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Este informe es resultado de una auditoría sobre una iniciativa que llevó a cabo en junio de 2018 la Comisión para proteger a los polinizadores silvestres, así como una revisión de la normativa que indirectamente les afecta. Con ello se quiere contribuir a las actualizaciones legislativas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y plaguicidas previstas en el período 2021-2022.

De la relación de las 865 sentencias dictadas por el TJUE el año pasado, 50 tratan sobre asuntos de temática ambiental según su informe anual de 2019.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 3 de octubre de 2019, dictada en el asunto C-197/18, interpreta en qué medida ciertas personas físicas y jurídicas pueden invocar la Directiva de nitratos ante los tribunales nacionales y en qué condiciones existe un derecho a exigir a los Estados miembros medidas que garanticen un valor de concentración de nitratos en las aguas subterráneas inferior a 50 mg/l.

En el asunto C-197/18 la Abogada General del TJUE analiza en qué medida cabe invocar la Directiva de nitratos ante los tribunales nacionales y en qué condiciones podría existir un derecho a exigir a los Estados miembros medidas que garanticen un valor de concentración de nitratos en las aguas subterráneas inferior a 50 mg/l.

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.

Éste es el tercer informe sobre el estado de aplicación o no realizado a partir de 29 indicadores que permite valorar hasta qué punto los países de la Unión Europea están aprobando los deberes del VII Programa de Medio Ambiente “Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta”, en vigencia desde 2013 hasta 2020.

El 17 septiembre de 2017 se abrió la hoja de ruta para la revisión de la Directiva marco de Aguas junto con dos otras directivas relacionadas: la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y la Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Ahora se abre la consulta pública relativa a la revisión de estas Directivas que finalizará el próximo 4 de marzo de 2019.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA en adelante) no ha sido revisada desde que fue presentada en el 2000.

Con esta consulta se quiere evaluar hasta qué punto la Directiva 91/271/CE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que ahora que cumple 27 años, ha supuesto una mejora de su gestión, y, con ello, del estado del medio ambiente. En este post presentamos la consulta pública, aún en línea, que busca recabar información tanto del gran público como de especialistas, así como un breve repaso del estado actual de las aguas residuales en Europa y en España.

La capacidad insuficiente de control y de aplicación de la regulación ambiental junto con la falta de recursos que incluye la falta de profesionales de personal cualificado de las autoridades reguladoras y sanciones inadecuadas junto con un bajo nivel de multas para aquellos que violan la ley son los principales factores por los que la normativa ambiental no se aplica como se debería según el IMPEL. A su vez el informe sirve para hacer una revisión y recomendaciones de mejora para que el propio IMPEL resulte eficaz para los Estados miembros de la Unión Europea.

En aplicación desde noviembre de 2013 y vigente hasta 2020, esta evaluación servirá para sentar las bases del próximo Programa de Acción en la materia.