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La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 2021 trata principalmente sobre la diferenciación del concepto de logística inversa respecto del concepto de traslado de residuos en los términos del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. A raíz de un análisis de la sentencia y de esta distinción, se examina también el tratamiento dado a la logística inversa en la planificación estatal y europea y en el derecho comparado, así como las implicaciones de este método de traslado en la implementación de la economía circular.

El pasado 9 de noviembre finalizó el trámite de consulta pública del proyecto de decreto que tiene por objeto el desarrollo de la obligación de informar al consumidor sobre las cualidades características ambientales de los productos que generan residuos, prevista en el Código de Medio Ambiente francés.

La ambición de este plan de acción es lograr que la contaminación del aire, el agua y el suelo se reduzcan a niveles que ya no se consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales, respetando los límites que nuestro planeta puede soportar, creando así un entorno libre de tóxicos. Para ello, propone “invertir la pirámide” de acción y replantear la forma en que se diseñan, producen, entregan, realizan y/o utilizan y eliminan los productos. Esto significa que, en primer lugar, hay que prevenir la contaminación en su origen. El principio de prevención está en el corazón de este Plan.

Hasta el 45% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero están asociadas a la gestión de la tierra y a la producción de bienes de consumo, alimentos, edificios y otros productos de uso cotidiano. En la UE, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los sectores del entorno construido, la movilidad y la alimentación. Sin embargo, existen instrumentos políticos, legislativos y fiscales para mejorar el impacto climático de estos sectores, mejorando, a su vez, la circularidad en los ámbitos del entorno construido, la movilidad urbana y el sistema alimentario.

En este artículo nos hacemos eco de la reciente resolución del Parlamento Europeo en relación con el Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea, y, asimismo, analizamos las medidas que respecto a ciertos flujos de residuos se contienen en el Plan de Economía Circular 2021-2023, abierto, actualmente, a consulta pública. Con ello, pretendemos ofrecer una visión panorámica de cuáles son las principales propuestas que marcarán el rumbo de los próximos años para las cadenas de valor que la UE considera clave para avanzar hacia la circularidad.

A partir de un informe del Centro de Estudios de Políticas Europeas, en este documento se analizan diversos instrumentos políticos, financieros y normativos -tanto nuevos como ya existentes- para crear una demanda de materiales circulares y productos con menos emisiones de carbono, ilustrados con ejemplos de cuatro sectores intensivos en recursos y en carbono, a saber, la construcción, el acero, los textiles y los plásticos.

¿En qué se parecen y se diferencian España y Suecia en sus Estrategias de Economía Circular? Existen similitudes ya que las dos emanan del Plan de Acción Circular de la Unión Europea. Sin embargo, la idiosincrasia de cada país también establece sus diferencias.

La asociación francesa “Halte à l’obsolescence” ha presentado un libro blanco con 20 medidas para lograr una mayor durabilidad de los productos en la Unión Europea, cuando se cumplen 5 años del reconocimiento en el derecho francés del delito de obsolescencia programada a través de la ley sobre consumo.