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Las principales observaciones de la Comisión van dirigidas a los siguientes aspectos: la prohibición del punto verde, bisfenol A y ftalatos en envases y envasado para frutas y verduras, así como sobre los objetivos para la prevención de residuos, la incorporación de material reciclado y los costes que deben asumir los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Desde el mes de abril, tenemos una nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados. Son muchas las novedades que acompañan a la nueva norma. Sin embargo, también destaca el número de las previsiones que deben ser objeto de desarrollo y concreción posterior para poder llegar a materializarse. En este artículo buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos de la ley quedan pendientes de un futuro desarrollo o adaptación mediante normas reglamentarias?

El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se encuentra en la recta final de su tramitación. Se espera que, próximamente, dispongamos de una nueva norma que sustituya al texto vigente desde 2011. Entre los aspectos que han sufrido variaciones respecto a la versión inicialmente adoptada por el Congreso de los Diputados se encuentra la disposición relativa a los ftalatos y bisfenol A en los envases. En este artículo nos proponemos entender el significado de la propuesta inicial y los cambios introducidos, a fin de tratar de aportar luz, al menos desde el plano jurídico, al debate que se ha originado.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 2021 trata principalmente sobre la diferenciación del concepto de logística inversa respecto del concepto de traslado de residuos en los términos del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. A raíz de un análisis de la sentencia y de esta distinción, se examina también el tratamiento dado a la logística inversa en la planificación estatal y europea y en el derecho comparado, así como las implicaciones de este método de traslado en la implementación de la economía circular.

El consumo de aparatos eléctricos y electrónicos aumenta a gran velocidad. No obstante, la cadena de valor de los aparatos eléctricos y electrónicos se enfrenta a importantes problemas ambientales que la transición energética, el aumento de la población y la escasez de materias primas, entre otros factores, podrían agravar. Por ello, la Unión Europea y España han aprobado nueva normativa con la que se pretende incrementar la sostenibilidad de la cadena de valor, y se prevén adoptar nuevas regulaciones en un futuro próximo. En este artículo nos aproximaremos a cuáles son los retos que se plantean para incrementar la sostenibilidad de esta cadena de valor, en particular, desde el punto de vista de su regulación.

Holanda opta por las monodosis de café y las bolsas de té en detrimento de las cápsulas de café; en cambio, el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases no apuesta por el uso de materiales compostables en cápsulas de café.

España, en ausencia de normativa comunitaria, considera conveniente desarrollarlos para su comercialización como producto en todo el territorio del Estado

En este artículo nos hacemos eco de la reciente resolución del Parlamento Europeo en relación con el Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea, y, asimismo, analizamos las medidas que respecto a ciertos flujos de residuos se contienen en el Plan de Economía Circular 2021-2023, abierto, actualmente, a consulta pública. Con ello, pretendemos ofrecer una visión panorámica de cuáles son las principales propuestas que marcarán el rumbo de los próximos años para las cadenas de valor que la UE considera clave para avanzar hacia la circularidad.

A partir de un informe del Centro de Estudios de Políticas Europeas, en este documento se analizan diversos instrumentos políticos, financieros y normativos -tanto nuevos como ya existentes- para crear una demanda de materiales circulares y productos con menos emisiones de carbono, ilustrados con ejemplos de cuatro sectores intensivos en recursos y en carbono, a saber, la construcción, el acero, los textiles y los plásticos.

Según la declaración, entre otras cuestiones, los proyectos que se deriven de la aplicación del PNIEC deberán ser compatibles con la planificación sectorial (en materia de transportes, infraestructuras, urbanística, hidrológica, forestal, de adaptación al cambio climático, calidad del aire, residuos y suelos contaminados, biodiversidad, política agraria común, estrategias marinas y ordenación del espacio marítimo), concordante de ámbito nacional, regional, supramunicipal o municipal, vigente o en proyecto, y en el caso necesario arbitrar medidas concretas para integrar las acciones y determinaciones de dicha planificación.