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Francia plantea 50 medidas para responder al reto de la transición hacia la economía circular en que se priorizan medidas que tiendan a la reutilización, el reciclaje, la extensión de la responsabilidad ampliada del productor y el desarrollo de medidas fiscales y normativas que hagan efectivo este nuevo paradigma.

Mediante la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras, se ha realizado una modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de residuos y de los cánones sobre la eliminación de residuos.

3 han sido las iniciativas de distintos importantes grupos de interés en Europa desde mediados del mes de diciembre pasado relativos a demandas de reformas fiscales verdes a considerar dentro del ámbito de la Economía Circular: Project Ex’Tax, Green Budget Europe y Ecopreneur. La propuesta de Ecopreneur se centra en un IVA específico para las empresas que incluyan criterios de circularidad que coincide con la actual consulta pública respecto a posibles modificaciones de las tasas del IVA.
Las reformas fiscales verdes empezaron a aplicarse en los 90 en los países del norte de Europa y en España ha habido distintos intentos para que se convirtieran en realidad sin llegar a desarrollarse. De hecho, España es el país que menos recauda en términos de imposición fiscal ambiental. Sin embargo, distintos expertos, grandes consultoras y entidades supranacionales apuntan a la necesidad de implantarlas para apuntalar los preceptos de la Economía Circular.

El presente anteproyecto de ley de cambio climático se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el pasado 25 de mayo de 2015. El anteproyecto supone la introducción del control del cambio climático en todas las políticas sectoriales de las Administraciones Públicas haciendo hincapié en las medidas que permitan su mitigación o adaptación como el uso de energías renovables, una mejora de la gestión de los residuos, el desarrollo del autoconsumo y eficiencia energética. Además, en los procedimientos de evaluación ambiental deberán valorarse las emisiones de gases de efecto invernadero que pudieran producirse. El anteproyecto también prevé una fiscalidad climática que crea nuevos impuestos ambientales. Finalmente, destacar que también prevé la garantía de acceso a recursos básicos de energía y agua para la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

Así lo garantiza la ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas , financieras y del sector público.

Modificación del régimen de tributos en relación a la eliminación de residuos.