Los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación están regulados por el Convenio de Basilea, de 22 de marzo de 1989, en el que la Unión Europea es Parte. El objetivo general del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de los residuos peligrosos.

La UE ha establecido un régimen de vigilancia y control de los traslados de residuos dentro de sus fronteras, junto con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y otros terceros países que son Partes en el Convenio.

El Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos incorpora el Convenio al Derecho de la Unión.

El Reglamento, que es directamente aplicable en los Estados miembros, fue modificado en 2014 por el Reglamento 660/2014. Esta modificación se aprobó a raíz de la detección de divergencias y lagunas en la ejecución del Reglamento de traslados y en las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades que participan en las inspecciones en los Estados miembros.

Efectivamente, en el último informe realizado por la Comisión sobre la evolución de la generación, tratamiento y traslados de residuos en los Estados miembros de la UE publicado en diciembre de 2015 y relativo al periodo 2010-2012 se expone que, en la UE, se dieron más de 2.500 casos de traslados ilegales entre 2010 y 2012, de los cuales, unos 1.000 fueron comunicados en 2012. En cambio, en 2009 hubo alrededor de 400 casos. Sin embargo, la mala calidad de los datos sobre los traslados ilegales y la disparidad de cifras respecto a los controles in situ efectuados impiden un análisis en profundidad de los resultados de la EU-27 y de cada Estado miembro a la hora de reducir el número de estos casos.

Para evitar estos problemas, el Reglamento 660/2014 regula la forma y contenido de las inspecciones y establece la obligación para todos los Estados miembros de disponer de planes de inspección como más tarde el 1 de enero de 2017.

En este mismo Reglamento se estableció que a más tardar el 31 de diciembre de 2020, la Comisión, teniendo en cuenta, inter alia, los informes elaborados por los Estados miembros, revisará el Reglamento y presentará un informe sobre sus resultados al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con una propuesta legislativa si da lugar. En dicha revisión, la Comisión examinará, en particular, la eficacia de los planes de inspección, en la lucha contra los traslados ilícitos, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, sociales y económicos.

Por otra parte, el Plan de acción sobre economía circular aprobado por la Comisión en diciembre de 2015 puso de manifiesto que un obstáculo para lograr unas mayores tasas de reciclado es el transporte ilegal de residuos, tanto dentro de la UE como hacia países no pertenecientes a la UE, lo que a menudo da lugar a un tratamiento insuficiente desde el punto de vista económico y perjudicial para el medio ambiente. Esta razón fue la que llevó a adoptar el Reglamento 660/2014 para lograr una mayor detección de estos traslados ilegales; y la Comisión se ha comprometido a adoptar otras medidas para contribuir a garantizar que dicho Reglamento se aplique correctamente.

En la hoja de ruta, además, se pone de manifiesto que la Comisión ha recibido quejas en relación a ciertas obligaciones derivadas del Reglamento que crean cargas administrativas innecesarias, retrasos y costes en los traslados, que deben ser evaluadas.

Este es el marco en el que la Comisión se plantea la hoja de ruta para realizar la evaluación cuyos resultados deberán servir para identificar medidas para la mejora de la aplicación del Reglamento de traslados.

La hoja de ruta puede consultarse en el siguiente enlace.

Con este plan el gobierno de Castilla La Mancha pretende, por un lado, cumplir con la obligación de revisar los planes de gestión de residuos existentes hasta ese momento adaptándolos a las exigencias de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y a la Directiva marco de residuos, y, por otro, englobar en un único instrumento de planificación las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas y promover las actuaciones que proporcionen, para los distintos flujos de residuos producidos en Castilla La Mancha un mejor resultado ambiental y que aseguren la consecución de los objetivos legalmente establecidos.

El plan se aprueba con la finalidad de servir como marco de referencia para la implantación en el territorio de Castilla La Mancha de las actuaciones necesarias para la prevención y correcta gestión de los residuos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados.

El plan comprende los residuos producidos en Castilla La Mancha y los que se generen fuera de su territorio pero se gestionen en instalaciones localizadas dentro de su territorio o tengan su destino final en éste.

El horizonte temporal del plan alcanza hasta el año 2020.

Contempla los siguientes objetivos estratégicos:

• Minimizar los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente por medio de una gestión eficiente de los residuos basada en los principios de la economía circular.
• Contribuir a la lucha contra el cambio climático fomentando la transición hacia una economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos.
• Reducir la generación de residuos y su carga contaminante, tratando de desmaterializar la economía y haciendo que el crecimiento económico no vaya indefectiblemente ligado a un mayor consumo de recursos por unidad de riqueza producida.
• Favorecer la valorización de los residuos y potenciar su dimensión como fuentes de materias primas secundarias.
• Eliminar de forma progresiva el depósito en vertedero de residuos valorizables, convergiendo hacia el mínimo vertido.
• Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de la prevención y la gestión de los residuos.
• Promover la información, la participación y la concienciación de la ciudadanía, fomentado una cultura de la corresponsabilidad para la consecución de unos objetivos de prevención y valorización de residuos.
• Mejorar la calidad, transparencia y la accesibilidad de la información al ciudadano así como simplificar y agilizar la gestión administrativa en materia de producción y gestión de residuos.

Para conseguir estos objetivos se establecen nueve programas de actuación:

1. Programa transversal: Destaca la previsión de desarrollar normativa para establecer un régimen de fianzas en las actividades de gestión de residuos y de crear un régimen de fiscalidad del vertido.
2. Programa de residuos domésticos: Establece como objetivo reducir en 2020 la generación de residuos domésticos en un 10% respecto a los generados en 2010 y alcanzar un 15% de reducción en 2022. Asimismo, establece el objetivo de alcanzar antes de 2020 un porcentaje de reutilización y reciclado de como mínimo el 50% en peso, y un 2% de preparación para la reutilización de residuos textiles, RAEEs, muebles  todas aquellas fracciones susceptibles de ser preparadas para la reutilización. Finalmente, prevé que en 2020 la cantidad total de residuos domésticos destinados a vertedero será menor al 35% de los generados.
3. Programa de residuos de envases y embalajes. Prevé reducir la cantidad de residuos de envases sin establecer un porcentaje concreto. Asimismo, prevé:
   • Incrementar la recogida separada de los residuos de envases domésticos de forma que en 2020, como mínimo, el 70% del reciclado proceda de los residuos de envases recogidos separadamente.
   • Alcanzar en 2020 un porcentaje total de reciclado de residuos de envases del 70%.
   • Alcanzar en 2020 un porcentaje total de reciclado de residuos de envase de papel y cartón del 85%.
   • Alcanzar en 2020 un porcentaje total de reciclado de residuos de envase de vidrio del 75%.
   • Alcanzar en 2020 una proporción 70:70 (aluminio:acero) en el reciclado de residuos de envase metálicos.
   • Alcanzar en 2020 un porcentaje total de reciclado de residuos de envase de plástico del 40%.
   • Alcanzar en 2020 un porcentaje total de reciclado de residuos de envase de madera del 60%.
4. Programa de residuos industriales: En materia de eliminación destaca el objetivo de alcanzar el 2020 el vertido 0.
5. Programa de residuos de la construcción y demolición:Plantea el objetivo para el 2020 de no superar el 30% en peso de RCDs destinados a eliminación y que el porcentaje máximo de tierras y piedras limpias eliminadas en vertedero respecto del volumen total de materiales naturales excavados no supere el 10%.
6. Programa de lodos de EDAR: Plantea que en el 2020 el destino final de los lodos tratados sea la valorización agrícola u otro tipo de valorización en un 85% como mínimo, y la incineración/coincineración y eliminación en vertedero el 15% restante, siendo el máximo porcentaje de eliminación en vertedero del 7%.
7. Programa de residuos agrarios. No establece objetivos cuantitativos específicos para este tipo de residuos, manifestando simplemente el objetivo de su reducción, aumento de la recogida selectiva, el fomento de la reutilización de los plásticos de uso agrícola, y la mejora de la gestión.
8. Programa de neumáticos al final de su vida útil: Establece objetivos específicos en materia de tratamiento para el 2020 (15% preparación para la reutilización, 45% de reciclaje, en el caso del acero 100% de reciclaje, porcentaje máximo de valorización energética del 40%). Para ello, entre otras cosas, prevé instar al MAPAMA para que promueva criterios de fin de condición de residuo para los productos y materiales procedentes de neumáticos. Por otra parte, hace hincapié en la necesidad de eliminar la presencia de vertidos de neumáticos no autorizados, mejorar la colaboración de todos los sectores y las administraciones implicadas para lograr una detección precoz de los acopios ilegales, e inspeccionar para prevenir la generación de acopios de neumáticos, y la realización de prácticas ilegales en las importaciones y exportaciones.
9. Programa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Plantea una serie de medidas para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Real Decreto 110/2015.

Finalmente el plan analiza las instalaciones existentes públicas y privadas en Castilla La Mancha, las necesidades futuras, establecen los criterios de localización de las instalaciones de eliminación y las principales instalaciones de valorización y prevé un cuadro presupuestario con un importe total de inversión del 2017 al 2022 de 24.570.000 €.

Mediante este Decreto 78/2016 se derogan los Decretos 170/2009 y 112/2014 por los que se aprobaban los Planes de gestión de residuos urbanos y de residuos industriales, respectivamente.

El Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha puede consultarse en el siguiente enlace.

La sentencia se dicta a raíz de una cuestión prejudicial del Consejo de Estado italiano que tiene por objeto la interpretación del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas (a partir de ahora, también, la Directiva de residuos mineros). El artículo 10 regula el relleno de los huecos de excavación, y establece la obligación de que los Estados miembros garanticen en su territorio que la entidad explotadora tomará ciertas medidas siempre que rellene, con fines de rehabilitación y construcción, huecos de excavación con residuos de extracción. Su apartado segundo establece las condiciones para el relleno con residuos que no sean procedentes de extracción.

La cuestión prejudicial se plantea en relación al régimen de autorización al que debería estar sujeta la actividad de rellenado de una cantera clausurada, y en concreto a si el relleno de esta cantera mediante residuos que no procedan de extracción puede ser considerado una operación de valorización.

En concreto, el Tribunal italiano propone al TJUE la siguiente cuestión prejudicial:

“¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/21 en el sentido de que la actividad de rellenado del vertedero que se realiza con residuos que no sean de extracción está sujeta en todo caso a la normativa sobre residuos contenida en la Directiva 1999/31, incluso cuando dicha actividad no constituya una operación de eliminación de residuos sino de valorización?”

El TJUE en su fallo concluye literalmente:

 “El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, debe interpretarse en el sentido de que no tiene por efecto hacer aplicables los preceptos de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, a la operación de rellenado de una cantera mediante residuos que no sean de extracción cuando esa operación constituya una valorización de tales residuos, extremo que corresponderá verificar al órgano jurisdiccional remitente.”

Al respecto del análisis efectuado por el TJUE para llegar a tal fallo, hay que destacar que en primer lugar realiza una interpretación de lo dispuesto en las distintas versiones lingüísticas de la Directiva sobre residuos mineros, porque no es coincidente. Así, señala el TJUE que, si bien las versiones lingüísticas griega, francesa e italiana, enuncian en el artículo 10.2 que la Directiva 1999/31/CE (a partir de ahora, también, la Directiva de vertederos) seguirá aplicándose a los residuos que no sean de extracción utilizados para operaciones de rellenado, las versiones alemana e inglesa, entre otras, establecen que la Directiva 1999/31 seguirá aplicándose, en su caso (“gegebenenfalls” y “as appropriate”), a tales residuos.

La versión de la Directiva de residuos mineros publicada en el BOE establece como en las versiones griega, francesa e italiana que “La Directiva 1999/31/CE seguirá aplicándose a los residuos que no sean de extracción utilizados como relleno en los huecos de excavación.”

El TJUE concluye que este apartado debe leerse de tal manera que se concluya que la Directiva de vertederos seguirá aplicándose a los residuos que no sean de extracción utilizados como relleno en los huecos de excavación, cuando tal operación se incluya en el ámbito de aplicación de esta Directiva. De otra manera se estaría modificando el ámbito de aplicación de la Directiva de vertederos a través de la Directiva de residuos mineros.

Partiendo de esta premisa el TJUE analiza cuándo será entonces de aplicación la Directiva de vertederos a los residuos no procedentes de la extracción que se utilicen como relleno en los huecos de excavación, y manifiesta lo siguiente:

• La Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, excluye de su ámbito de aplicación la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración/acondicionamiento y colmatación, o con fines de construcción, en vertederos.
•  Los residuos que no sean de extracción solo pueden estar comprendidos en el ámbito de la Directiva de vertederos en caso de que sean depositados para su eliminación, y no cuando sean objeto de una valorización.
•  El objetivo principal de una operación de valorización debe ser el ahorro de recursos naturales. Si tal ahorro de materias primas es solo un efecto secundario, no basta para poner en entredicho a esa operación como operación de eliminación.
•  Si una operación de tratamiento de residuos puede calificarse como “eliminación” o como “valorización”, la clasificación se realizará teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos .
• Puesto que la Directiva 2008/98/CE exige que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que las operaciones de valorización se lleven a cabo respetando el medio ambiente y sin perjuicio para la salud humana, de manera que los residuos puedan reemplazar a otros materiales con el mismo grado de cautela con el medio ambiente, habrá que considerar que ni los residuos no inertes ni los peligrosos son adecuados en obras de restauración/acondicionamiento y colmatación, o con fines de construcción, en vertederos.

Por lo tanto, aunque en el fallo no se establece literalmente, de los fundamentos de la  sentencia queda claro que solo podrá considerarse operación de valorización el relleno de la cantera mediante residuos que no sean de extracción de naturaleza inerte, nunca el relleno mediante residuos no inertes y peligrosos, y en todo caso habrá que cumplir con las condiciones de la Directiva 2008/98/CE.

Al respecto, debemos recordar que en España, en el mismo sentido apuntado por la sentencia, se prevé el uso de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno. A tal efecto el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, regula el uso de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, imponiendo las siguientes condiciones para que estas operaciones puedan ser clasificadas como de valorización y no de eliminación:

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.

Esta misma norma insta a las Administraciones públicas a fomentar el uso de materiales y residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, y a promover acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La sentencia puede consultarse en el siguiente enlace.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal húngaro que debe resolver sobre la impugnación de dos sanciones impuestas a la empresa que organizaba el traslado de residuos destinados a valorización por razón de que en la documentación que acompañaba a éste se incluía información contradictoria.

Para facilitar el seguimiento de los traslados de residuos incluidos en la lista verde y destinados a valorización, el artículo 18 del Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, impone a la persona sujeta a la jurisdicción del país de expedición que organice el traslado la obligación de asegurarse de que estos residuos vayan acompañados del documento de acompañamiento que se contiene en el anexo VII del Reglamento. Este documento puede ser exigido por las autoridades nacionales competentes a efectos de inspección, de control de la aplicación de este Reglamento, de planificación o de estadística. Estos traslados no están sujetos al requisito de notificación previa siendo, por lo tanto, el documento de acompañamiento la única fuente de información detallada disponible para su control.

El procedimiento sancionador que revisa el Tribunal húngaro se inicia a raíz de los controles efectuados por las autoridades húngaras sobre dos camiones matriculados en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y que se disponían a entrar en territorio húngaro. Los camiones transportaban sendos cargamentos de 23,2 y 21,8 toneladas de residuos de papel comprendidos en la lista verde. Cada uno de estos cargamentos iba acompañado del documento de acompañamiento y de una carta de porte internacional.

Revisada la documentación durante el control quedó patente que:

• En lo que respecta al primer cargamento, el documento de acompañamiento indicaba, en su casilla 1 (“persona que organiza el traslado”), que Nutrivet era quien organizaba el traslado y, en sus casillas 2 (“importador/destinatario”) y 7 (“instalación de valorización”), que Hamburger Recycling Group GmbH, con domicilio en Wiener Neudorf (Austria), era a la vez el importador/destinatario y la instalación de valorización, mientras que la carta de porte internacional indicaba que este cargamento debía entregarse en el domicilio social de Hamburger Hungária Kft., sociedad húngara domiciliada en Dunaújváros (Hungría).
• En cuanto al segundo cargamento, el documento de acompañamiento indicaba, en su casilla 1, que Nutrivet era quien organizaba el traslado, en su casilla 2, que Hamburger Recycling Group era el importador/destinatario y, en su casilla 7, que Hamburger Hungária era la instalación de valorización, mientras que la carta de porte internacional y otros documentos que se presentaron a las autoridades húngaras indicaban que este cargamento debía también entregarse en el domicilio social de esta última sociedad.

La casilla 11, relativa a los “Países/Estados afectados”, de estos dos documentos de acompañamiento mencionaba la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Hungría.

Es decir, mientras que los traslados se dirigían a Hungría, en ambos casos se indicaba que el destinatario era una sociedad domiciliada en Austria.

Nutrivet, la sociedad que organizaba los traslados y que impugna las sanciones, una vez detectadas las contradicciones en la documentación que acompañaba los traslados, colabora con las autoridades húngaras aportando nuevos documentos de acompañamiento, esta vez correctos y coherentes con las cartas de porte. No obstante, las autoridades húngaras inician expedientes sancionadores que concluyen la ilegalidad de los traslados.

En la sentencia de 9 de junio de 2016 el TJUE ha respondido a las siguientes cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Húngaro que revisa las sanciones:

1)  ¿Procede considerar que un traslado de residuos se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006, cuando el organizador del traslado cumplimenta de manera discordante entre sí las casillas correspondientes al “Importador/destinatario”, a la “Instalación de valorización” y a los “Países/Estados afectados”, situadas respectivamente en los apartados 2, 7 y 11 del documento que figura en el anexo VII del citado Reglamento, aunque la información relativa a estos apartados conste claramente en la carta de porte internacional y en otros documentos disponibles?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse proporcionada una multa impuesta por este motivo cuyo importe equivalga al de la multa que se impone a quien infringe la obligación de cumplimentar el documento que figura en el anexo VII del Reglamento n.º 1013/2006?

3) ¿Es necesario para declarar ilícito un traslado de residuos, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006, que quien cumplimenta el documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento induzca deliberadamente a error a la autoridad?

4) ¿Es pertinente para poder declarar ilícito un traslado de residuos que se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006, que la información o los datos no especificados concretamente sean relevantes desde el punto de vista de la protección del medio ambiente? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué información o datos del documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento deben considerarse relevantes desde el punto de vista de la protección de medio ambiente?

5) ¿Puede declararse que un traslado de residuos se efectúa “de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII”, en el sentido del artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006, en caso de que la autoridad no tramite el procedimiento establecido en el artículo 24 de dicho Reglamento, no dé participación a las autoridades afectadas y no ordene la devolución de los residuos trasladados ilícitamente?

Ante estas cuestiones el TJUE concluye que :

•  El traslado puede calificarse de ilícito cuando el documento de acompañamiento incluye información errónea o incoherente, en cuanto al importador/destinatario, la instalación de valorización y los países/Estados afectados.
• El hecho de que la información que debe aparecer obligatoriamente en el documento de acompañamiento conste correctamente en otros documentos puestos a disposición de las autoridades competentes no cuestiona esta conclusión. Esto es así porque la finalidad de otros documentos como pueden ser la carta de porte internacional o una factura comercial no tienen la finalidad de realización de los objetivos del Reglamento.
• Tampoco influye a este respecto la falta de un elemento intencional.  Sea intencional o no, el resultado de una incoherencia en la información contenida en el documento de acompañamiento es el mismo, imposibilitando el control inmediato  del traslado sobre la sola base del documento de acompañamiento y obligando a realizar comprobaciones ulteriores, necesariamente largas y costosas puesto que suponen la inmovilización del cargamento en cuestión.
• Finalmente, tampoco modifica esta conclusión que no se haya tenido que tramitar un procedimiento de devolución del residuo de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de traslados.
•  Un traslado de residuos cuyo documento de acompañamiento incluye información errónea o incoherente puede sancionarse, en principio, con una multa de importe equivalente al de la multa que se aplica en caso de incumplimiento de la obligación de cumplimentar este documento.

Esta sentencia establece un sistema de responsabilidad objetiva respecto a la cumplimentación de los documentos de acompañamiento de los traslados de residuos y exige, por lo tanto, una extrema diligencia por parte de los organizadores de estos.

Con ello se acentúa la importancia que se otorga a la documentación prevista en el Reglamento 1013/2006 para permitir a las autoridades de los países afectados cumplir su misión de vigilancia y seguimiento como forma de protección del medio ambiente y la salud de las personas. El TJUE considera que los errores en la cumplimentación de esta documentación impiden que los Estados miembros puedan llevar a cabo esas labores de vigilancia y seguimiento de los traslados de forma eficaz y considera esta labor una piedra angular del sistema diseñado por el Reglamento.

Al respecto de la vigilancia y control recordemos que el Reglamento 1013/2006 se modificó en 2014, mediante el Reglamento 660/2014 , estableciendo la obligación para todos los Estados miembros de disponer de planes de inspección como más tarde el 1 de enero de 2017.

Los planes de inspección deben basarse en una evaluación de riesgos que abarque flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y tenga en cuenta, cuando proceda y se disponga de ellos, los datos recibidos por los servicios de información, tales como datos sobre investigaciones policiales y aduaneras y análisis de actividades delictivas. Dicha evaluación de riesgos debe tener, entre otros, el objetivo de determinar el número mínimo de inspecciones exigidas, incluidos los controles físicos en establecimientos, empresas, agentes, negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes. Un plan de inspección debe incluir los siguientes elementos:

a) los objetivos y prioridades de las inspecciones, con una descripción de la forma en que se han establecido dichas prioridades;

b) la zona geográfica a la que se aplica el plan de inspección;

c)información indicativa sobre las inspecciones previstas, incluidos los controles físicos;

d) las tareas asignadas a cada una de las autoridades que participen en las inspecciones;

e) los dispositivos de cooperación entre las autoridades que participen en las inspecciones;

f) información sobre la formación de los inspectores en aspectos relativos a las inspecciones, e

g) información sobre los recursos humanos, financieros y de otro tipo destinados a la ejecución del plan de inspección.

Cada plan de inspección se revisará, como mínimo, cada tres años y se actualizará cuando proceda. En la revisión se evaluará la medida en la que se hayan aplicado los objetivos y otros elementos del plan de inspección.

El texto de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace.