Se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decreto ley 22/2025, de 28 de octubre, una norma destinada a reforzar la resiliencia y seguridad del suministro eléctrico en Cataluña. El texto legislativo surge como respuesta a los episodios de fragilidad de la red eléctrica, como el apagón masivo de abril de 2025, y busca acelerar la transición hacia un modelo energético más robusto, renovable y descentralizado.
El Decreto ley introduce modificaciones en un amplio abanico de ámbitos —desde la regulación de las energías renovables hasta la Ley de urbanismo—, con el objetivo de favorecer la autonomía energética del territorio. De entre estas medidas, destaca la modificación directa de la Ley reguladora de los residuos de Cataluña (Decreto Legislativo 1/2009) que el Decreto ley realiza.
Modificación en la normativa de residuos
El nuevo Decreto ley modifica el apartado 5 del artículo 24 de la Ley de residuos de Cataluña, introduciendo una exención significativa. En concreto, el texto añade el siguiente párrafo:
“La valorización de residuos llevada a cabo en las instalaciones incluidas en el Real decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, queda exenta de la obligación de obtener autorización para la gestión de residuos si consiste únicamente en la valorización material o energética de barros procedentes de la depuración de las aguas residuales urbanas.”
Esta modificación supone un paso importante para la economía circular y la generación de energía autóctona. En la práctica, implica que las plantas de tratamiento de aguas residuales (depuradoras) podrán valorizar los lodos que generan (por ejemplo, para producir biogás mediante digestión anaerobia o para su uso en compostaje) sin necesidad de someterse al procedimiento de autorización de gestor de residuos.
Otras medidas previstas en el Decreto Ley
- Impulso al almacenamiento de energía (baterías). Para garantizar la estabilidad de la red, especialmente con la intermitencia de las renovables, la norma aclara y agiliza la tramitación de las instalaciones de almacenamiento con baterías.
- Agilización de la generación distribuida y el autoconsumo. Con el objetivo de acercar la generación de energía a los puntos de consumo, se simplifican los trámites para instalaciones de pequeño y mediano tamaño. Se elimina la necesidad de autorización administrativa previa para proyectos de entre 100 y 500 kW y se facilita la creación de autoconsumos colectivos. Además, se abre la puerta a nuevas fórmulas como la instalación de pérgolas solares en espacios públicos o aparcamientos.
- Implantación de renovables. La norma regula de forma más precisa la implantación de parques fotovoltaicos en suelos de regadío. Asimismo, se fomenta el aprovechamiento de espacios ya alterados por la actividad humana (suelos antropizados) como canteras, vertederos o márgenes de infraestructuras para instalar nuevos proyectos renovables.
- Fomento de la participación ciudadana en proyectos energéticos. Se reestructura el modelo de participación local, estableciendo una primera fase informativa y una segunda fase que ofrece a los ciudadanos y empresas del territorio la posibilidad de participar en la propiedad o financiación de la instalación, buscando que los beneficios de las renovables reviertan directamente en el entorno.
- Agilización de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Modifica la Ley 16/2017, del cambio climático, para acelerar el despliegue de puntos de recarga. La instalación de estos puntos y sus elementos asociados (como centros de transformación o tramos cortos de línea) pasa a estar sometida a un régimen de declaración responsable.
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