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En el asunto C-723/17 la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE se propone aclarar en qué medida la ubicación de los puntos de muestreo está sujeta al control de los órganos jurisdiccionales nacionales y si los resultados de los distintos puntos de muestreo pueden promediarse para evaluar el cumplimiento de los valores límite.

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.

La UE establece en sus prioridades abordar la problemática que generan los residuos del textil. La nueva directiva de residuos establece que, como fecha límite, a partir del 1 de enero de 2025 debe implementarse una recogida separada al igual que ya se hace para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. Existen otras inquietudes normativas a resolver en el sector. Pero entre tanto, distintas entidades trabajan para lograr revertir la insostenibilidad de los productos textiles en la Unión Europea.

Diversos países europeos, entre los que se encuentra el Estado español, han incorporado normas que contienen la posibilidad que organizaciones que hayan incurrido en alguna infracción o hecho delictivo puedan ver atenuadas o incluso eximidas algunas sanciones o penas, en el caso de que éstas hayan implementado programas de compliance y clemencia.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 28 de marzo de 2019, dictada en el asunto C-60/18, interpreta la Directiva 2008/98/CE sobre residuos en relación a las facultades de los Estados miembros para adoptar medidas sobre el fin de la condición de residuo.

Mediante un decreto publicado el pasado 16 de marzo, el Estado francés estipula los criterios mediante los cuales los lotes de paños de limpieza provenientes del textil usado podrán beneficiarse de la fin de condición de residuos. El textil es la segunda industria más contaminante del planeta.

En el asunto C-624/17 la Abogada General del TJUE analiza el concepto de residuo a la luz de la Directiva de residuos y la Directiva RAEE, y aborda las dificultades que suscita la aplicación del concepto de residuo en el Derecho penal.

En un contexto de creciente preocupación social y política por la calidad del aire en Europa debido a sus efectos sobre la salud pública, en el que sus impactos económicos también han sido contrastados por instituciones como el Banco Mundial, que en 2017 había más de 25 pleitos en el Tribunal de Justicia Europeo que demuestran que 19 Estados miembros excedieron los límites en material particulado, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, la Comisión publica una guía de criterios para el desarrollo de programas nacionales destinados a la mejora de la calidad del aire, una de las medidas que contemplaba desarrollar la Directiva 2016/2284.

El gobierno francés parece decidido a llevar a cabo su proyecto de ley de economía circular, que ha levantado críticas por parte de distintas entidades y del propio Senado que se ha mostrado indignado de ser informado del proyecto mediante prensa especializada por lo que reclaman más participación para su redacción, así como más concreción y compromiso en la normativa que transpondrá el Paquete de Economía Circular aprobado el año pasado por la UE.

Un decreto del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria del país galo permite que ciertos residuos puedan conseguir el fin de la condición de residuo, estableciendo condiciones y nuevos procedimientos al respecto, y anticipando el fin de la obligación de tratamiento en Instalaciones Clasificadas de Protección Ambiental (ICPE).