El pasado junio de 2025, el Gobierno de España inició el proceso de notificación a la Comisión Europea de su proyecto de Real Decreto para regular el etiquetado accesible de productos de consumo. La norma tiene como objetivo principal garantizar la accesibilidad universal a la información de productos de especial relevancia para la seguridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad visual.
El pasado mes de septiembre, la Comisión Europea se pronunció sobre su parecer respecto al impacto que podría tener esta propuesta normativa en el mercado interior europeo, iniciando así un nuevo capítulo en su tramitación.
¿Qué propone el proyecto de Real Decreto?
El texto busca proteger a los consumidores vulnerables estableciendo un marco para que productos como cosméticos, sustancias y mezclas peligrosas o alimentos ofrezcan su información de forma accesible.
Para ello, la normativa contemplaba varias soluciones:
- El uso del sistema braille.
- La implementación de códigos QR acompañados de una marca táctil que facilite su localización.
- Otras soluciones tecnológicas que garanticen la accesibilidad cognitiva y universal.
La notificación a la UE y el procedimiento TRIS
Antes de aprobar normas técnicas que puedan afectar a productos comercializados en el mercado interior, los Estados miembros están obligados a notificar sus proyectos a la Comisión Europea a través del denominado procedimiento TRIS (Technical Regulation Information System), regulado por la Directiva (UE) 2015/1535.
Este sistema tiene como finalidad prevenir la creación de barreras técnicas al comercio dentro de la Unión, permitiendo que la Comisión y los demás Estados miembros examinen y formulen observaciones sobre los proyectos nacionales antes de su adopción definitiva. Durante este período de evaluación, el Estado miembro debe suspender la aprobación de la norma hasta que finalice el plazo establecido (statu quo).
La respuesta de la Unión Europea
Tras analizar el proyecto, la Comisión Europea, junto con los gobiernos de Italia, Portugal, Hungría y Dinamarca, ha emitido un dictamen motivado. En él se argumenta que el proyecto de Real Decreto, al establecer requisitos de etiquetado específicos y obligatorios únicamente para el mercado español, podría ser contrario al principio de libre circulación de mercancías, pilar fundamental del mercado único europeo.
Según la Comisión, estas medidas podrían constituir un obstáculo técnico al comercio y provocar una fragmentación del mercado interior.
Consecuencias y próximos pasos
La emisión de este dictamen activa el procedimiento de control previsto en la Directiva (UE) 2015/1535. Como consecuencia, España debe aplazar la adopción del Real Decreto durante un período de seis meses, conocido como período de statu quo.
Durante este plazo, el Gobierno está obligado a dialogar con la Comisión Europea y explicar las acciones que prevé emprender en respuesta a las objeciones planteadas.
Las opciones pasan por retirar el texto, justificar su compatibilidad con el Derecho de la UE, o modificar sus disposiciones para alinearlo con las exigencias del mercado interior.
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