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El proyecto de Ley fija las medidas necesarias para avanzar hacia un modelo del 100% de energías limpias en el año 2050. También se destaca por las limitaciones en los vehículos contaminantes (diésel en 2025) y el cierre o la reconversión de centrales contaminantes.

Éste es el tercer informe sobre el estado de aplicación o no realizado a partir de 29 indicadores que permite valorar hasta qué punto los países de la Unión Europea están aprobando los deberes del VII Programa de Medio Ambiente “Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta”, en vigencia desde 2013 hasta 2020.

A través de las Leyes 39/2015 y 40/2015 se introducen en el ordenamiento jurídico español distintas estrategias de mejora del entorno normativo, en la línea de los conceptos de «Better regulation» y «Smart regulation» y se regulan los principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).

Esta iniciativa se abrió el pasado 8 de noviembre y es uno de los primeros pasos para llevar a cabo la evaluación del VII Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea.

La norma supone un cambio de concepción del marco jurídico vigente y se propugna como un marco normativo integral, estratégico y estable.

El Panel Internacional de los Recursos presentó un estudio mediante el cual advierte de las consecuencias de la pasividad respecto a la eficiencia de los recursos para la población mundial. En este estudio también se plantearon los beneficios a escala planetaria si la política de la eficiencia de los recursos se combinara con la política climática. En caso de aplicar medidas en esta dirección, se estabilizaría el uso de los recursos mundiales en 2050 y aumentarían los ingresos y el crecimiento económico.

Los objetivos ambientales del nuevo Plan de Gobierno de Cataluña plantean cuatro grandes ámbitos de actuación: proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos, y promover el uso sostenible del patrimonio natural, que lo convierta en fuente de riqueza para el territorio; combatir el cambio climático, mitigar sus efectos y reducir el impacto de las actividades sobre el entorno, para mejorar la calidad ambiental del territorio; gestionar el agua de manera sostenible para garantizar la disponibilidad con criterios sociales, económicos y ambientales y apostar por una economía verde y circular, que ahorre recursos, poniendo en valor los residuos e impulse a la sociedad a ser pionera en innovación.

Mediante un pre-aviso informativo, la Dirección General de Medio Ambiente ha anunciado las líneas de financiación relativas al sector ambiental previstas para este 2016. Las publicaciones de estas licitaciones se concretarán según el calendario indicado y afectan a 16 ámbitos del medio ambiente.

El PNUMA (Programa Ambiental de las Naciones Unidas), en su sección Economía Verde, y la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente), a través de la Serie de Informes sobre indicadores ambientales, se han centrado en formular indicadores para medir el progreso hacia una economía verde, los cuales servirán para hacer el seguimiento del cumplimiento de la normativa correspondiente.