Autor: Alexandra Farbiarz Mas

Comunicóloga, formadora y coach. Licenciada en Sociología por la UB (1997). Máster en Comunicación Científica, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente por la Universidad Pompeu Fabra (2000) y Máster en Coaching Personal por la Escuela Coach Creativo (2009).
Terraqui

Retos normativos y financieros de las empresas ante la economía circular

El estudio ha sido realizado por el CEPS  https://www.ceps.eu/ a partir de un grupo de trabajo compuesto por representantes de empresas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación que se reunieron en 4 ocasiones ente 2016 y 2017.

A partir de estos grupos de trabajo se identificaron 8 temáticas con una serie de recomendaciones que la UE y los gobiernos nacionales deberían tener en cuenta para desplegar la circularidad entre las empresas europeas. Los enumeramos, aunque nos centraremos, a continuación, en el apartado de los retos en materia de normativa y finanzas:

  1. Estrategia: se requiere de la UE mayor claridad sobre la visión de la economía circular en los distintos niveles políticos como en los distintos sectores. Recordemos que el propio CEPS realizó un estudio el año pasado poniendo el acento sobre este mismo asunto y que tratamos en un post de Terraqui.
  2. Ecodiseño y el vínculo con la responsabilidad extendida del productor.
  3. Digitalización y tecnologías emergentes.
  4. Retos normativos.
  5. Finanzas.
  6. Informe de sostenibilidad corporativa.
  7. Compra pública verde.
  8. Nuevos enfoques en los impuestos.

El informe también contiene en un apéndice las distintas líneas de financiación de la UE mediante las cuales se quiere facilitar a las empresas la transición a la economía circular.

Retos normativos

Traslado de residuos

En julio de 2016, la Comisión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 1013/2006 de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos para poder crear tablas de correlaciones entre aduanas y códigos de residuos con el objeto de distinguir las exportaciones legales de residuos de las ilegales fuera de la UE. Sin embargo, algunos de los procedimientos del Reglamento implican una gran carga administrativa y costes para las empresas de reciclaje, que pueden prohibir el envío de residuos a las instalaciones de recuperación/reciclaje en la propia UE. Por lo que se considera que, en algunos casos, se pueden evitar movimientos de residuos para reciclar y recuperarlos como recursos en beneficio de soluciones que sean inferiores en la jerarquía de residuos (Incineración o vertedero)  Un ejemplo de Dinamarca  sobre RAEE lo acaba de explicar:

(…) la Directiva Marco de Residuos de la UE regula cuándo los residuos procesados pueden considerarse ‘materias primas secundarias’, pero los criterios para considerarlos como tales no son claros y la clasificación de condición de fin de residuo, a nivel de la UE, no está funcionando adecuadamente según la industria. Un reciclaje de residuos más especializado requiere mayores cantidades de residuos para obtener economías de escala. Por lo tanto, Dinamarca (así como otros países pequeños) necesita exportar e importar residuos a instalaciones especializadas de tratamiento de residuos. En Dinamarca, los RAEE se obtienen normalmente de empresas y se exportan a instalaciones en otros países de la UE para recuperar los recursos. Este proceso crea desafíos burocráticos para la industria, ya que la obtención de una autorización de envío consume mucho tiempo.

Como medida para agilizar procedimientos y aminorar la pesada carga administrativa para el traslado de residuos, entre las recomendaciones del estudio, se encuentra el desarrollo de un procedimiento rápido para enviar residuos a instalaciones preautorizadas que cumplan con ciertos estándares. En este contexto, podría desarrollarse una lista de instalaciones preautorizadas que operen en la UE de acuerdo con los estándares disponibles y legalmente vinculantes.

Desafíos relacionados con las sustancias peligrosas y la refabricación

La refabricación, la renovación y la extensión de la vida útil del producto son prácticas propias de la economía circular para las empresas. Las piezas “centrales” de los productos se restauran para mantener el valor agregado de los materiales y oportunidades comerciales, dado que las empresas pueden generar un segundo o tercer ingreso por vender el producto. Por ejemplo, la refabricación de piezas usadas es una práctica común en la industria del automóvil, mientras que el reacondicionamiento es un proceso bien establecido en la industria de dispositivos de imágenes médicas. Una pieza remanufacturada cumple una función que es al menos equivalente a la pieza original mediante la restauración de la parte existente y el uso de procesos industriales en línea con estrictas especificaciones técnicas.

El Reglamento REACH (1907/2006/UE) tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos de los productos químicos al tiempo que fomenta la competitividad de la industria europea. Sin embargo, el propio reglamento puede suponer:

  1. Una dificultad respecto a las actividades de innovación y competitividad, sobre todo las PYME porque puede que éstas orienten sus trabajos en I+D+i a cumplir con la legislación sobre sustancias químicas de la UE pero no pueden saber los costes adicionales sobre el cumplimiento de la misma.
  2. Las empresas pueden carecer de previsibilidad con respecto a las sustancias que pueden verse restringidas en el futuro a raíz de las actualizaciones en la legislación sobre sustancias químicas de la UE. Esto a su vez puede causar dificultades para las compañías que planifican usar productos remanufacturados o partes de productos
  3. La Directiva 2011/65/ UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) en equipos eléctricos y electrónicos es otra pieza clave de la legislación para la protección de la salud humana y el medio ambiente también crea algunos desafíos en el sector de la electrónica.
  4. Otro desafío se relaciona con el acceso a la información sobre la presencia de sustancias peligrosas en productos y materiales recuperados. Un informe de Alice Bernard y Vito Buonsante de Client Earth de 2017  que evalúa  la interacción de la legislación química, la de productos y de residuos así como diferentes estudios de casos de productos, concluyó que el marco legal actual a menudo no garantiza la disponibilidad de información sobre la presencia de sustancias en los productos y las corrientes de residuos. Este problema de incertidumbre sobre las sustancias incluidas en los productos puede obstaculizar el trabajo de las empresas que deseen remanufacturar productos o utilizar materiales recuperados para producir nuevos productos. También puede ser motivo de preocupación para los funcionarios de compras públicas que deseen ser informados sobre la composición de los productos que adquieren. Se han propuesto varias soluciones a este problema: por ejemplo, la introducción de “pasaportes de productos” que contienen información sobre materiales y componentes a modo de una Declaración ambiental de producto EREP (p.7, 2014) o la construcción de un sistema de información de la UE para productos y sustancias. Sin embargo, debe reconocerse que hacer que dicha información sea fácilmente accesible en los ciclos de vida del material no es una tarea fácil y podría generar otras dificultades, como una mayor carga administrativa.

En relación a este reto, una Comunicación de la Comisión Europea (2018) sobre la interfaz entre la legislación sobre productos químicos y residuos reconoce la necesidad de garantizar que todos los agentes de la cadena de suministro, incluidos los operadores de residuos, tengan acceso a la información sobre sustancias de interés. Entre las acciones planificadas mencionadas en la Comunicación, se encuentra el lanzamiento de un estudio de viabilidad sobre el uso de diferentes sistemas de información, tecnologías y estrategias de trazabilidad. El documento también explica cuál sería el valor añadido de introducir un sistema obligatorio de información de la UE sobre sustancias de interés, lo que indica que esta sería una opción que debe evaluarse.

Desafíos en la implementación de la regulación de la UE en todos los Estados miembros

En las últimas décadas, la gestión de residuos dentro de la UE ha variado considerablemente. La cantidad de residuos municipales depositados se redujo del 64% en 1995 al 24% en 2016, mientras que durante el mismo período la cantidad de residuos municipales reciclados aumentó del 11% al 29%. Como resultado, el 73% de los residuos municipales en la UE se incineran, reciclan o compostan.

Sin embargo, a pesar de las mejoras en la media de la UE, la evaluación del progreso a nivel nacional muestra unos avances limitados en una serie de Estados miembros. Las prácticas arraigadas de los usuarios, así como la cultura política inherente de cada Estado miembro, afectan al enfoque utilizado para implementar la legislación.

La implementación efectiva de la legislación requiere de prerrequisitos, como la existencia de infraestructuras y sistemas. Los relacionados con la legislación de residuos de la UE incluyen procesos establecidos de recogida de residuos, la infraestructura de plantas de tratamiento de residuos y las disposiciones institucionales y administrativas, que tienen diferentes etapas de desarrollo en los Estados miembros. Esto ha llevado a enfoques divergentes en la aplicación de la legislación de residuos de la UE por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales.

Los instrumentos económicos, en combinación con otras medidas, pueden fomentar el desarrollo de la infraestructura de recogida y procesamiento de residuos. Los impuestos a los vertederos representan uno de esos instrumentos. En los 24 Estados miembros que han implementado un impuesto al vertedero, las tasas varían significativamente en toda la UE, desde 3€/ton de residuos a más de 100€/ton. Rumanía ha aplicado recientemente un impuesto de vertedero de 26 € por tonelada, mientras que otras regiones, por ejemplo, la región de Valonia en Bélgica, tienen un impuesto que llega hasta 113 EUR por tonelada de residuos. Alemania es un país sin un impuesto al vertedero; en cambio, en 1993 se introdujo la prohibición de vertido de residuos no tratados, que es otra forma de fomentar más instalaciones de tratamiento de residuos. Una cuestión que afecta los costes del vertedero y la demanda de infraestructura de tratamiento de residuos es la presencia de vertederos ilegales en varios estados miembros, entre ellos España (ver post de Terraqui) . Aumentar los impuestos al relleno sanitario o implementar prohibiciones del vertido en los países rezagados en el desarrollo de la infraestructura de residuos, junto con un enfoque más estricto en materia de vertederos, podría proporcionar los incentivos necesarios para avanzar sistemas de tratamiento de residuos en estos países.

Retos en el ámbito financiero

La economía circular ha hecho emerger los mercados BSC (Business-to-Consumer: “del negocio al consumidor”), que son mercados en el que las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final, como por ejemplo los comercios on-line y los mercados B2B (Business- to- Business: “de empresa a empresa”) en el que las empresas comercializan sus productos o servicios a otras empresas.

Muchos modelos de producto como servicio (incluido el alquiler) tienden a tener éxito en el mercado B2B por cuanto es más ventajoso, económicamente, no adquirir la propiedad del producto en cuestión, a diferencia de otras opciones como el leasing, por ejemplo. Sin embargo, las empresas a menudo topan con dificultades para implementar en el mercado B2C aquellos modelos que funcionan con éxito en el mercado B2B. Una de las razones principales de esto es que los consumidores tienden a priorizar el precio de los productos en lugar de los beneficios económicos del ciclo de vida completo que podrían proporcionar los modelos de producto como servicio. Aunque muchos consumidores han comenzado a favorecer el acceso a los productos con respecto a la propiedad, culturalmente, la propiedad del producto sigue siendo importante para una gran parte de ellos. Incluso, en algunos casos, los consumidores consideran que los productos reutilizados o reacondicionados son inferiores en comparación con los nuevos productos

Hay que añadir que en el mercado B2C, la atención del consumidor al precio inicial puede disuadir a las empresas de producir productos con contenido reciclado, productos con durabilidad a largo plazo o productos que puedan repararse más fácilmente. Además, existen pocos mecanismos para incentivar el mercado B2C para que los consumidores reparen un producto en lugar de comprar uno nuevo, siendo generalmente débiles. Esto indica que se necesita apoyo normativo para mejorar la demanda de los consumidores de productos y servicios circulares en relación con los productos tradicionales no circulares.

En cuanto al entorno B2B, las dificultades residen en que a menudo hay una falta de cooperación de múltiples empresas a lo largo de la cadena de suministro debido a sus diferentes intereses y prioridades y que, al igual que en el entorno B2C, en el entorno B2B también existe a veces la percepción errónea de que los productos y servicios circulares son de menor calidad o más costosos que los productos y servicios tradicionales. Como consecuencia, las empresas que cambian su modelo comercial para integrar procesos circulares a veces tienen dificultades para convencer a sus clientes en el mercado B2B sobre los beneficios del nuevo modelo. Otros desafíos en el entorno B2B derivan de la falta de transparencia sobre el origen o contenido de productos, recursos y materiales, lo que puede desalentar a las empresas para que adopten prácticas circulares.

A todo ello, ¿cómo se financian los modelos de empresa circulares?. Lo cierto es que la financiación de las empresas con modelo circular topa con otras dificultades que las mencionadas anteriormente, tal como se explica en este post de ING Direct:

Las empresas sostenibles como la del Fairphone, que pone al servicio un modelo de móvil modular para alargar al máximo su vida útil, se encuentran que viven en un mundo insostenible por lo que incluso ellos deben reorganizar su modelo de negocio por la falta de piezas de recambio que han dejado de estar disponibles en el mercado porque se dejaron de hacer. Esto ha conllevado el replanteamiento de la empresa a un modelo B2C donde la dificultad está en cómo se financia. Y eso que esta empresa la financian ABN AMOR Group y la propia ING, entre otros.

Aún y así empiezan a aparecer entidades financieras que basan su negocio en la apuesta financiera especializada en capital privado que invierte en PYMEs europeas que operan en la economía circular como, por ejemplo, Circularity Capital.

Parte de la dificultad en saber cómo financiar estos modelos circulares es que, a pesar de las proyecciones optimistas en cuanto a su resultado, al no reconocerse claramente los modelos implica que las entidades financieras no los reconozcan fácilmente. Además,  es necesario que toda la cadena de valor ligada al nuevo tipo de negocio esté muy bien informada sobre lo que implica este tipo de modelo. Es también por esta razón que resulta difícil que los agentes implicados arriesguen en ellos.

Sobre modelos de negocio de economía circular se ha escrito mucho. A continuación les enlazamos a un resumen de un estudio de la Consultoría Accenture Strategy en el que precisamente identificaba 5 modelos de modelos de negocio de economía circular:

  1. Modelos basados en una cadena de suministro circular.
  2. Modelos basados en la recuperación y reciclaje.
  3. Modelos basados en alargar la vida útil de los productos.
  4. Modelos de plataformas compartidas. Son modelos muy basados en la tecnología digital.
  5. Modelos basados en productos como servicio.

A su vez, muchos de estos modelos mueven los pagos únicos en un punto de venta a pagos en curso a lo largo de todo un contrato de alquiler, lo que crea cierta incertidumbre en saber la capacidad del cliente en continuar pagando la vigencia del contrato que se haya establecido.

Algunos de estos modelos de negocio motivan nuevas preguntas para los financiadores como son: “¿cómo se recupera el valor después del uso de un producto?, ¿quién es el responsable del activo?, ¿quién lo tiene en su hoja de balance?”.

Es por ello que se habla de modelos de negocios innovadores y que empiezan a desarrollarse estudios y guías para que los bancos puedan seguir su lógica y adaptar sus productos financieros a esta nueva realidad. En este sentido, el think tank holandés Sustainable Financial Lab sacó a principios de este año un informe en el que se pudo comprobar que las finanzas para la innovación de los modelos comerciales circulares crean un cambio de la evaluación basada en activos (estandarizados) hacia flujos de efectivo (futuros) como base para los préstamos bancarios. También se observó que, por tecnología de préstamo, los diferentes bancos evalúan los diferentes componentes del modelo de negocio. Los bancos evalúan principalmente el modelo de negocio innovador en función de la evidencia de flujos de efectivo futuros, relacionados con la parte de captura de valor del modelo comercial y, en el caso de las cuentas por cobrar, sobre los términos del contrato y la calidad de los clientes. Establecer relaciones con bancos, proveedores y clientes muestra que es una ruta prometedora para financiar los modelos de negocio innovadores. Los préstamos basados en activos para negocios con modelo innovador están subdesarrollados debido a los activos (recursos) específicos de la empresa y del contexto, pero se pueden mejorar mediante la estandarización, la modularidad y la flexibilidad, así como el desarrollo del mercado secundario.

Así, pues, para avanzar hacia un modelo circular se requerirá más claridad en la definición de conceptos, los requerimientos y modelos de negocio innovadores. Más transversalidad y colaboración entre los distintos agentes implicados. En el ámbito normativo deberá avanzarse en cómo casar la legislación REACH con los preceptos de la economía circular, definir la trazabilidad y componentes de los productos y desarrollar instrumentos económicos que resulten eficaces, y en el financiero realizar un cambio de mirada y conceptualización de la financiación para poder hacer efectivo el desarrollo de los nuevos modelos de negocio circulares.

Cabe destacar que el entusiasmo de los participantes involucrados en el estudio de CEPS no se alimentó solo por los beneficios ambientales que supone la economía circular. Hubo acuerdo en que la circularidad puede ser una fuente de renovación y nueva competitividad en un momento en que los planteamientos de bajo coste y gran volumen han demostrado ser insostenibles para la industria europea.

Pueden acceder al informe completo del CEPS en este enlace.

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Suecia: países que prohíben los microplásticos en los cosméticos

Se pueden establecer dos grandes tipologías de microplásticos:

  • El que procede de la desintegración de los plásticos que se van convirtiendo con el tiempo (puede llegar a tardar 500 años según el tipo de plástico) en pequeños fragmentos microscópicos.
  • El que ya se ha convertido en microplástico en origen para crear determinados productos como son los cosméticos, la pasta de dientes o productos de aseo personal. Después de lavarse la cara o cepillarse los dientes, las pequeñas microesferas de plástico se van por el desagüe. Y estas microesferas no se pueden retener a través de los sistemas de filtración de tratamiento y terminan en nuestros ríos, mares y océanos, donde los peces pequeños y otros animales pueden confundirlos con alimentos.

Además, los microplásticos afectan diferentes aspectos del medioambiente. Pueden afectar a los peces, aves y otros animales salvajes que pueden ingerir los plásticos, causando bloqueo interno, deshidratación y muerte en estas especies.

Según la Dra. Serry Mason, especialista en microplásticos de la Universidad de Fredonia en Nueva York, los microplásticos también pueden transportar otros contaminantes. Absorben contaminantes que ya se encuentran en el agua, como el DDT, hidrocarburos poliaromáticos (HAP) y bifenilos policlorados (PCB). Cuando son ingeridos por la vida silvestre o los seres humanos (ya sea directa o indirectamente), estos plásticos contienen altas concentraciones de estas toxinas peligrosas que pueden volverse aún más concentradas y peligrosas a medida que se bioacumulan en la cadena alimentaria.

De hecho, la mayoría de estas microesferas no son biodegradables y pueden permanecer en el medio ambiente durante mucho tiempo, lo que puede provocar el riesgo de ser ingeridas por animales en un hábitat contaminado. Además, estas microesferas siguen siendo un riesgo para la salud humana, debido a su bioacumulación en organismos marinos consumidos por humanos, como las ostras o los mejillones, por ejemplo.

Se estima que aproximadamente el 80% de los desechos marinos provienen del medio terrestre. La mayoría de las muestras recogidas por ALGALITA, un centro norteamericano que lleva 20 años haciendo investigación sobre contaminación de los plásticos en el mundo entero, han detectado que en columnas de agua a uno, diez, treinta y cien metros de profundidad, los plásticos contienen principalmente polietileno de baja densidad, estireno expandido (espuma de poliestireno), polipropileno y PET (tereftalato de polietileno). Hay otros, pero estos son los plásticos más predominantes.

Sin embargo, los microplásticos no solo llegan a las aguas marinas, y otros institutos de investigación como el IMDEA de Madrid, que participa en el proyecto internacional IMPASSE indaga sobre el “Impacto de los microplásticos sobre los agro-ecosistemas y los ecosistemas fluviales”.

Ante las evidencias científicas y las demandas de ciudadanos y ecologistas, empieza a desplegarse legislación a nivel interacional que prohíbe los microplásticos:

Estados Unidos: La Microbead-Free Waters, aprobada en 2015, define del siguiente modo los microplásticos prohibidos por esta ley, así

define el término “microperlas de plástico” como cualquier partícula de plástico sólido que sea de:

  • 5 milímetros o menos de tamaño, y
  • destinado a ser utilizado para exfoliar o limpiar el cuerpo o cualquier parte del cuerpo.

La ley cubre, de este modo, los cosméticos con “enjuague”, incluida la pasta de dientes, que contienen microperlas añadidas intencionalmente y están destinados a exfoliar o limpiar el cuerpo.

También establece fechas límites para los cosméticos de enjuague y para los cosméticos de enjuague que también son medicamentos sin receta.

Para cosméticos de enjuague:

  • La fecha límite es el 1 de julio de 2017 para detener la fabricación de los productos descritos en la ley.
  • La fecha límite es el 1 de julio de 2018 para detener la introducción o entrega para la introducción de estos productos en el comercio interestatal.

Para los cosméticos de enjuague que también son medicamentos sin receta:

  • El 1 de julio de 2018 para dejar de fabricar los productos descritos en la ley.
  • El 1 de julio de 2019 para detener la introducción o entrega para la introducción de estos productos en el comercio interestatal.

Canadá

A partir del 1 de enero de 2018, a través de la regulación canadiense Microbeads in Toiletries (Microplásticos en los productos de higiene) , está prohibida en Canadá la fabricación e importación de productos de cuidado personal que contengan microperlas de 5 mm o menores.

Por productos de cuidado personal se entiende todo producto, exfoliantes inclusive, que sirvan al cuidado e higiene personal y destinados al cuidado del cabello, de la piel, de los dientes o de la boca. Esto incluye un producto de cuidado personal que también sea un producto de salud natural en el sentido de las regulaciones de productos de salud naturales o medicamentos sin receta.

  • En cuanto a la fabricación

Está prohibido fabricar o importar artículos que contengan microperlas, excepto en el caso de un producto sanitario que también sea un producto sanitario o un medicamento natural o sin receta, en cuyo caso la prohibición se aplica a partir del 1 de julio de 2018.

  • En cuanto a la venta

A partir del 1 de julio de 2018, se prohibirán vender artículos de higiene y cuidado personal que contengan microperlas, a excepción de que sean productos sanitarios o medicamentos sin receta, a los cuales la prohibición se aplicará a partir del 1 de julio de 2019.

En Europa

Reino Unido

En enero del presente año, entró en vigor la ley que regula la prohibición de los microplásticos en los productos de cuidado personal en las islas británicas, en los que los microplásticos se definen como: “partícula de plástico sólido insoluble en agua de igual o menos de 5 mm en cualquier dimensión;”

Es importante destacar también que el Ministerio de Medio Ambiente británico, la DEFRA y el Comité Asesor de Sustancias Peligrosas evaluarán los microplásticos que no están directamente bajo tal prohibición. Y es que, durante la ronda de consultas, la industria de cosméticos británica indicó que una prohibición total requerirá la reformulación de miles de productos, según la Plastic Soup Fondation, con sede en Amsterdam.

Suecia

Suecia anunció el pasado 2 de febrero que aplicará, a partir del 1 de julio de 2018, la prohibición del uso de microplásticos en  productos tales como pasta de dientes, exfoliantes corporales, exfoliantes faciales, geles de ducha, champús y acondicionadores que contienen microplásticos. Mediante esta normativa, las existencias compradas antes de que la prohibición entre en vigor podrán continuar vendiéndose en las tiendas hasta el 1 de enero de 2019. La Agencia Sueca de Químicos será la responsable de la supervisión de la fabricación y las importaciones de los productos, y los municipios serán responsables de la supervisión de los distribuidores y los minoristas.

Francia

En Francia, la regulación de los microplásticos se hizo mediante el Decreto n°2017-291, de 6 de marzo 2017, relativo a las condiciones para la aplicación de la prohibición de comercialización de productos cosméticos enjuagados con fines de exfoliación o limpieza que comprenda partículas  sólidas de plástico y  palillos de plástico recubiertos de algodón en sus puntas domésticos (los bastoncillos con algodón) entró en vigor el 1 de enero para todos los productos a excepción de los bastoncillos que serán retirados de mercado el 1 de enero de 2020.

Bélgica

En diciembre de 2017, el Gobierno se comprometió a un acuerdo con DETIC, la Asociación belga-luxemburguesa de productores y distribuidores de productos cosméticos, de limpieza y de mantenimiento, pegamentos y masillas , para que “ Los miembros de DETIC se comprometen a reemplazar por completo las “microesferas de plástico” en productos cosméticos “para enjuagar” y productos orales para el 31 de diciembre de 2019. En esta fecha, ningún producto cosmético (de referencia) Los miembros de DETIC pueden colocar “enjuague” y productos orales que contengan microperlas de plástico en el mercado belga.”.

Finalmente, la Comisión Europea, en su presentación de la estrategia europea para el plástico presentada el pasado 18 de enero ya anunció que en la UE se tomarán iniciativas legislativas para reducir, también, los microplásticos (Ver post de Terraqui en el siguiente enlace).

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

Francia plantea medidas concretas contra la obsolescencia en su estrategia de economía circular.

Sobre la obsolescencia programada, como ya hemos comentado en algún post de Terraqui, existen muchas definiciones, aunque al final acaban con la misma evidencia: el de la aceleración de la vida del producto.

Existen distintos tipos de técnicas de esta aceleración como, por ejemplo, la introducción de materiales más bien frágiles, la incompatibilidad entre distintos componentes o la de sistemas informáticos en los que el software acaba dejando obsoleto al hardware.

Una de las consecuencias de la obsolescencia programada son las dificultades en relación a la reparación de los productos, puesto que las piezas han dejado de fabricarse o no están disponibles en un plazo razonable, o el coste de la reparación es desproporcionado en relación a la compra de un nuevo producto.

Es precisamente en relación a esta dificultad que se desarrollan una serie de medidas en la hoja de ruta de economía circular del país galo titulado “Entremos en el bucle: una hoja de ruta para una economía 100% circular”.

Las distintas medidas que se quieren plantear respecto a la obsolescencia programada, objeto de consulta pública hasta el próximo 25 de febrero son las siguientes:

1- Mejorar la información del consumidor para que pueda tener los elementos adecuados para comprar de una manera clara. En particular, una aplicación digital de fácil acceso (código de memoria flash en la etiqueta del producto) que estará disponible para los consumidores y que servirá como foro para los usuarios. Esta aplicación consolidará y simplificará toda la información adicional que existe sobre los productos: permitirá comparar las etiquetas, explicar los principales impactos ambientales del etiquetado ambiental, proporcionar información sobre la trazabilidad, elementos que explican las declaraciones ambientales y su fiabilidad, información sobre la vida útil, el diseño ecológico, el asesoramiento de mantenimiento y la mejora de la información, ya obligatoria, sobre la disponibilidad de piezas de repuesto.

2- Extender la vida útil del producto a través del apoyo a la reutilización, reparación y la economía de la funcionalidad (privilegiar el uso frente a la posesión o servitización).

Mostrar, de forma voluntaria, antes del 1 de enero de 2020, para determinadas categorías de productos (electrodomésticos, equipos de bricolaje, etc.), información simple sobre su vida útil (reparabilidad, robustez, durabilidad), desarrollando un sistema de referencia armonizado para información para el consumidor. Francia llevará la lucha contra la obsolescencia programada a nivel europeo para hacer que esta información sobre la robustez de los productos sea una obligación.

              Fortalecer la oferta de actores de reutilización y reparación.

Fortalecer la oferta de reutilización, reparación y funcionalidad de los actores económicos, para facilitar que las personas acudan a sus servicios en lugar de tirar un bien y comprar uno nuevo, mientras se fortalece la economía social y solidaria de la economía en Francia.

Esto requiere una mejor estructuración de la oferta de reparación para que sea más competitiva y más fácil de acceder para los consumidores. Varias opciones son posibles:

– desarrollar plataformas de redes digitales para reparadores y ponerlos en contacto con los consumidores;

– reforzar la participación de determinadas ecoorganizaciones en las actividades de reutilización y reparación, proporcionando a los consumidores un mapa territorial de los servicios      de reparación y reutilización de fácil acceso y de calidad;

 – examinar las opciones para mejorar la competencia entre los reparadores y las ventajas económicas o fiscales para permitir una reducción efectiva de los precios de los servicios de        reparación.

             Extender la obligación de suministrar repuestos usados.

Extender la obligación de suministrar repuestos usados, tan pronto como estén disponibles, a todos los reparadores de bienes tecnológicos (electrodomésticos, alta fidelidad, fotografía, telefonía, etc), según el modelo de la obligación existente para reparadores de automóviles. Llevar al nivel europeo la obligación de una pantalla que indique la disponibilidad o no de las piezas de repuesto.

            Reforzar la información del consumidor sobre la garantía legal.

Llevar a cabo, en el marco de la revisión de las normas europeas sobre la garantía legal de conformidad, un refuerzo de la información del consumidor sobre la misma (donde se distingan mejor las garantías comerciales de los productos más durables), priorizando la reparación de un bien en lugar de reemplazarlo por uno igual y una extensión de la durabilidad de la garantía (paso del período de garantía de las lavadoras de 2 a 5 años, por ejemplo).

Como ya se ha mencionado, Francia termina su proceso de consulta pública de estrategia de economía circular el próximo 25 de febrero. España la concluirá el próximo 12 de marzo. Mientras que en la estrategia española se menciona solo 3 veces la obsolescencia programada sin llegar a concretar ninguna medida concreta para combatirla (pueden comprobarse en el borrador de la Estrategia española de Economía Circular), en Francia no solo han propuesto las medidas aquí presentadas sino que además está dispuesta a liderar estas iniciativas en el seno de la Unión Europea.

 

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

La Directiva sobre ruido exterior generado por determinadas máquinas sometida a consulta pública para su evaluación y posible revisión

La Directiva 2000/14/CE de 8 de mayo de 2000 sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre nació en 1993 como parte del Plan de Acción Ambiental, desarrollado posteriormente mediante el libro verde Política futura de lucha contra el ruido.

A través de esta consulta se quiere comprobar la efectividad de la Directiva, se considera la posibilidad de desarrollar una propuesta legislativa para revisar la directiva, teniendo en cuenta el marco legislativo de la UE sobre la salud y la seguridad de los productos en el mercado interior, así como el progreso y los desarrollos más recientes en este sector industrial.

En España, la transposición de la Directiva se realizó a través del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Esta consulta llega después de haberse presentado a la Comisión un extenso informe titulado “Estudio sobre la idoneidad del alcance actual y los valores límite de la Directiva 2000/14/CE relativos a la emisión de ruidos en el medio ambiente por equipos para su uso al aire libre”, en el que distintas voces desde los propios Estados miembros, junto con industriales del sector y ONG fueron consultadas. En este estudio se realizó una evaluación de la Directiva 2000/14/CE y su enmienda 2005/88/CE sobre ruido de equipos para exteriores en relación con:

  • los valores límite para los equipos enumerados en el artículo 12, en cuanto a si estos podrían modificarse a la luz de las últimas pruebas, como el desarrollo del estado del arte con respecto a sus características de rendimiento;
  • los equipos enumerados en el artículo 13, en cuanto a si alguno o todos los equipos se les deben asignar valores límite obligatorios;
  • nuevos tipos de equipos que podrían incluirse de manera factible en un futuro en la normativa, que cumplan con la descripción genérica de “equipo para uso al aire libre”, tal y como se indica en el artículo 3, letra a), o una adaptación previsible de esta descripción, para estos equipos a los que se les asignarán valores límite en un futura normativa y cuáles deberían ser;
  • identificar y proponer métodos de prueba para la medición de los niveles de potencia sonora.

Pueden acceder a la consulta a través de este enlace.

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui participará en una acción formativa de Repacar el 24 de enero en la sede de Foment del Treball en Barcelona

En esta jornada Terraqui tratará sobre las consecuencias administrativas y/o penales del incumplimiento normativo en la gestión de los residuos y Arquiconsult, empresa especializada en la implantación de la solución enwis, ERP para el sector de gestión de residuos.

Esta cita también servirá como punto de encuentro para los recuperadores que operan en Cataluña.

La jornada tendrá lugar en la sede de Foment del Treball el 24 de enero de 10h a 14h.

Foment del Treball: Via Laietana 32, 08003 Barcelona.

Para más información, contactar con repacar@repacar.org.

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

Publicado un informe sobre tendencias de los RAEE a nivel mundial

En 2016, el mundo generó 44,7 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE de ahora en adelante), lo cual representa un equivalente de 6,1kg por habitante de media, frente a los 5,8 kg/ habitante de 2014, lo cual ya nos indica la tendencia al alza que se mantendrá, según el estudio en las próximas décadas. De los 44,7 millones de toneladas métricas:

  • Solo el 20% (8,9 TM) se recicló a través de los canales apropiados.
  • El 4% (1.7 Mt) de desechos electrónicos en los países de mayores ingresos se recoge como residuos remanentes.
  • Se desconoce el destino del 76% (34.1 Mt) de los desechos electrónicos; es probable que vayan a vertederos, o bien sean comercializados o reciclados en condiciones inferiores.

Aunque el 66% de la población mundial está cubierta por la legislación referida a los RAEE, es evidente que son necesarios más esfuerzos para hacer cumplir, implementar y alentar a más países a desarrollar políticas en esta materia. Se espera que la cantidad de desechos electrónicos aumente, a nivel planetario, a 52,2 millones de toneladas métricas, o 6.8 kg / habitante, para el año 2021.

Por continentes, la generación de RAEE se distribuyó del siguiente modo:

  1. Asia fue la región que generó la mayor cantidad de desechos electrónicos (18,2 Mt). Sin embargo, Asia genera menos desechos electrónicos por habitante (4,2 kg / hab).
  2. Europa (12,3 Mt) es el segundo mayor generador de desechos electrónicos por habitante con un promedio de 16,6 kg /hab; sin embargo, Europa tiene la tasa de recolección más alta (35%).
  3. América (11,3 Mt) – (América del Sur, Centroamérica y Norte América) genera 11.6 kg /hab y recolectan solo el 17% de los desechos electrónicos generados en los países, lo que es comparable con la tasa de recolección en Asia (15%).
  4. África (2,2 Mt) genera solo 1.9 kg / hab y hay poca información disponible sobre su tasa de recolección.
  5. Oceanía (0,7 Mt). Si bien es el más pequeño en términos de desechos electrónicos totales generados es el mayor generador de desechos electrónicos por habitante (17,3 kg /hab), y solo se documentó que se recolectó y recicló el 6% de los desechos electrónicos.

La diferencia de residuos electrónicos generados en países desarrollados respecto a los países en desarrollo es muy grande: el país más rico del mundo en 2016 generó un promedio de 19.6 kg /hab, mientras que el más pobre generó solo 0.6 kg /hab.

Cabe destacar también la falta de datos fiables sobre RAEE por países. Faltan datos sobre producción, gestión y reciclaje de este tipo de residuos y sólo 41 países en el mundo recopilan estadísticas sobre desechos electrónicos. Esto incluye a los países de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El informe recoge las 6 categorías de tipos de RAEE de la Directiva RAEE de la UE  2012/19/UE para su estudio y calculando los residuos correspondientes generados a nivel mundial:

  • Equipos de intercambio de temperatura (7,6Mt).
  • Pantallas, monitores (6,6 Mt).
  • Lámparas (0,7 Mt).
  • Equipos grandes (9,1Mt).
  • Equipos pequeños (16,8 Mt).
  • Pequeños equipos de TI y telecomunicaciones (3,9 Mt).

La falta de datos fiables llevó, en enero de 2017, a las entidades que realizaron este informe a crear la Asociación mundial para estadísticas de desechos electrónicos (“Global Partnership for E-waste Statistics”), que tiene por objetivo ayudar a los países a producir estadísticas de desechos electrónicos y crear una base de datos mundial de RAEE para seguir su desarrollo a lo largo del tiempo. También es una manera de hacer un mapa mundial de RAEE y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. Finalmente puede ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11.6 (De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo) y 12.5 (De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización). En los países donde no existe una legislación nacional sobre desechos electrónicos, es probable que los desechos electrónicos se traten como desechos generales o de otro tipo.

Las estadísticas de desechos electrónicos no solo son relevantes en términos de impacto ambiental; también hay un componente económico muy importante. El valor total de todas las materias primas presentes en los desechos electrónicos se estima en aproximadamente 55 mil millones de euros en 2016, que es más que el Producto Interno Bruto de 2016 de la mayoría de los países del mundo. Y aquí solo se tiene en cuenta el valor de las materias primas.

Aprovechar estos elementos y crear economía circular al revalorizarlas supondría más empleo y más ingresos por generación de nuevos negocios. Para explotar esta oportunidad y mitigar simultáneamente la contaminación, el informe señala que se necesitan buenas políticas para facilitar la creación de una infraestructura y fomentar la recuperación de materiales valiosos.

Potencial del valor de las materias primas secundarias en los desechos electrónicos en 2016.

 

Material kilotoneladas (kt) Millones €
Hierro 16,283 3.582
Cobre 2,164 9.524
Aluminio 2,472 3,585
Plata 1.6 884
Oro 0.5 18,840
Paladio 0.2 3.369
Plásticos 12,230 15.043

Las estadísticas disponibles actualmente no permiten rastrear la cantidad de desechos electrónicos o productos electrónicos usados enviados desde las subregiones más ricas del mundo. Un estudio de caso sobre Nigeria mostró que en 2015/2016, los Estados Miembros de la UE fueron el origen de alrededor del 77% de los equipos eléctricos y electrónicos usados importados en este país africano. A veces, el equipo usado se rompe realmente al llegar y debe considerarse como un desecho electrónico. Dado que los países de bajos ingresos generalmente tienen menos infraestructura de gestión de desechos electrónicos que las economías de mayores ingresos, también son los más propensos a sufrir daños ambientales alarmantes.

El tipo de desechos electrónicos cubiertos por la legislación difiere considerablemente entre los países, lo que dificulta la coordinación de cantidades de desechos electrónicos recogidos y reciclados. Sin mejores estadísticas sobre desechos electrónicos, es imposible medir la efectividad de legislación existente para mostrar posibles mejoras en el futuro. También es difícil proporcionar datos que guíen el desarrollo de negocios.

En cuanto al comercio transfronterizo de RAEE, los países miden los flujos de importación y exportación con las estadísticas de comercio internacional, que generalmente se basan en el comercio de aduanas. Dichas estadísticas utilizan los códigos del Sistema Mundial de Comercio Armonizado. Sin embargo, estos códigos no distinguen entre electrónica nueva y la usada. Aunque ha habido algunos intentos y conversaciones entre los EE. UU. y la UE para crear indicadores para la electrónica usada y los desechos electrónicos dentro de los sistemas nacionales de exportación, la inclusión de productos electrónicos usados dentro de los sistemas de códigos de comercio sigue siendo difícil de alcanzar. Los países proporcionan a la Secretaría del Convenio de Basilea estadísticas sobre las importaciones y exportaciones de desechos electrónicos. Sin embargo, los países no cubren el alcance completo de los desechos electrónicos, y los países solo cumplen en parte, si es que lo hacen, sus obligaciones de presentación de informes. En segundo lugar, las estadísticas tampoco cubren el comercio de equipos deshechados, aunque funcionales. Por lo tanto, las estadísticas sobre importaciones y exportaciones de equipos usados y desechos electrónicos son inexistentes o de baja calidad para la mayoría de los países.

Así pues, el mercado de comercio ilegal internacional de los RAEE puede adoptar muchas formas, por lo que en el 2015 se llevó a cabo un estudio específico sobre esta cuestión efectuado por los mismos organismos que realizaron el informe objeto de este post junto con la Interpol y una consultoría.

Por lo tanto, los métodos para cuantificar una visión completa de las importaciones y exportaciones de AEE y RAEE usados aún deben ser desarrollados y contrastados. Un posible método es identificar equipos usados o de desecho basados en un umbral de precio del envío. Aunque el método es aplicable, según el informe, a menudo produce estimaciones que son demasiado bajas.

Existen métodos alternativos para evaluar estos flujos. Un primer ejemplo es el que han llevado a cabo varios periodistas y la Basel Action Network (BAN), que colocó rastreadores GPS en equipos obsoletos en la UE y EE. UU. Uno de los principales hallazgos de BAN mostró que el 34% de los 205 rastreadores implantados se movieron fuera de la costa, casi todos hacia países en desarrollo. De los exportados, el 93% se destinó a países en desarrollo de Asia donde no se realiza un reciclaje adecuado. El 7% se envió a países como Méjico y Canadá. El estudio mostró que alrededor de un tercio de los residuos electrónicos controlados por los 200 rastreadores GPS en los EE. UU terminaron en países en desarrollo.

Otra forma alternativa de medir las importaciones de AEE y desechos electrónicos usados es ubicar a un investigador en el puerto receptor. El enfoque se suele llamar ‘Persona en el puerto’ siendo éste el que se llevó a cabo para obtener los datos sobre la importación en Nigeria comentado en párrafos anteriores.

La legislación sobre RAEE a nivel internacional

India y China, ambo países con regulaciones nacionales de desechos electrónicos, cubren gran parte de la población mundial, las políticas oficiales y la legislación afectan, actualmente, alrededor de 4.800 millones de personas, que representan el 66% de la población mundial en comparación con el 44% en 2014. Sin embargo, la existencia de políticas o legislación no implica necesariamente una aplicación exitosa o la existencia de suficientes sistemas de gestión de desechos electrónicos.

Por ejemplo, la industria formal de reciclaje de desechos electrónicos ha mostrado un crecimiento considerable en la capacidad y calidad del tratamiento en China que ha documentado que el 18% de los residuos electrónicos generados se recogen y se reciclan en los últimos años. China tiene una legislación nacional vigente que regula la recogida y el tratamiento de desechos electrónicos de televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y ordenadores (tanto de escritorio como de portátiles). Sin embargo, debido a una variedad de factores sociales y económicos, el sector informal sigue liderando el negocio de recogida y reciclaje de RAEE. Esto a menudo causa efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud. Por lo tanto, el crecimiento del sector formal es importante para disminuir los impactos ambientales y de salud debido al tratamiento inadecuado e inseguro de los desechos electrónicos.

Por otro lado, los tipos de desechos electrónicos cubiertos por la legislación difieren considerablemente entre los países, lo que explica las dificultades para coordinar las cantidades de desechos electrónicos recogidos y reciclados. Muchos de los países que ya han adoptado legislación sobre desechos electrónicos aún pueden aumentar la cobertura para incluir todos los productos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los productos electrónicos de consumo incluidos en la serie de informes de la EPA son productos electrónicos utilizados en residencias y establecimientos comerciales, como empresas e instituciones, y están clasificados como productos de video, audio e información. Por lo tanto, muchos aparatos eléctricos y electrónicos están fuera de su ámbito de aplicación en este país, como son todos los equipos de refrigeración y congelación, la mayoría de los equipos grandes, como lavavajillas, secadoras, etc., algunos equipos pequeños y lámparas.

Europa cuenta con la legislación de residuos electrónicos más desarrollada en el mundo. En Europa, la cantidad de RAEE documentados para ser recogidos y reciclados también es la más alta. En la Unión Europea (UE), la gestión de residuos electrónicos está regulada uniformemente por la Directiva RAEE (2012/19 / UE ). La directiva está destinada a regular la recogida, el reciclaje y la recuperación de desechos electrónicos. Incluye la provisión de puntos nacionales de recogida de desechos electrónicos y sistemas de procesamiento, que permiten la eliminación y el tratamiento adecuados de los desechos electrónicos. Esto da como resultado una mayor cantidad de desechos electrónicos procesados que deben contabilizarse y notificarse a la autoridad nacional competente. La Directiva RAEE establece que los Estados miembros fomentarán el diseño y la producción de equipos eléctricos y electrónicos, que tengan en cuenta y faciliten el desmantelamiento y la recuperación, en particular la reutilización y el reciclado de residuos electrónicos, sus componentes y materiales. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para reducir al mínimo la eliminación de los residuos electrónicos como residuos municipales no clasificados y conseguir un alto nivel de recogida selectiva de residuos electrónicos. La Directiva exige a los Estados miembros que creen sistemas que permitan a los interesados finales y a los distribuidores devolver los residuos electrónicos sin coste. Para garantizar un tratamiento ambientalmente racional de los residuos electrónicos recogidos por separado, la Directiva sobre residuos electrónicos establece los requisitos de tratamiento para los materiales y componentes específicos de los desechos electrónicos y para los sitios de tratamiento y almacenamiento. Este marco legal utiliza el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, que requiere que los productores organicen y / o financien la recogida, el tratamiento y el reciclaje de sus productos al final de su vida útil. Cada Estado miembro de la UE más Noruega, Suiza e Islandia han implementado legislación nacional de acuerdo con las condiciones de cada país.

Desde 2016, los estados miembros de la UE se han propuesto recoger el 45% de la cantidad colocada en el mercado, un 65% en 2019. Llegar a estos objetivos legales para 2019 será muy difícil. Los estadísticas facilitadas por Eurostat esencialmente no muestran un aumento desde 2009, que alcanza el 37% de los desechos electrónicos generados. Una cuestión clave, investigada detalladamente en la UE mediante el proyecto Countering WEEE Illegal Trade (CWIT: Contrarrestar el Comercio Ilícito de RAEE), es capturar el tonelaje presente en múltiples flujos complementarios, incluido el descarte con otros desechos (≈10% de los residuos), el reciclado y la recogida de residuos complementarios no informados, piezas y materiales valiosos (≈40%), exportación para reutilización (≈10%) y exportaciones ilegales (≈5%). Los datos más recientes de los países de la UE se extraen de la prospectiva de materias primas secundarias del Proyecto Urban Mine. Estos datos muestran que los países con mejores resultados en Europa, en términos de recolección de desechos electrónicos, son Suiza, que recoge el 74% de los residuos generados, Noruega (74%), seguidas de Suecia (69%), Finlandia e Irlanda (55%). Irlanda y Dinamarca recogen el 50% de los residuos generados. De todos modos, el denominador de la tasa de recogida se establece según estimaciones de la UNU que tienen un error de margen de al menos ± 10% según el país.

Habida cuenta de las diferencias entre la Unión y sus vecinos del este, el sur del Cáucaso y la subregión mediterránea, la UE estableció la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2003/2004 para alinear los intereses en la lucha contra los problemas comunes, siendo los RAEE uno de ellos (Comisión Europea, 2007). Los planes de acción de la PEV tienen como objetivo ayudar a los países socios de la PEV y a Rusia a abordar las cuestiones ambientales. Proporcionan información sobre la política y la legislación ambiental de la UE en ámbitos políticos clave (incluida la Directiva RAEE) y explican cómo se puede avanzar. En los últimos años, la Unión Europea ha llevado a cabo y financiado muchas iniciativas para mejorar el marco jurídico e institucional que permite una gestión adecuada de los desechos electrónicos en la subregión. La mayoría de los proyectos en curso apuntan a aumentar las capacidades de los países balcánicos (en particular Macedonia, Serbia, Croacia y Bulgaria) para liderar e incidir en temas de gestión de desechos electrónicos y crear conciencia sobre la gestión adecuada de los desechos electrónicos entre los ciudadanos, los funcionarios del gobierno y el sector privado.  Gracias a esta colaboración, actualmente, los Balcanes cuentan con legislación nacional en vigor sobre RAEE (Albania, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia y Eslovenia). Bulgaria y Eslovenia son miembros de la UE y, por lo tanto, han adoptado la Directiva RAEE. Sin embargo, todavía no existe una legislación nacional que aborde los desechos electrónicos en Kosovo.

En cuanto a Rusia, en 2017 empezó un programa de Responsabilidad Ampliada del Productor  para chatarra eléctrica y electrónica. Los fabricantes e importadores deben ayudar a recoger y procesar productos electrónicos obsoletos de acuerdo con la legislación rusa de economía circular.

Otros países con sistemas de reciclaje y recogida de RAEE desarrollados se encuentran en América del Norte, Asia oriental y el sur de Asia. En varias regiones, la legislación nacional sobre desechos electrónicos está completamente ausente, como en gran parte de África, el Caribe, Asia Central, Asia Oriental y Melanesia, Polinesia y Micronesia.

El informe también precisa que los países que ya cuentan con legislación en materia de RAEE, deberían enfocarse más claramente hacia la economía circular. La legislación sobre desechos electrónicos debería alentar un mejor diseño del producto en la etapa de producción. Esta es la clave para facilitar el reciclaje y para producir productos que sean más fáciles de reparar o más duraderos. Además, las políticas deberían apuntar hacia un uso más eficiente de los recursos para mejorar los procesos de producción y la recuperación de materiales valiosos incorporados en los aparatos eléctricos y electrónicos.

La mayoría de las leyes y políticas actualmente se refieren al principio de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP de ahora en adelante), la cual exige que los fabricantes acepten la responsabilidad de todas las etapas del ciclo de vida de un producto, incluida la gestión del final de su vida útil.

El principio de la RAP se implementa en una variedad de legislaciones y políticas. Según un principio de RAP, la responsabilidad se puede asignar individualmente, donde los productores son responsables de sus propios productos, o colectivamente, donde los productores en el mismo tipo o categoría de producto cumplen juntos la responsabilidad de la gestión. Un sistema lo más cercano posible a la Responsabilidad Individual del Productor puede estimular más fácilmente las mejoras en la fase de diseño porque el productor está interesado en los beneficios obtenidos por el diseño mejorado. Sin embargo, la complejidad de un sistema de este tipo ha impedido hasta ahora su desarrollo, dando como resultado políticas y legislación que se refieren a la responsabilidad colectiva y no a la individual.

Sin embargo, en los países en desarrollo, la falta de instalaciones de tratamiento que aceptan los estándares internacionales y la falta de infraestructura de recogida que canalice los desechos electrónicos a estos sitios constituyen un gran obstáculo para el productor.

En este sentido cabe destacar el caso de Japón. En este país, la mayoría de las categorías de la Naciones Unidas se recogen y reciclan en virtud de la Ley de Promoción del Reciclaje de Pequeños Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos. Japón fue uno de los primeros países del mundo en implementar un sistema basado en RAP para desechos electrónicos. Japón cuenta con un sólido marco legal, un sistema de devolución avanzado y una infraestructura de procesamiento desarrollada.

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación es un tratado multilateral destinado a suprimir los patrones de comercialización de desechos peligrosos que son ambiental y socialmente perjudiciales. La convención fue firmada por 186 países. Los desechos electrónicos, debido a su composición, a menudo contienen elementos peligrosos. Por lo tanto, la Convención afirma que, para proteger la salud humana y el medio ambiente, los desechos peligrosos no deben comercializarse libremente como los productos comerciales ordinarios, y, en consecuencia, establece un proceso de notificación y aprobación por escrito para todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Pero la exención reglamentaria del Convenio de Basilea sobre equipos destinados a la reutilización es totalmente compatible con su principal objetivo medioambiental para evitar la generación de residuos, ya que la reutilización prolonga el ciclo de vida de los AEE y, por lo tanto, mitiga la generación de residuos peligrosos. Al prolongar la funcionalidad de la electrónica, la reutilización promueve la conservación de los recursos naturales y al menos temporalmente desvía la necesidad de reciclaje o eliminación. Sin embargo, la distinción de si algo es un desperdicio o no y, por lo tanto, está destinado a ser reutilizado, es un debate de larga duración en el marco del Convenio de Basilea. La Conferencia de las Partes (COP13) más reciente no pudo llegar a un consenso final (ver página 2 del siguiente documento).

Así, pues, queda aún un largo camino por recorrer tanto a nivel legislativo como de políticas efectivas para lograr un control y un aprovechamiento de los RAEE dentro de una concepción de economía circular que se enfrente con un gran lastre, propio de la economía lineal, como es la obsolescencia programada, la funcional e incluso la psicológica (ver post de Terraqui del 31 de mayo de 2017 ).

Pueden acceder al informe completo en este enlace.

 

Alexandra Farbiarz Mas

A debate los riesgos derivados de los productos farmacéuticos en el medio ambiente

Esta consulta forma parte de la hoja de ruta sobre el Enfoque estratégico de los productos farmacéuticos en el medio ambiente, lanzada el pasado 28 de abril de 2017 por la Comisión Europea. En la misma se precisa que esta hoja de ruta responde al mandato del art. 8 quater de la DIRECTIVA 2013/39/UE del Parlamento y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas:

Artículo 8 quater: Disposiciones específicas para sustancias farmacéuticas

Con arreglo al artículo 16, apartado 9, de la Directiva 2000/60/CE, y cuando proceda en función del resultado del estudio de 2013 de la propia Comisión, relativo a los riesgos medioambientales de los medicamentos, y de otros estudios e informes pertinentes, la Comisión desarrollará, en la medida de lo posible, en el plazo de dos años a partir del 13 de septiembre de 2013 un enfoque estratégico para la contaminación del agua por sustancias farmacéuticas. Ese enfoque estratégico incluirá eventualmente propuestas a fin de que, en la medida de lo necesario, los impactos medioambientales de los medicamentos sean tenidos más eficazmente en cuenta en el procedimiento de comercialización de estos. En el marco de ese enfoque estratégico, la Comisión, en su caso, antes del 14 de septiembre de 2017 propondrá medidas a escala de la Unión y/o de los Estados miembros, según corresponda, para tratar las posibles consecuencias medioambientales de sustancias farmacéuticas, en especial las mencionadas en el artículo 8 ter, apartado 1, para reducir sus descargas, emisiones y pérdidas en el medio acuático, teniendo en cuenta necesidades de salud pública y la relación coste/eficacia de las medidas propuestas.

La consulta se formula en base a un documento previo sobre los productos farmacéuticos en el medio ambiente que observa que, a nivel de la UE, este asunto solo se aborda de forma parcial tanto a nivel legislativo como a nivel político y de los que se han extraído 10 líneas de acción, relatadas más abajo, que son el objeto de la consulta.

La estrategia a elaborar por la Comisión ha de permitir:

Además, las prácticas necesarias para la producción de productos farmacéuticos afectan a muchas esferas, por lo que se considera que una gestión más sostenible ayudaría a su industria a desarrollar los principios de la economía circular. Desde un análisis circular, se someten a consulta las siguientes cuestiones:

  1. Mejora de la comprensión de los riesgos derivados de los productos tecnológicos farmacéuticos para:
    1. Saber más acerca de la frecuencia, destino final y repercusiones de los productos farmacéuticos.
    2. Saber más acerca de la propagación de la resistencia a los antimicrobianos a través del medio ambiente, así como sus consecuencias para la salud humana.
  2. Diseñar sustancias “más verdes” bajo el concepto “Benign-by-Design” (Benigno por diseño).
  3. Garantizar la solidez, consistencia y transparencia científica de las evaluaciones de riesgo. En este sentido se plantea que la evaluación del riesgo para el medio ambiente (ERMA), que se desarrolló a través de la Directiva 2001/18/CE de 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo,  puede ser un buen instrumento para el proceso de autorización de comercialización de los medicamentos, tanto para uso humano como para uso veterinario.
  4. Promover procesos de fabricación más ecológicos mediante el sistema de gestión de auditoría medioambiental, el documento de referencia sobre las mejores prácticas disponibles y los principios y directrices de la UE sobre las prácticas correctas de fabricación.
  5. Garantizar que los riesgos ambientales se tengan debidamente en cuenta y se traduzcan en medidas de mitigación (posteriores a la autorización) con la obligación de informar sobre su aplicación.
  6. Garantizar que las repercusiones ambientales observadas después de la comercialización se identifiquen y notifiquen mediante la “ecofarmacovigilancia”, mejorando el intercambio de información entre las agencias y las autoridades pertinentes de los Estados miembros, el refuerzo de los requisitos ambientales de los sistemas de farmacovigilancia y la inclusión de medicamentos pertinentes en las listas de alerta rápida para las aguas superficiales y subterráneas.
  7. Promover el uso sostenible de los productos farmacéuticos informando adecuadamente a médicos, veterinarios, farmacéuticos y pacientes sobre su consumo de productos y la correcta eliminación de productos farmacéuticos no utilizados por parte de los hogares.
  8. Garantizar la correcta recogida y eliminación de los productos farmacéuticos. Mayor vigilancia de los sistemas de recogida de residuos farmacéuticos de uso humano y veterinario, clasificando determinadas sustancias de los usos farmacéuticos como peligrosas, para garantizar que sus residuos se consideren como tales y se eliminen correctamente.
  9. Promover una gestión más eficaz de las aguas residuales, el estiércol y los lodos mediante un mejor conocimiento de los antimicrobianos y microorganismos resistentes a ellos que están en los efluentes y los residuos orgánicos procedentes de posibles puntos críticos y un mejor control de las fuentes y tratamientos del agua avanzados y viables económicamente para la eliminación de productos farmacéuticos que penetran en el medio acuático y los suelos agrícolas.
  10. Promover una mejor gestión global de los vertidos de productos farmacéuticos en los suelos y en el medio acuático. Dentro de la estrategia de la Directica marco sobre el agua, elaborar directrices que reúnan las mejores prácticas y recomendaciones, de manera que los responsables de la gestión del agua puedan ocuparse más adecuadamente de la contaminación procedente de los productos farmacéuticos, tanto a nivel nacional como a nivel de cuenca hidrográfica.

Pueden acceder a la consulta a través de este enlace y en este otro su cuestionario.

 

Alexandra Farbiarz Mas

Empieza la evaluación del VII Programa de Medio Ambiente de la UE

El Séptimo Programa de Medio Ambiente (en adelante, VII PMA) de la UE, que lleva por título “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, se adoptó en el 2013 y tiene vigencia hasta el 2020.

Con esta evaluación, que pretende quedar finalizada para el segundo cuatrimestre de 2018, se quiere chequear, a nivel general, el nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales que se establecen en el VII PMA.

Recordemos que los principales objetivos del VII Programa son:

  • Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE.
  • Convertir la UE en una economía baja en carbono, eficiente en cuanto a recursos, verde y competitiva.
  • Salvaguardar a los ciudadanos de la UE de las presiones y los riesgos ambientales para la salud y el bienestar.

Para ello, es necesario:

  • Una mejor implementación de la legislación.
  • Una mejor información mediante la mejora de la base de conocimiento.
  • Más y mejores inversiones para la política ambiental y climática.
  • Integración completa de requisitos y consideraciones ambientales en otras políticas.

Además, se priorizan dos objetivos adicionales de carácter horizontal que completan el programa:

  • Hacer que las ciudades de la UE sean más sostenibles.
  • Abordar los desafíos ambientales y climáticos internacionales de manera más efectiva.

Este programa se organizó, pues, sobre estos nueve puntos que, a su vez, se subdividieron en 36 sub-objetivos que debían emprender hasta un total de 60 acciones. La evaluación considerará el impacto de las acciones relevantes tomadas a nivel de la UE y de los Estados Miembros habida cuenta de su responsabilidad compartida en este programa.

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los cuatro siguientes criterios:

  • Eficacia: ¿en qué medida el VII PMA ha permitido acciones más predecibles, más rápidas y mejor coordinadas por parte de la UE y los Estados Miembros?; ¿en qué medida el VII PMA ha sido útil para involucrar a diferentes partes interesadas?; ¿cómo ha contribuido el VII PMA al logro de sus nueve objetivos prioritarios?.
  • Eficiencia:¿en qué medida el VII PMA ha creado sinergias u oportunidades para simplificar y ahorrar costos en varios niveles?; ¿en qué medida el VII PMA ha sido útil para identificar y abordar las necesidades de información y, por lo tanto, respaldar políticas eficientes y efectivas?.
  • Pertinencia: ¿en qué medida aborda el VII PMA los desafíos de la política ambiental de la UE de forma proporcionada?; ¿qué grado de flexibilidad tiene para permitir que se tengan en cuenta cuestiones nuevas y emergentes?.
  • Coherencia: ¿qué tan consistentes son los nueve objetivos prioritarios y sus acciones?; ¿en qué medida el VII PMA está integrado y es coherente con otras políticas y estrategias de la UE, incluidas las prioridades de Juncker y la Estrategia Europa 2020?; ¿en qué medida el VII PMA es coherente con los compromisos internacionales, incluida la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles?.
  • Valor añadido: ¿cuál es el valor adicional resultante del VII PAM en comparación con lo que podría lograrse mediante la política ambiental de la UE sin ese marco?.

En principio, la consulta con los interesados para apoyar esta evaluación consistirá en:

  • Una consulta pública de 12 semanas que tendrá lugar en el primer trimestre de 2018 y se formulará en todos los idiomas oficiales de la UE; se podrá acceder a la misma a través de la página central de consulta pública de la Comisión.
  • Una consulta específica que involucre grupos de interés concretos para permitir que se exploren diferentes aspectos con más profundidad; se garantizará un equilibrio de representación entre los diferentes interesados (incluidas las ONG, las empresas y el mundo académico).
  • Los Estados Miembros de la UE también serán consultados por separado, por ejemplo, mediante un cuestionario dirigido a los ministerios nacionales de medio ambiente y cambio climático; las autoridades regionales y locales pertinentes y los miembros de la red de agencias de protección del medio ambiente en Europa también serán consultados siempre que sea posible.

Pueden consultar el documento de presentación de la evaluación en el siguiente enlace.

 

Alexandra Farbiarz Mas

Informe “Hacia una economía circular. Gestión de residuos en la UE”: propuestas en materia de regulación

En este post se hace énfasis en los aspectos que nos han resultado más relevantes sobre el  estado actual de los distintos sistemas de gestión de residuos, su marco político, normativo y sobre las principales incidencias en el ámbito de la medición de los residuos y su gestión, del informe realizado por la Science and Technology Options Assessment (STOA) del Parlamento Europeo. El estudio establece el siguiente escenario a alcanzar: suficientes recursos para el mundo con 10 billones de personas en 2050. Para ello se deberán minimizar la producción de residuos y, a su vez, extraer el máximo valor de lo que se han considerado tradicionalmente residuos como pilares para asegurar suficientes recursos. A continuación, se desarrollan en distintos puntos los aspectos que se han considerado más relevantes:

  • Los flujos de residuos más estudiados en este informe son los residuos municipales, los envases y residuos de envases, los residuos alimentarios, los bio-residuos (que no están cubiertos por ninguna legislación específica aunque sí lo estén de forma genérica al tenerse que desviar de los vertederos) materias primas críticas, baterías, residuos eléctricos y electrónicos y las aguas residuales. Este último flujo se analiza en menor medida porque, según el informe, no suele ser un ámbito considerado dentro de la economía circular, aunque sí algunos de sus impactos y derivados -como los bioresiduos que pueden dar lugar a abonos-. En este sentido cabe recordar que actualmente está en discusión el nuevo Reglamento sobre fertilizantes.
  • Los factores que actualmente impiden que algunos Estados Miembros alcancen los objetivos son:
    • La falta de infraestructura moderna.
    • Alta dependencia del vertedero, con tasas de reciclaje demasiado bajas o inexistentes.
    • Fallas administrativas e institucionales.
    • La falta de voluntad política y la falta de legislación o aplicación de la misma y políticas nacionales.
    • Una falta de conocimiento de la gestión de residuos fuera de los centros urbanos; y,
    • Separación ineficiente de los residuos municipales en origen.
  • Los principales instrumentos aplicados en el ámbito de la gestión de los residuos en Europa, junto con algunas consideraciones del informe al respecto, son:
  1. Instrumentos normativos. Directivas y reglamentos utilizados para establecer objetivos y requisitos de información según flujos de residuos; establecimiento de sistemas de responsabilidad ampliada del productor; establecimiento de instrumentos económicos y promoción de la mejora del eco-diseño. Se constata que la transposición de la normativa europea en materia ambiental varía enormemente entre los países de la UE y requiere de más armonización legislativa en cascada para los niveles municipales e inter-municipales. A su vez, se reconoce las regiones y ciudades de Europa como el motor para crear el cambio hacia la economía circular puesto que cada uno de estos espacios tienen su propio tejido industrial, de servicios y de recursos para poder gestionarlos de una manera eficiente. La red y conocimiento que se establezcan entre los distintos actores a nivel regional también permite aflorar las oportunidades.

Recordemos las principales Directivas vinculadas a la gestión de los residuos en Europa:

  1. Incentivos económicos mediante la inversión en infraestructuras apoyadas por el fondo de Cohesión y fondos para la I+D+i (ej. Programa Horizon 2020).

Los apoyos financieros pueden adoptar diversas formas, como subvenciones, préstamos, incentivos fiscales o garantías de inversión y pueden ser canalizados directamente por el sector público o bien a través de otras entidades como asociaciones empresariales o agencias de desarrollo empresarial. En el ámbito de la gestión de los residuos, cabe destacar los Fondos de Desarrollo Regional Europeo (FEDER) y los Fondos de Cohesión a los que se destinaron del 2000 al 2006 4,6 billones de € y del 2007 a 2013 6,2 billones de €. Sin embargo, el informe señala que, debido a la débil aplicación de medidas de apoyo, a nivel legislativo y de políticas nacionales, así como en la pobreza de los datos demandados por el Tribunal de Cuentas Europeo que los fondos no fueron del todo maximizados, generándose también barreras para el control de la efectividad en términos de impacto respecto a los objetivos sobre los residuos.

  1. Instrumentos de mercado como impuestos sobre los vertederos, la incineración y las bolsas de plástico. Hay países de la UE que ya han introducido mecanismos políticos como la tasa sobre el vertido o la prohibición de residuos municipales en los vertederos, lo que ya representa una transposición adecuada de la política europea en materia de economía circular. Sin embargo, en los países en el que existe una prohibición de un determinado tipo de flujo a los vertederos, como en el caso de los plásticos, se ha trasladado el envío de vertedero a la incineración. El informe también señala que existe un “vacío de claridad” de la incineración respecto a la jerarquía de residuos que tampoco ayuda. Uno de los instrumentos de mercado que ha funcionado ha sido el gravamen de las bolsas de plástico ligeras. El primero de ellos fue introducido en Irlanda, que se basó en una tasa de 0,15€ por bolsa en 2002 y dio como resultado el aumento de bolsas reutilizadas, reduciendo de 328 bolsas per cápita por año a 14 en 2014.

También caben destacar otro tipo de instrumentos económicos como la reducción del IVA en Suecia como forma de apoyo a determinados sectores de la reparación para permitir su desarrollo.

  1. Requisitos de información, como información sobre el reciclaje de envases al consumidor, informes voluntarios de producción de residuos y objetivos establecidos por las empresas.
  2. Instrumentos voluntarios, como las campañas de concienciación para la ciudadanía, compromisos voluntarios de la industria, diseño y etiquetaje de productos acompañados de una buena información práctica u otras iniciativas empresariales.
  • Una normativa que emerge. La naturaleza mixta de la legislación nacional en materia de residuos da lugar a distintas alternativas de gestión. Es un área de política relativamente nueva y el rendimiento no se correlaciona con la fecha de adhesión a la UE ni con el PIB de los países. Solo hay que ver los ejemplos y resultados de las iniciativas que ha habido en la República Checa y en Eslovaquia.
  • Base sobre la que se apoyan los objetivos. Muchos de los objetivos establecidos en el Paquete de Economía Circular de la UE propuesto están basados en “volúmenes”, mientras que el objetivo del concepto de economía circular es maximizar el “valor” de los materiales retenidos dentro de la economía. Esto conduce a la consecuencia de que las prácticas de gestión de residuos resultantes, y las inversiones de capital que se realizan, pueden no apoyar el logro de los objetivos de economía circular para retener el valor de los recursos dentro de la economía.
  • La medición de los objetivos de reciclaje de los residuos municipales puede efectuarse bajo uno de los 4 criterios que propuso la Comisión mediante una Decisión en 2011 y los países que las adoptaron:
  1. Tasa de reciclaje de residuos de papel, metal, plástico y vidrio de los hogares (Malta)
  2. Tasa de reciclaje de papel, metal, plástico, residuos domésticos de vidrio y otros tipos de desechos domésticos o de desechos similares de otros orígenes (Austria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Suecia, Eslovaquia).
  3. Tasa de reciclaje de residuos domésticos (Bulgaria, Luxemburgo, Reino Unido).
  4. Tasa de reciclaje de residuos municipales totales (Alemania, España, Finlandia, Letonia, Eslovenia).

En 2013 aún faltaba que Rumanía se pronunciara sobre el método de cálculo que quería adoptar, aunque todo apuntaba a que se decantaría por la primera opción por ser la menos costosa.

Las dos grandes y preocupantes consecuencias de utilizar distintos métodos de cálculo son:

  • Los beneficios reales y el impacto general del cumplimiento de los objetivos de reciclaje serán mucho menores de lo planeado.
  • Los programas nacionales de inversión en infraestructura y construcción se diseñarán para alcanzar estos objetivos y darán lugar a un impacto a largo plazo mucho más allá de la fecha objetivo de 2020. Si los objetivos son incorrectos, estos proyectos serán extremadamente costosos y problemáticos para revertir en el corto a mediano plazo.
  • La opinión de patronales recicladoras y la Expra. Así pues, los Estados miembros utilizan actualmente diferentes métodos para calcular las tasas nacionales de reciclaje, lo que dificulta la comparación. En el peor de los casos, se dice que los cálculos se basan en los desechos que se recogen u ordenan, pero que podrían no reciclarse. Plastic Recyclers Europe (2016) informa que las industrias de reciclado de metales no ferrosos, acero, papel y plásticos están a favor de un método armonizado EU-28 para medir las tasas de reciclaje en el proceso final de reciclaje en lugar del material total recogido. La Federación Europea del Vidrio de Envase (FEVE, 2016) está de acuerdo con la necesidad de metodologías de cálculo precisas y armonizadas. La Alianza de Responsabilidad Extendida del Productor (Expra, 2014) cuestión, en tales circunstancias, que se pueden extraer conclusiones de que los Estados miembros estén cumpliendo los objetivos de reciclaje.
  • Disfunciones de la gestión de residuos respecto a los objetivos del paquete de Economía Circular. Si bien existe una disminución de la incineración a nivel europeo, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica y Francia incineran más del 35% de sus residuos municipales, por lo que deberían desviar parte de los residuos al reciclaje para cumplir con el objetivo del 65% marcado por el Paquete de Economía Circular.
  • Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP, en adelante) que se han aplicado en distintos países y por flujos de residuos parecen tener una incidencia muy clara en la recogida y el reciclaje. Como ejemplos de éxito el informe pone de relieve el caso de la RAP de la madera en Irlanda, de los plásticos en la República Checa y Eslovaquia, las baterías en Eslovaquia y Luxemburgo, y los RAEE en Suecia. En el caso de Irlanda, parece existir una relación con un mayor porcentaje de reciclaje debido a la escasa implantación de plantas de valorización energética.
  • El problema de la mala calidad de los datos y su recopilación es ampliamente reconocido en la UE. Se requiere un trabajo adicional significativo en torno a esta cuestión para respaldar comparaciones justas y efectivas entre los Estados miembros y garantizar la igualdad de condiciones con respecto a la forma en que los Estados miembros alcanzan los objetivos en su gestión de residuos. En el caso de los residuos municipales las definiciones de éstos varían mucho entre países. Y esto se debe a problemas que responden a:
    • La inclusión de residuos voluminosos o de jardín en los datos de residuos municipales, lo que repercute en cifras más altas de residuos municipales per cápita que en un país que excluye estas fracciones.
    • Si los países incluyen solo residuos de hogares o incluyen tipos de desechos similares provenientes de otras fuentes, como actividades comerciales y oficinas.
    • Algunos países incluyen la recogida selectiva de envases de los hogares, mientras que otros países no.
    • Debe introducirse en la contabilización de los datos una definición de los residuos alimentarios comestibles armonizada entre los distintos países de la UE y que se incluya en el Eurostat.
  • Las variaciones de datos y resultados que se muestran entre los Estados miembros se acentúan aún más por las variaciones entre regiones dentro de un Estado miembro donde la gestión de residuos y sus resultados difieren en un mismo territorio nacional. Por ejemplo, a nivel regional las dificultades de medición en el ámbito de los residuos municipales residen en el hecho de que hay hogares que no recogen sus residuos y los llevan a compostaje, a quema, entre otros y, por otro lado, según qué residuos municipales se envían a tratar en otras regiones.
  • En la prevención de residuos se constata que los programas realizados hasta ahora se han centrado fundamentalmente en el sector doméstico, pero también en los sectores públicos, la construcción y las infraestructuras. Dentro del sector privado destaca los servicios de hostelería, la fabricación y según qué sectores de venta, minoristas y transporte y 11 países presentaron programas de prevención en el sector agrícola, a menudo, en el contexto de los residuos alimentarios. Finalmente, también se han encontrado programas para los sectores de la minería y procesamiento de materias primas. De todos modos, que se hayan presentado programas no significa necesariamente que se hayan llevado a cabo (como se ha constatado, por ejemplo, en el sector agrícola). Cabe destacar que dos terceras partes de los instrumentos que se utilizaron en el ámbito de la prevención se centraron en la información y concienciación mientras que solo un tercio se dedicaron a instrumentos económicos y legislativos o regulatorios.
  • La reutilización, reparación y refabricación son claves para alcanzar los objetivos de prevención de residuos. Sin embargo, la falta de infraestructura es uno de los desafíos clave de la política, como cuando la demanda de flujos de residuos para la generación de energía y el reciclaje compite con priorizar la reutilización y la eliminación de residuos. Otro gran desafío es superar los intereses creados en la generación de residuos y esto requerirá un enfoque sistémico, integrado y holístico de la economía circular que se aplique a los programas actuales de eficiencia de recursos o prevención de desechos. En este sentido, el soporte para la reutilización, reparación y refabricación son componentes vitales de la prevención de residuos que necesitan monitoreo, modelado y soporte de políticas. Veamos algunos ejemplos de resiliencia y otras reflexiones en estas materias:
  • Flandes ha incorporado la reutilización como parte estructural en la política de residuos y ha cuadruplicado tiendas de reutilización del 2001 al 2012.
  • La falta de legislación que aliente una tasa de reutilización más elevada y la baja cantidad de equipos eléctricos y electrónicos de buena calidad son las barreras más importantes que se han encontrado para la refabricación y reparación de este tipo de productos.
  • Los productos de reparación y de segunda mano se han convertido en un fenómeno de nicho en las economías occidentales ricas, dirigidos a las poblaciones con bajos ingresos. Esto se debe a la creciente complejidad del producto, ciclos de innovación más cortos y degradación consciente de la calidad del producto (obsolescencia programada), que reduce rápidamente el valor de los productos y ha ayudado a una mentalidad sutil de usar y tirar: se supone que los desechos se reciclan de alguna manera, la reutilización y la reparación requieren demasiado tiempo. Superar este estigma social, además de los intereses creados en la generación de desechos para alimentar las infraestructuras de incineración y reciclaje de residuos, requerirá herramientas políticas innovadoras (por ejemplo, la promoción de la reutilización mediante exenciones fiscales en Suecia -se redujo el IVA del 25 al 12% para reparación de bicicletas, ropa y zapatos- y la promoción de la simbiosis industrial en el Reino Unido).
  • Alemania se posiciona como líder de refabricación a nivel mundial. Una encuesta mostraba que el 14 por ciento del total de encuestados informó que su empresa estaba acondicionada para este tipo de procesos. En particular, los sectores de equipos aeroespaciales, automotrices (de servicio pesado y todoterreno) y equipos y maquinaria eléctricas y electrónicas, así como equipos médicos experimentaron altos niveles de refabricación.

El informe sugiere las siguientes propuestas en materia de políticas y normativa:

  • Desarrollar un sistema integrado de infraestructuras a escala de la UE para la gestión de residuos hacia la recuperación y crear mercados secundarios activos. A su vez, estas infraestructuras deberían alentar las redes de recuperación y de reciclaje, las cuales habrían codesarrollado logísticas inteligentes para la recuperación de residuos, separación y transporte junto con los municipios, los ciudadanos y la industria para asegurar flujos de residuos en economías de escala que reducen los riesgos de inversión.
  • Proporcionar claridad en torno a la incineración y generar dinámicas para lograr opciones en la parte superior de la jerarquía de residuos. Realizar un examen y considerar opciones para proporcionar claridad en cuanto al encaje de la incineración dentro del contexto de la economía circular. Los objetivos de dicha revisión incluirían:
    • Resaltar los problemas para alcanzar una economía circular.
    • Proporcionar orientación para la toma de decisiones de inversión en infraestructura antes de que la valorización energética se convierta en una solución óptima.
    • Ofrecer opciones realistas y objetivos necesarios para la prevención de residuos, reutilización, reparación y re-fabricación para reducir la dependencia de la incineración.
  • Apoyo a las empresas que consideren la condición de fin de residuo en la fase de diseño.
  • Implementar la reutilización individual, refabricación o reparación de los objetivos para los RAEE.
  • Considerar metas específicas para la recuperación de materiales valiosos críticos (además de los objetivos basados en el volumen).
  • Considerar el papel más amplio de instrumentos económicos en la promoción de los objetivos de economía circular. Como ejemplos propone:

    • Desarrollar esquemas comerciales que permita a los países con PIB elevado a que puedan cumplir sus objetivos, en parte, a través del apoyo a países con menor PIB a mejorar la separación de residuos y reciclaje donde es económica y ambientalmente favorable llevarlo a cabo.

    • Promover los criterios necesarios para obtener “bonos verdes” para financiar proyectos encaminados a trasladar la gestión de los residuos hacia la parte superior de la jerarquía de residuos.

    • Considerar la inclusión de la referencia de la obligación derivada del principio de “Quien contamina paga” para los residuos en todos los planes nacionales.

    • Aplicar y/o aumentar gradualmente los impuestos sobre residuos (por ejemplo, para el vertido, la incineración y las bolsas de plástico)

    • Armonizar el cálculo de las tasas de reciclado de residuos municipales.
    • Incluir “residuos de alimentos comestibles” como una categoría en los requisitos de presentación de datos de residuos en los Estado miembros
    • Promover la transparencia sobre el volumen y destino final de pre-tratamiento, el tratamiento y procesos de reciclaje, así como de los resultados ambientales derivados de opciones de reciclaje.
    • Desarrollar un tablero de seguimiento de los avances en el que se incluyan indicadores ambientales, económicos y sociales.
    • Revisar la Directiva marco de Residuos para hacer obligatorio que los residuos alimentarios se incluyan dentro de los programas nacionales de prevención de residuos, incluyendo responsabilidades claras y logros a alcanzar en un plan de acción. Estos objetivos deben ser cuantificables a partir de criterios establecidos para su medición.
    • También debería definirse la categoría de residuos alimentarios comestibles que pudiera integrarse en el Eurostat.
    • Revisar también la Directiva marco de Residuos para una clasificación alternativa o complementaria para el nuevo objetivo de “residuo doméstico o similar” al utilizado por Eurostat. Junto con objetivos de valorización y reciclado, esto alentaría las reducciones de los niveles residuales de residuos mezclados. Ello podría llevarse a cabo de forma similar a la utilizada para los residuos municipales biodegradables: con la cantidad total resultante en el año de referencia, a continuación, se establecen los objetivos de reducción establecidos durante un periodo de tiempo prolongado.
    • A propuesta de las asociaciones de envases, el Eurostat o la Agencia Europea de Medio Ambiente debería revisar los protocolos utilizados por la UE en las últimas recogidas de datos y la UE debería presentar enmiendas a la Guía del 2012 sobre este asunto.
    • Fortalecer los datos e indicadores para la supervisión y evaluación de la transición hacia una economía circular. Por ejemplo, el consumo de material secundario como un porcentaje del total del consumo de materiales es un componente clave. Un panel podría ser una opción viable para representar las múltiples facetas de la transición a la economía circular.
    • Promover la armonización y coherencia entre los distintos niveles políticos. La Agencia Europea de Medio ambiente propuso, a tal efecto, una legislación en cascada y compartir mejores prácticas a nivel municipal e inter-municipal.

Podrán encontrar el informe completo en este enlace.

 

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

La UE lanza una hoja de ruta para la evaluación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Directiva 91 /271 de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tiene como objetivo principal proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las descargas de aguas residuales urbanas,  aguas residuales de determinados sectores industriales y mezclas de aguas residuales tanto en su recogida como en su tratamiento.

Según los últimos datos disponibles, se recogen el 95% de las aguas residuales urbanas y el 85% son tratadas según los estándares fijados en la Directiva. Sin embargo, sigue habiendo retos por abordar como una gobernanza apropiada, inversiones adecuadas a las necesidades actuales y tratamientos eficaces a implementar. Después de 25 años de la aplicación de la Directiva, los cambios tecnológicos y científicos, así como los ecológicos y socioeconómicos, el aumento del turismo y la demanda social de aguas más limpias, es necesario de una revisión de la Directiva para considerar los cambios que podrían adoptarse para mejorarla y actualizarla.  Además, esta Directiva también debe adaptarse a la filosofía de la Economía Circular.

Por otra parte, también debe armonizarse con otras Directivas tales como la Directiva Marco del Agua (2000/60/EC) y la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino.

Esta evaluación se hará en base a 5 criterios: efectividad, eficiencia, coherencia, relevancia y valor añadido de la Directiva.

Para la evaluación se va a poner en marcha una consulta entre ciudadanos y stakeholders, como pueden ser industrias y servicios públicos relacionados con el agua, agentes ambientales, autoridades locales, regionales y nacionales, científicos y académicos, así como industrias. La evaluación constará de:

  • Una consulta pública on-line dirigida al gran público abierta hasta el 9 de noviembre.
  • Una conferencia con los agentes directamente implicados en la implementación de la Directiva.
  • Encuentros específicos de sub-temas identificados durante la evaluación, contactos o cuestionarios directos con agentes de organismos relevantes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta consulta complementará otras fuentes de información, así como todos los informes que se han realizado hasta ahora en materia de aguas residuales como de aguas en general.

Pueden acceder a la presentación de la evaluación completa en este enlace.

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

La Comisión exige de nuevo a España que limpie sus vertederos ilegales

La cuestión del estado de los vertederos en España ya fue señalada en el 2007 por la Comisión a raíz de una evaluación de cumplimiento de los Estados miembros de la Directiva de Residuos. En 2008 la Comisión envió a España una advertencia en la que le instaba a cerrar y restaurar 87 vertederos ilegales que, por entonces, recibían hasta 660.000 toneladas de residuos anuales. A parte, también le requería restaurar un gran número de vertederos que ya habían sido cerrados.

Ante la persistencia de la existencia de vertederos ilegales, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE “por la insuficiente gestión a la que se someten los residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia”. Por aquel entonces, la Comisión señalaba que se debían tomar medidas de clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales. Pueden acceder al anuncio de la Comisión de llevar España ante los tribunales en este enlace.

El 15 de marzo de 2017, el TJUE dicta sentencia declarando el incumplimiento respecto a las obligaciones de la Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, concretamente las derivadas de los artículos 13, relativo a la protección de la salud humana y el medio ambiente, y 15.1, sobre la responsabilidad de la gestión de residuos, ordenando, a su vez, dicha resolución judicial a la adopción de las medidas necesarias tendentes a la observancia de dichas obligaciones.

Ahora, la Comisión Europea vuelve a incidir en esta cuestión al anunciar el envío de una nueva carta de emplazamiento en los siguientes términos:

“La Comisión Europea insta a España a que adopte medidas conducentes al cierre, sellado y regeneración de todos los vertederos restantes de residuos inertes, según exige la Directiva marco sobre los residuos. Estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente. España ha incumplido los deberes de control, inspección y garantía de cumplimiento en relación con el vertido de residuos, y no ha adoptado medidas para garantizar que los productores iniciales o los poseedores de los residuos realicen el tratamiento necesario. Esto constituye un incumplimiento sistemático de las obligaciones derivadas de los artículos 13 y 15 de la Directiva. La primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas. Existen pruebas fehacientes de que todavía hay al menos trescientos treinta y ocho vertederos incontrolados pendientes de cierre o tratamiento. La Comisión envía ahora otra carta de emplazamiento, a la que España tiene dos meses para responder.”

Alexandra Farbiarz Mas

Terraqui

La UE lanza una consulta pública sobre la evaluación de la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos

En su artículo 23, la Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE , prevé que la Comisión examine la aplicación de la propia Directiva, así como su impacto en el medio ambiente y en el funcionamiento del mercado interior.

Así, pues, esta consulta es el primero de los mecanismos que la UE ha puesto en marcha para la realización de dicha revisión. Recordemos que la Directiva 2006/66/CE relativa a las baterías establece normas para la comercialización y el tratamiento de las baterías y acumuladores en la UE.

Su principal objetivo es maximizar la recogida selectiva de los residuos de pilas y acumuladores y reducir al mínimo la eliminación de las pilas gastadas como residuos municipales mixtos, para lograr un alto nivel de reciclado de todos los residuos de pilas y acumuladores.

En particular, la Directiva establece objetivos mínimos a escala nacional para la recogida de pilas portátiles gastadas y para el rendimiento mínimo de las instalaciones de reciclado. La Directiva establece restricciones para el uso de algunas sustancias peligrosas y exige que los usuarios estén debidamente informados de las características de estos productos.

La consulta consta de un cuestionario dirigido a cualquier ciudadano u organización de la UE que quiera participar en él y es parte de un ejercicio de consulta más amplio en el que también se incluyen encuestas específicas y entrevistas con actores seleccionados por la UE. El plazo para cumplimentar dicha consulta finaliza el 28 Noviembre 2017.

Se trata de un cuestionario muy genérico con muchas preguntas cerradas que buscan averiguar la idoneidad de la Directiva respecto a sus objetivos tanto a escala europea como de cada país miembro.

Pueden consultar la consulta completa en este enlace.

Alexandra Farbiarz Mas

Subscriu-te