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Abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Lleida (2000). Estancia de un año académico en la Università degli Studi di Ferrara (1998-1999). Master en Dirección urbanística e inmobiliaria por la UAB (2001) y Máster Profesional de Estudios Territoriales y Urbanísticos, con el diploma de Técnica Urbanista por la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra y la Escuela de Administración Pública de Cataluña ( 2009). Cuenta con más de quince años de ejercicio profesional en la administración pública local y autonómica, y también en el ámbito privado desde el año 2012. Especialista en derecho administrativo, territorial y urbanístico. Secretaria de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde el año 2015 y de su Agrupación Catalana. 10 años de ejercicio profesional fundamentalmente en la administración pública local y autonómica. Especializada en derecho administrativo, territorial y urbanístico.
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Se amplían los supuestos en los que un proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria y simplificada, según los anexos I, II y III de la Ley 21/2013
A través del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incrementando, especialmente, la sujeción a evaluación ambiental de diversos proyectos energéticos, de ingeniería hidráulica y gestión del agua, de infraestructuras, concentraciones parcelarias, recuperación de tierras al mar, industrias de productos alimenticios, proyectos de urbanización, así como los proyectos en las zonas de especial sensibilidad ambiental o que afecten de manera especial al medio hídrico.
La Unión Europea se prepara para combatir el aumento de los delitos ambientales
El objetivo general de la revisión de la Directiva es poner coto al aumento de los delitos ambientales en Europa, armonizando la utilización del Derecho penal como instrumento de último recurso para hacer cumplir todo el acervo de legislación ambiental de la UE, incluido el Pacto Verde Europeo, a la vez que se respetan los objetivos de la UE en materia de desarrollo sostenible, mejora de la calidad del medio ambiente y el principio de “quien contamina paga”.
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El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, que pone en valor el enfoque del ciclo de vida en la construcción
Según la norma, la arquitectura se concibe como un bien de interés general, por su contribución a la creación de identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar social, a la inclusión en la comunidad y a la salud, así como su relevancia para mitigar los efectos del cambio climático y su trascendencia económica.
