Reus, por contravenir las determinaciones del Plan Territorial Parcial
A través de la Sentencia del Tribunal Supremo se confirma la contravención del Plan Especial para la creación del sistema urbanístico general de infraestructuras de gestión de residuos, depósito controlado, en la partida de Mas Calbó de Reus, por emplazarse sobre un suelo de protección territorial considerado como de preservación de corredores de infraestructuras, que no admite actuaciones de urbanización o en general de transformación que no estén funcionalmente asociadas a les infraestructuras que han de situarse en el corredor.
Andalucía aprueba la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético
La norma pretende establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Comunidad de Madrid aprueba el plan de actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural
A través del Plan se pretende erradicar el uso ilegal de cebos envenenados y eliminar esta amenaza para la conservación de la biodiversidad en el ámbito territorial madrileño.
Los cambios sustanciales y su incidencia en la valoración ambiental anulan el PGOU de Laredo
A través de la Sentencia de 27 de junio de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha declarado nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, por llevar a cabo cambios sustanciales en el régimen urbanístico del suelo tras el trámite de información pública, sin ser éstos sometidos a un nuevo proceso de participación y además por no ser evaluados ambientalmente según la legislación ambiental.