Blog Terraqui

Para alcanzar los objetivos mínimos nacionales para el año 2030, la reciente Ley de cambio climático y transición energética establece múltiples medidas para integrar los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la de costa, hidrológica, entre otras.

La ambición de este plan de acción es lograr que la contaminación del aire, el agua y el suelo se reduzcan a niveles que ya no se consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales, respetando los límites que nuestro planeta puede soportar, creando así un entorno libre de tóxicos. Para ello, propone “invertir la pirámide” de acción y replantear la forma en que se diseñan, producen, entregan, realizan y/o utilizan y eliminan los productos. Esto significa que, en primer lugar, hay que prevenir la contaminación en su origen. El principio de prevención está en el corazón de este Plan.

A través de una conferencia organizada por el gobierno francés el pasado 14 de abril, 7 países europeos, entre los que se encuentra España, han hecho una declaración de intenciones que demuestra una voluntad política para incidir, reduciendo, cuando no, acabando, con la financiación pública que se asigna a determinadas actividades que inciden negativamente en el cambio climático.

La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 trata de responder, entre otros, a los compromisos del acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. La necesidad de regular esta figura deriva de la previsión existente en el artículo 4.1.b) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Conjuntamente con otros países e instituciones financieras, el pasado 18 de octubre se constituyó la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenible (IPSF), un foro que quiere facilitar intercambios y, cuando corresponda, coordinar los esfuerzos sobre iniciativas y enfoques de finanzas ambientalmente sostenibles, respetando los contextos nacionales y regionales.

El pasado 5 de abril, la UE hizo públicos los informes sobre la aplicación de las políticas y normas de la UE en materia de economía circular, naturaleza y biodiversidad, calidad del aire y calidad de gestión del agua para cada uno de los 28 países que conforman la UE. En este post analizaremos los datos relacionados con la aplicación de la normativa ambiental en el ámbito de la Economía circular y cambio climático en España.

El pasado 31 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado (2018-2025) como un instrumento de impulso y facilitación del crecimiento económico, desde el planteamiento de una economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora. Un instrumento para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la UE.

Éste es el tercer informe sobre el estado de aplicación o no realizado a partir de 29 indicadores que permite valorar hasta qué punto los países de la Unión Europea están aprobando los deberes del VII Programa de Medio Ambiente “Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta”, en vigencia desde 2013 hasta 2020.

En aplicación desde noviembre de 2013 y vigente hasta 2020, esta evaluación servirá para sentar las bases del próximo Programa de Acción en la materia.

Esta iniciativa se abrió el pasado 8 de noviembre y es uno de los primeros pasos para llevar a cabo la evaluación del VII Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea.