El Parlamento Europeo fij\u00f3 el pasado 13 de noviembre su posici\u00f3n sobre la regulaci\u00f3n de la sostenibilidad corporativa al aprobar su mandato negociador respecto a la \u00faltima propuesta de modificaci\u00f3n normativa pendiente de aprobaci\u00f3n en el marco del paquete de simplificaci\u00f3n \u201c\u00d3mnibus I\u201d (Propuesta de Directiva COM\/2025\/81 final). Con una mayor\u00eda de 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento respalda una revisi\u00f3n a la baja de las obligaciones aplicables a las empresas en virtud de las Directivas CSRD y CSDDD, con el objetivo de reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad econ\u00f3mica en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta de Directiva, defendida por el ponente J\u00f6rgen Warborn (PPE, Suecia), busca modificar dos de las normativas m\u00e1s importantes en materia de finanzas sostenibles: la Directiva sobre informaci\u00f3n de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD).<\/p>\n\n\n\n
La posici\u00f3n adoptada por el Parlamento se centra en una serie de cambios sustanciales dise\u00f1ados para aliviar la carga administrativa y de costes que, seg\u00fan argumentan, lastra a las empresas europeas:<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el ponente J\u00f6rgen Warborn, esta simplificaci\u00f3n podr\u00eda suponer un ahorro de hasta 5.000 millones de euros anuales para las empresas.<\/p>\n\n\n\n
La posici\u00f3n del Parlamento no es un mero ajuste, sino una ruptura significativa con las posturas mantenidas hasta ahora por la Comisi\u00f3n Europea y el Consejo de la UE. Mientras la Comisi\u00f3n present\u00f3 la propuesta m\u00e1s ambiciosa y el Consejo adopt\u00f3 una posici\u00f3n intermedia, el Parlamento ha optado por la v\u00eda de la m\u00e1xima simplificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La diferencia m\u00e1s notable se encuentra en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la CSRD<\/strong>. La propuesta inicial de la Comisi\u00f3n y la del Consejo establec\u00edan el umbral en 1.000 empleados<\/strong>. Al elevarlo a 1.750 empleados<\/strong>, el Parlamento reduce significativamente el n\u00famero de empresas afectadas, una diferencia que ser\u00e1 un punto clave en la negociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otro punto de ruptura fundamental es la eliminaci\u00f3n de los planes de transici\u00f3n clim\u00e1tica<\/strong> obligatorios en la directiva de diligencia debida (CSDDD). Tanto la Comisi\u00f3n como el Consejo manten\u00edan este requisito como una pieza central para asegurar que las empresas alinearan sus estrategias con los objetivos clim\u00e1ticos. La decisi\u00f3n del Parlamento de suprimirlo por completo representa el mayor distanciamiento ideol\u00f3gico entre las tres instituciones.<\/p>\n\n\n\n En lo que respecta a los umbrales de la CSDDD<\/strong> (5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturaci\u00f3n), la posici\u00f3n del Parlamento s\u00ed se alinea con la del Consejo, mostrando que ambas instituciones coinciden en limitar estas obligaciones tan exigentes a un n\u00famero muy reducido de grandes corporaciones. Sin embargo, ambas posturas rebajan considerablemente el alcance original de la Directiva, que pretend\u00eda cubrir a un conjunto mucho m\u00e1s amplio de empresas.<\/p>\n\n\n\n Con esta posici\u00f3n ya definida, el Parlamento Europeo fij\u00f3 el pasado 18 de noviembre como la fecha de inicio de la fase de tr\u00edlogos<\/strong>, las negociaciones a tres bandas con la Comisi\u00f3n y el Consejo. El objetivo es alcanzar un texto legislativo final y consensuado antes de que acabe 2025.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n<\/strong>Proximos pasos: tr\u00edlogos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
https:\/\/multimedia.europarl.europa.eu\/en\/video\/press-conference-by-jorgen-warborn-epp-se-rapporteur-on-simplified-sustainability-reporting-and-due-diligence-requirements_I280211<\/a><\/p>\n\n\n\n