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El Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.

Hasta el 20 de enero, ciudadanos y empresas tienen la posibilidad de hacer llegar a la Comisión Europea, sus comentarios relativos a esta nueva hoja de ruta que emana del Pacto Verde Europeo (the European Green Deal) publicado el pasado mes de diciembre por la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En el asunto C-752/18 el Tribunal de Justicia de la UE considera que imponer un arresto coercitivo a responsables del Estado federado de Baviera, determinados a incumplir una resolución judicial que les obliga a cumplir con el Derecho de la Unión, solo es posible si existe una base legal para ello en el Derecho nacional que sea suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación y si esta medida coercitiva resulta proporcionada

A finales de noviembre, y acompañando la COP25 que finaliza esta semana en Madrid, han coincidido las publicaciones del Resumen de EIONET de las políticas y medidas nacionales sobre la mitigación del cambio climático en Europa y el Perfil ambiental de España 2018 publicado por el MITECO en el que también se señalan las normativas y estrategias de cambio climático pendientes de aprobar en el estado español.

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

A través de un decreto se han modificado las contribuciones financieras mediante un sistema de bonificaciones y penalizaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos profesionales, residuos de mobiliario, embalajes domésticos, papeles gráficos y pilas y acumuladores portátiles.

El propósito de esta consulta es valorar los resultados de la transposición de la Directiva 2008/99/CE a lo largo del periodo 2011-2018 sobre delitos ambientales en todos los países de la UE. Esta consulta se interesa especialmente acerca de los delitos contra la fauna y flora silvestres, los relativos a los residuos y a la contaminación.

En el asunto C-636/18, el Tribunal de Justicia de la UE condena a Francia por no cumplir las obligaciones resultantes de la Directiva 2008/50 relativa a la calidad del aire al no haber adoptado medidas adecuadas y eficaces para que el período durante el que se rebasen los valores límites sea “lo más breve posible”.

En el asunto C-212/18 el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE analiza la obligación de los Estados miembros de no tratar como residuo a una sustancia que ha dejado de serlo y el alcance de su margen de apreciación para determinar si un residuo ha dejado de serlo.

Se trata de una de las medidas para prevenir la generación de residuos de la Directiva 2018/851, que impone la obligación de los productores de facilitar información en la materia, a la que tendrán acceso los gestores de residuos