Publicado en el número 15-16 de la revista Futur Energy un artículo de Maria José Meseguer en el que se analiza cómo la última modificación de la Ley de contratos del sector público establece la obligación de las Administraciones Públicas de adquirir bienes, servicios y edificios así como contratos de obra nueva y arrendamiento de edificios a que tengan un alto rendimiento energético. Esta marco regulatorio incrementa el ahorro económico y energético y la generación de empleo con la posibilidad de reforzar la capacidad de gestión de los entes públicos sin que comprometan sus presupuestos gracias a las Empresas de Servicios Energéticos, basadas en modelos de colaboración público privada.
