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Mediante la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras, se ha realizado una modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de residuos y de los cánones sobre la eliminación de residuos.

Directrices de planeamiento urbanístico: ante actuaciones urbanísticas en zonas de riesgos, se impone la legislación sectorial frente a la urbanística.

El pasado 28 de febrero, la Comisión presentó los primeros resultados acerca de las cuestiones a tener en cuenta para la revisión de la Directiva de relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, prevista para el cuarto trimestre de 2017. Esta revisión está incluida como parte de la implementación del Paquete de Economía Circular y como parte del programa REFIT.

El Ayuntamiento de Córdoba regula dentro del uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo, con el fin de mejorar la calidad ambiental en el medio urbano, siguiendo los objetivos establecidos en el POTA y la LOUA.

El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley representa un paso en firme en la implantación de una Administración Electrónica, prevista ya en la Ley 11/2007 y, en el ámbito de los residuos, en la Ley 22/2011. En este post hacemos una sucinta descripción de las principales obligaciones que al respecto del uso de medios electrónicos impone la Ley 39/2015 y revisamos, también, algunos procedimientos a realizar por medios electrónicos que contempla la normativa de residuos.

La Comisión Europea ha hecho pública la hoja de ruta para la evaluación del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de residuos, con el objetivo de analizar si cumple con sus objetivos y es coherente con los objetivos generales de la política ambiental europea, la economía circular y el mercado interno, así como para conocer los costes asociados a su aplicación.

Los motivos por los cuales el pasado 27 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo (TS) anuló el apartado 9.b) de la disposición adicional segunda del Reglamento General de Costas son, de un lado, la vulneración del principio de reserva de ley en materia de presunciones establecido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en línea directa con la doctrina establecida por el TS (STS de 12 de febrero de 2002), y, de otra, la invasión de las competencias exclusivas de la Generalidad de Cataluña en materia de puertos e instalaciones portuarias.

El 29 de diciembre de 2016 el Diario Oficial de Castilla La Mancha publicó el Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

En octubre se publicó un documento que contiene la revisión y actualización de los criterios de sustancialidad de las modificaciones de las actividades de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, que sustituye a los que se han utilizado desde enero de 2013.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del Reglamento LIFE, la Comisión ha lanzado una evaluación externa e independiente de mitad de período para evaluar el programa LIFE, sus formas de intervención, su aplicación y sus resultados hasta el momento con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en la evidencia.