El pasado 2 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó la evaluación de la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). El informe concluye que, si bien la Directiva ha impulsado la recogida y el reciclaje, sus resultados son insuficientes para afrontar el enorme crecimiento de este flujo de residuos.
El incumplimiento generalizado de los objetivos por parte de los Estados miembros sienta las bases para una futura reforma que podría incluir herramientas más contundentes, como la creación de un nuevo recurso propio basado en los RAEE no recogidos que deberán asumir los Estados miembros que no cumplan con los objetivos de recogida.
Principales conclusiones de la evaluación
El análisis de la Comisión, que abarca el período 2012-2023, evidencia que el marco normativo actual no ha logrado sus objetivos clave:
- Objetivos de recogida inalcanzados:
El principal indicador de fracaso es el bajo cumplimiento del objetivo de recogida del 65% (calculado sobre el peso medio de los aparatos introducidos en el mercado los tres años anteriores). En 2021, solo dos Estados miembros (Bulgaria y Eslovaquia) alcanzaron esta meta, España había alcanzado una tasa de recogida del 47,8%. Como resultado, la Comisión ya ha iniciado procedimientos de infracción contra 24 Estados miembros, señalando una falta de ambición y eficacia a nivel nacional. - La prevención y la reutilización siguen siendo testimoniales:
La evaluación confirma que la Directiva no ha proporcionado incentivos eficaces para ascender en la jerarquía de residuos. La tasa de preparación para la reutilización en la UE se mantiene en niveles muy bajos (inferior al 2%), ya que los objetivos combinados de “preparación para la reutilización y reciclado” permiten a los sistemas centrarse casi exclusivamente en el reciclaje, una opción a menudo más sencilla pero menos circular. - Recuperación de materias primas críticas (CRMs) muy deficiente:
Los objetivos actuales, basados en el peso total, desincentivan la recuperación de materiales valiosos pero ligeros, como el cobalto, el litio, el indio o las tierras raras. El informe destaca que el sistema actual no promueve el tratamiento tecnológicamente avanzado necesario para recuperar estos CRMs, que son fundamentales para la transición digital y la autonomía estratégica de la UE. - Falta de armonización y el problema de los “free-riders”:
Las diferencias en la transposición de la Directiva entre Estados miembros y, sobre todo, el auge del comercio electrónico, han agravado el problema de los “free-riders” (productores que venden en el mercado de la UE sin cumplir con sus obligaciones de financiación del sistema RAEE). Esto genera una competencia desleal y una carga financiera injusta para los productores que sí cumplen.
La contribución económica por los RAEE no recogidos: una posibilidad
Ante este panorama, la idea de la creación de un nuevo recurso propio de la Unión basado en los RAEE no recogidos ha cobrado fuerza. La implementación de este contribución económica que deberán asumir los Estados miembros que no alcancen los objetivos de recogida separada de RAEE ha ganado una base política sólida a raíz de la reciente propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, presentada el 16 de julio de 2025.
En este nuevo marco financiero, la Comisión propone crear un recurso propio basado en los RAEE no recogidos mediante la aplicación de una tasa uniforme al peso de estos residuos. Se trata de un instrumento similar a la contribución basada en los residuos de envases de plástico no reciclados.
Objetivo del nuevo instrumento
El objetivo sería doble:
- Crear un incentivo económico real para que las administraciones nacionales mejoren sus sistemas de inspección, inviertan en infraestructuras y aseguren el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor.
- Generar fondos europeos que podrían destinarse a cofinanciar la mejora de las redes de recogida o a campañas de concienciación ciudadana.
Funcionamiento del nuevo instrumento
Esta figura no sería un impuesto directo sobre los productos, sino un mecanismo de penalización por parte de la Comisión dirigido a los Estados miembros. Su funcionamiento se basaría en aplicar una contribución económica que deberán asumir los países que no alcancen los objetivos de recogida, obligándoles a internalizar económicamente las consecuencias de su mala gestión. A modo de ejemplo, en el caso de la contribución sobre los residuos de envases de plástico no reciclados, España optó por crear un impuesto que sí gravaba directamente a los productos.
Próximos pasos
La evaluación publicada es el primer paso hacia una posible revisión de la Directiva RAEE. Ahora, la Comisión Europea iniciará un proceso de estudio para analizar las diferentes opciones legislativas que permitan corregir las deficiencias detectadas.
Aunque cualquier propuesta legislativa tardará en llegar, el diagnóstico es claro: el marco actual necesita una reforma profunda que, entre otras cuestiones, podría contemplar nuevos mecanismos económicos para garantizar que, esta vez sí, se cumplan las metas.
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