Periodo de feedback sobre la revisión de la aplicación de políticas y normativas ambientales 2019

La necesidad de saber en qué consisten las dificultades para hacer un cumplimiento efectivo de la normativa y políticas ambientales no es baladí. Además de los retos ambientales con consecuencias cada vez más grave sobre el medio y sobre la salud pública, se calcula que su mala aplicación puede alcanzar un coste de 50 billones anuales en la UE impidiendo el desarrollo de actividad empresarial que podría suponer la generación de más de 400.000 puestos de trabajo y ganancias económicas por encima de los 50.000 millones de euros.

Antecedentes de la presente revisión

La preocupación sobre la aplicación de la legislación y políticas ambientales se demuestra en lo últimos tiempos no sólo por esta hoja de ruta ya prevista, sino por algunos informes, demandas y comunicaciones de o a la propia UE que se hacen al respecto tales como:

  • En el 2011 se publicó el estudio “Los costes de no aplicar el acervo ambiental”, encargado por la Comisión Europea, que tenía como objetivo evaluar los costes que se derivan de una mala o no aplicación de la legislación ambiental. Este estudio se centraba, sobre todo, en los siguientes ámbitos: residuos, biodiversidad, agua, aire, químicos y ruido. Para ese entonces, el estudio estimaba, de forma indicativa, que los costes de las brechas de implementación de la legislación ambiental en relación con los objetivos legalmente vinculantes podrían rondar los 50 mil millones de euros por año. Habría que ver cuáles serían los costes actuales habida cuenta de los efectos multiplicadores del cambio climático.
  • El informe IMPEL 2017, del que Terraqui hizo un post el pasado mes de mayo, que analizaba qué es lo que impide una aplicación efectiva de la normativa ambiental.
  • La Comunicación “Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental” (COM (2018) 10 final). Reproducimos aquí las 9 acciones que derivaron de la misma:

 

Acción Calendario
1. Mejorar el despliegue de conocimientos técnicos sobre la garantía de cumplimiento de la legislación ambiental en toda la UE a través de revisiones inter pares, acciones coercitivas conjuntas, visitas de observación de la garantía del cumplimiento y la utilización del instrumento TAIEX-EIR P2P2. 2019
2. Identificar las competencias profesionales y las necesidades de formación de los inspectores de medio ambiente y mejorar la cooperación con los profesionales y otros organismos que fomenten la excelencia e impartan formación a los profesionales de garantía del cumplimiento de la legislación ambiental a los niveles nacional y europeo. 2018
3. Facilitar la puesta en común de buenas prácticas y de material de referencia, promover oportunidades de financiación para la garantía de cumplimiento de la legislación ambiental, y explorar la creación de un portal para la aplicación generalizada de la normativa ambiental. 2019
4. Elaborar una guía de buenas prácticas sobre las estrategias de lucha contra los delitos ambientales y otras infracciones relacionadas, con un énfasis especial en los delitos relacionados con los residuos y las agresiones a las especies silvestres. 2019
5. Elaborar guías de buenas prácticas en materia de garantía del cumplimiento de la legislación ambiental en las zonas rurales (en relación con el suelo y el agua). 2019
6. Elaborar directrices técnicas para las inspecciones de instalaciones de residuos de extracción. 2018
7. Elaborar documentación sobre buenas prácticas de tramitación de denuncias de delitos ambientales y de participación ciudadana a nivel de los Estados miembros, incluidas las iniciativas científicas ciudadanas y la colaboración con los Estados miembros para intercambiar buenas prácticas en relación con mecanismos nacionales eficaces de tramitación de las denuncias relativas a la legislación ambiental de la UE. 2019
8. Aumentar la capacidad y la utilización de inteligencia geoespacial para la garantía del cumplimiento y la promoción de proyectos de buenas prácticas (por ejemplo, el uso de los datos de Copernicus). 2019
9. Evaluar los sistemas nacionales de garantía del cumplimiento de la legislación ambiental dentro del marco de evaluación más amplio. 2019
  • La respuesta del CESE, Comité Económico y Social Europeo, el organismo que representa la sociedad civil organizada, a esta última comunicación en la que muestra cierta disconformidad con este plan puesto que:
    • Lo encuentra insuficiente ya que se centra en reforzar capacidades y en apoyar su apoyo a nivel de los Estados sin proponer medidas de vigilancia y control a nivel de la UE.
    • Señala que la Comisión tampoco ha sugerido medidas para luchar contra la no-conformidad debido a la confusión, la mala comprensión o la falta de capacidad, sin tener en cuenta otros motivos tan importantes como la falta de voluntad política.
    • Debería abordarse la cuestión de los conflictos ambientales transfronterizos. Si bien los Estados son, en primera instancia, los responsables, el CESE indica que la Comisión debería jugar un papel clave para dar acceso a la justicia en relación a los conflictos transfronterizos.
    • Tampoco contempla la cuestión del acceso a la justicia en el ámbito ambiental y la dificultad de introducir recursos ante las jurisdicciones nacionales o los costes prohibitivos para llevarlos a cabo.
    • Le preocupa la falta de voluntad política por parte de la Comisión para poder llevar a cabo las quejas y hacerlas proceder a inspecciones relativas a la puesta en marcha del derecho de la UE en los Estados Miembros.
    • Le preocupa la falta de medios por lo que insta a los Estados Miembros y a la Comisión a movilizar importantes recursos económicos destinados a contratar personal adicional para poder controlar el respeto de la legislación ambiental.

Revisión de la aplicación de políticas y normativas ambientales 2019

La presente revisión responde a un ejercicio bianual de diálogo y colaboración entre los distintos agentes implicados para mejorar la implementación de la política ambiental de la UE así como de la normativa que las rige. Existen dos precedentes a esta revisión:

Para esta revisión, además de recabar información sobre el estado de la aplicación de la normativa y políticas ambientales, se quiere conocer también los éxitos y los retos identificados en los informes mencionados en el párrafo anterior y llegar a una Comunicación presentando conclusiones de carácter político que contenga guías para que los Estados Miembros tomen acciones prioritarias. Estas acciones tendrán especialmente en cuenta algunos de los objetivos también prioritarios de la Comisión Junker como es la aplicación de todo lo relativo a la economía circular, sin subestimar las brechas identificadas en determinadas problemáticas para la ejecución de las políticas y normativas ambientales como son la contaminación atmosférica y el tratamiento de las aguas residuales.

La revisión tendrá en cuenta lo aprendido a través de la herramienta Peer to Peer, que presenta casos de éxito en la implementación de la normativa ambiental y que permite encuentros y comparaciones entre distintos Estados Miembros sobre esta cuestión.

También quiere abordar la dificultad por la acción multi-nivel de las políticas y normativas ambientales (por ejemplo, cuando la incidencia es local y/o regional), lo que supone una debilidad para tomar decisiones a la hora de su implantación.

Si bien esta hoja de ruta no incluye una consulta pública, sí ofrece la posibilidad que los stakeholders y ciudadanos hagan su propia aportación (feedback) a través de este enlace hasta el próximo 26 de noviembre.

Pueden acceder a la presentación de la revisión de las políticas y normativas 2019 en este enlace.


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Comunicóloga, formadora y coach. Licenciada en Sociología por la UB (1997). Máster en Comunicación Científica, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente por la Universidad Pompeu Fabra (2000) y Máster en Coaching Personal por la Escuela Coach Creativo (2009). Especializada en mejora de la comunicación para organizaciones y personas, cuenta con más de 10 años de experiencia como responsable de comunicación para entidades públicas y privadas, como divulgadora y como organizadora de eventos técnicos y culturales, principalmente en el sector del medio ambiente.

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