El Parlamento Europeo fijó el pasado 13 de noviembre su posición sobre la regulación de la sostenibilidad corporativa al aprobar su mandato negociador respecto a la última propuesta de modificación normativa pendiente de aprobación en el marco del paquete de simplificación “Ómnibus I” (Propuesta de Directiva COM/2025/81 final). Con una mayoría de 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento respalda una revisión a la baja de las obligaciones aplicables a las empresas en virtud de las Directivas CSRD y CSDDD, con el objetivo de reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad económica en la Unión Europea.
La propuesta de Directiva, defendida por el ponente Jörgen Warborn (PPE, Suecia), busca modificar dos de las normativas más importantes en materia de finanzas sostenibles: la Directiva sobre información de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD).
La propuesta del Parlamento
La posición adoptada por el Parlamento se centra en una serie de cambios sustanciales diseñados para aliviar la carga administrativa y de costes que, según argumentan, lastra a las empresas europeas:
- Reducción del ámbito de aplicación de la CSRD. El cambio más significativo afecta a la obligación de presentar informes de sostenibilidad. El Parlamento eleva drásticamente los umbrales, proponiendo que solo las empresas con más de 1.750 empleados y un volumen de negocios neto anual superior a 450 millones de euros estén obligadas a realizar informes medioambientales y sociales. Esta medida es de suma importancia, ya que dejaría fuera de la obligación a aproximadamente el 92% de las empresas que originalmente estaban cubiertas por la Directiva. Además, la elaboración de informes sectoriales específicos pasaría a ser voluntaria.
- Diligencia debida solo para las mayores corporaciones. Las obligaciones de diligencia debida, que exigen a las empresas identificar y mitigar sus impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de su cadena de valor, se aplicarían únicamente a las grandes corporaciones con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios neto anual superior a 1.500 millones de euros.
- Otros cambios relevantes. La postura del Parlamento elimina la obligatoriedad de que las empresas elaboren un plan de transición climática compatible con el Acuerdo de París, uno de los pilares de la propuesta original de la Comisión. Asimismo, se descarta la creación de un régimen de responsabilidad civil a escala de la UE. En su lugar, las empresas que incumplan la normativa serían responsables a nivel nacional, enfrentándose a multas e indemnizaciones según la legislación de cada Estado miembro.
Según el ponente Jörgen Warborn, esta simplificación podría suponer un ahorro de hasta 5.000 millones de euros anuales para las empresas.
Diferencias entre los posicionamientos del Parlamento, la Comisión y el Consejo
La posición del Parlamento no es un mero ajuste, sino una ruptura significativa con las posturas mantenidas hasta ahora por la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Mientras la Comisión presentó la propuesta más ambiciosa y el Consejo adoptó una posición intermedia, el Parlamento ha optado por la vía de la máxima simplificación.
La diferencia más notable se encuentra en el ámbito de aplicación de la CSRD. La propuesta inicial de la Comisión y la del Consejo establecían el umbral en 1.000 empleados. Al elevarlo a 1.750 empleados, el Parlamento reduce significativamente el número de empresas afectadas, una diferencia que será un punto clave en la negociación.
Otro punto de ruptura fundamental es la eliminación de los planes de transición climática obligatorios en la directiva de diligencia debida (CSDDD). Tanto la Comisión como el Consejo mantenían este requisito como una pieza central para asegurar que las empresas alinearan sus estrategias con los objetivos climáticos. La decisión del Parlamento de suprimirlo por completo representa el mayor distanciamiento ideológico entre las tres instituciones.
En lo que respecta a los umbrales de la CSDDD (5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación), la posición del Parlamento sí se alinea con la del Consejo, mostrando que ambas instituciones coinciden en limitar estas obligaciones tan exigentes a un número muy reducido de grandes corporaciones. Sin embargo, ambas posturas rebajan considerablemente el alcance original de la Directiva, que pretendía cubrir a un conjunto mucho más amplio de empresas.
Proximos pasos: trílogos
Con esta posición ya definida, el Parlamento Europeo fijó el pasado 18 de noviembre como la fecha de inicio de la fase de trílogos, las negociaciones a tres bandas con la Comisión y el Consejo. El objetivo es alcanzar un texto legislativo final y consensuado antes de que acabe 2025.
