Para evitar sobrepasar m\u00e1s limites planetarios y contener las problem\u00e1ticas ya existentes es necesario transformar nuestro modelo social y econ\u00f3mico para hacerlos m\u00e1s sostenibles y asegurar, as\u00ed, nuestras necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. En el \u00e1mbito internacional y de la Uni\u00f3n Europea, la noci\u00f3n de sostenibilidad impregna cada vez m\u00e1s las pol\u00edticas econ\u00f3micas y sociales y la normativa y, especialmente, aquellas dirigidas a las empresas.<\/p>\n
En este sentido, desde el plano internacional, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011<\/a> establecen que las empresas deben evitar infringir los derechos humanos de otros y deben abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que est\u00e1n involucradas en sus propias operaciones y a trav\u00e9s de sus relaciones comerciales directas e indirectas. Las L\u00edneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Gu\u00eda relacionada con la Conducta Empresarial Responsable<\/a> y las gu\u00edas sectoriales especifican y desarrollan a\u00fan m\u00e1s este concepto de diligencia debida. De hecho, en el marco de la OCDE se ampli\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la debida diligencia para cubrir los da\u00f1os ambientales. Las recomendaciones de la Declaraci\u00f3n tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la pol\u00edtica social<\/a> de la OIT tambi\u00e9n incorporan este concepto.<\/p>\n Para la Uni\u00f3n Europea, que las empresas implementen herramientas de sostenibilidad corporativa <\/strong>es una prioridad para proteger el medio ambiente y garantizar el respeto de los derechos humanos. De hecho, ya se apuntaba en el Pacto Verde Europeo<\/a> que el comportamiento de las empresas en todos los sectores de la econom\u00eda es clave para tener \u00e9xito en la transici\u00f3n de la Uni\u00f3n hacia una econom\u00eda clim\u00e1ticamente neutra. Adem\u00e1s, la Uni\u00f3n Europea considera que introducir el concepto de sostenibilidad en la econom\u00eda europea supone una garant\u00eda de competitividad y de \u00e9xito.<\/p>\n Si bien la Uni\u00f3n Europea es consciente de que hay muchas empresas que ya est\u00e1n implementando herramientas de sostenibilidad corporativa, sus investigaciones<\/a> revelan que las medidas voluntarias adoptadas por las empresas no suelen abarcar e influir todos los eslabones de las cadenas de valor. Adem\u00e1s, el progreso hacia la sostenibilidad, y, en particular, la integraci\u00f3n de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en los procesos de gobernanza empresarial siguen siendo lentos.<\/p>\n Por consiguiente, a la vista de las deficiencias detectadas, en marzo de 2021 el Parlamento Europeo aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n<\/a> en la que formulaba recomendaciones a la Comisi\u00f3n Europea sobre c\u00f3mo deb\u00eda elaborarse una futura Directiva sobre debida diligencia y responsabilidad corporativas. Asimismo, en sus Conclusiones de diciembre de 2020 sobre el plan de acci\u00f3n en relaci\u00f3n con la uni\u00f3n de los mercados de capitales<\/a>, el Consejo pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n que presentara una propuesta de marco jur\u00eddico de la Uni\u00f3n Europea sobre gobernanza empresarial sostenible, incluida la diligencia debida intersectorial de las empresas a lo largo de las cadenas de suministro mundiales.<\/p>\n A ra\u00edz de las peticiones planteadas por el Parlamento y el Consejo, la Comisi\u00f3n Europea se ha propuesto establecer unas reglas claras al respecto <\/strong>que permitan garantizar este proceso de integraci\u00f3n de la sostenibilidad en las empresas, al mismo tiempo que se otorgan garant\u00edas tanto a las propias empresas como a los consumidores. Para ello, la Comisi\u00f3n inici\u00f3 una consulta p\u00fablica abierta sobre la iniciativa de gobernanza empresarial sostenible<\/a> y, en octubre de 2020, encarg\u00f3 dos estudios sobre las obligaciones de los directivos y la gobernanza empresarial sostenible (julio de 2020)<\/a> y sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro (febrero de 2020)<\/a>. Finalmente, la Comisi\u00f3n ha presentado una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas<\/a> que es objeto de an\u00e1lisis en este art\u00edculo.<\/p>\n La Directiva propuesta por la Comisi\u00f3n busca establecer un marco horizontal para fomentar la contribuci\u00f3n de las empresas que operan en el mercado \u00fanico al respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones y a trav\u00e9s de sus cadenas de valor<\/strong>, identificando, previniendo, mitigando y contabilizando sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con sistemas de gobernanza y de gesti\u00f3n, as\u00ed como con medidas adecuados para lograr este fin.<\/p>\n Al ser un instrumento horizontal centrado en los procesos empresariales, que se aplica tambi\u00e9n a la cadena de valor, la futura Directiva se complementar\u00e1 a trav\u00e9s de otras medidas en vigor o propuestas<\/strong>, que aborden directamente algunos retos espec\u00edficos de sostenibilidad o se apliquen en algunos sectores particulares, principalmente dentro de la Uni\u00f3n; como, por ejemplo, la Directiva sobre divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n corporativa en materia de sostenibilidad<\/a> -pendiente de revisi\u00f3n<\/a>-, el Reglamento sobre la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros<\/a>, el Reglamento de taxonom\u00eda<\/a> o la propuesta de Reglamento sobre cadenas de suministro libres de deforestaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n En particular, la Directiva propuesta pretende:<\/p>\n En definitiva, el objetivo es el establecimiento de normas sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas<\/strong> en relaci\u00f3n con los impactos adversos reales y potenciales en materia de derechos humanos y medio ambiente, con respecto a sus propias operaciones, las operaciones de sus filiales y las operaciones de la cadena de valor llevadas a cabo mediante relaciones comerciales establecidas, adem\u00e1s de establecer normas sobre responsabilidad por infracciones de la obligaci\u00f3n de diligencia debida (art\u00edculo 1).<\/p>\n Las nuevas normas de diligencia debida previstas en la propuesta de Directiva se aplicar\u00e1n a las empresas y a los sectores previstos en su art\u00edculo 2. En concreto, se prev\u00e9 que se pueda aplicar la nueva normativa tanto a empresas europeas como a las de terceros pa\u00edses<\/strong>, en determinados casos que se presentan a continuaci\u00f3n.<\/p>\n En lo que respecta a las empresas de la Uni\u00f3n, se prev\u00e9 que se aplique a un primer grupo de empresas constituido por todas las empresas de responsabilidad limitada de la Uni\u00f3n Europea de tama\u00f1o y poder econ\u00f3mico considerables; entendido esto como, con m\u00e1s de 500 empleados y un volumen de negocios a nivel de todo el mundo equivalente a m\u00e1s de 150 millones de euros<\/u><\/strong>. Para este primer grupo de empresas la normativa ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n desde la entrada en vigor de la Directiva.<\/p>\n Asimismo, se aplicar\u00e1 esta normativa a un segundo grupo de empresas constituido por empresas de responsabilidad limitada con actividades en sectores considerados de gran impacto y que no alcancen los dos umbrales del primer grupo, pero que tengan m\u00e1s de 250 empleados y un volumen de negocios neto de m\u00e1s de 40 millones de euros en todo el mundo<\/u><\/strong>. Para este segundo grupo de empresas, las normas empezar\u00e1n a aplicarse dos a\u00f1os m\u00e1s tarde que para el primero.<\/p>\n Los sectores a los que se hace referencia en la norma como sectores de gran impacto son los siguientes:<\/p>\n En cuanto a las empresas de pa\u00edses terceros con actividades <\/strong>en la Uni\u00f3n, es decir, aquellas constituidas de conformidad con la legislaci\u00f3n de un tercer pa\u00eds, la normativa se les aplicar\u00e1 si cumplen una de las condiciones siguientes:<\/p>\n Seg\u00fan la propuesta la Directiva se aplicar\u00e1 a las actividades propias de la empresa, sus filiales y sus cadenas de valor<\/strong> (relaciones comerciales establecidas de forma directa o indirecta).<\/p>\n Las peque\u00f1as y medianas empresas<\/strong> (PYMEs) no entraran directamente en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva. Precisamente, en este aspecto la propuesta difiere de lo que establec\u00eda la resoluci\u00f3n<\/a> del Parlamento Europeo en la que se hac\u00edan recomendaciones a la Comisi\u00f3n Europea sobre la futura Directiva en la que se establec\u00eda que s\u00ed deb\u00eda aplicarse a la PYMEs. No obstante, pese a que las PYMEs no se encuentran en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva, podr\u00edan verse afectadas indirectamente por las nuevas reglas como resultado del efecto de las acciones de las grandes empresas en sus cadenas de valor. Por ello, la propuesta prev\u00e9 un apoyo espec\u00edfico dirigido a las PYMEs con el fin de ayudarles a integrar gradualmente las consideraciones de sostenibilidad en sus operaciones comerciales, en especial, la posibilidad de que los Estados miembros les proporcionen apoyo financiero.<\/p>\n Para cumplir con las nuevas reglas, las empresas que s\u00ed se encuentren en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva podr\u00edan verse obligadas a incurrir en gastos<\/strong> relacionados con el establecimiento de procesos y procedimientos de diligencia debida. Adem\u00e1s, las empresas tambi\u00e9n podr\u00edan tener que incurrir en costes de transici\u00f3n adicionales por las inversiones necesarias para cambiar sus propias operaciones y cadenas de valor para abordar los impactos adversos. En este sentido, se prev\u00e9 que los Estados miembros y la Comisi\u00f3n deber\u00e1n proporcionar medidas de acompa\u00f1amiento<\/strong> a las empresas que entran en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y a los agentes de las cadenas de valor mundiales que se vean indirectamente afectados (art\u00edculo 14).<\/p>\n Seg\u00fan la propuesta de Directiva (art\u00edculo 4 y 5), los Estados miembros deber\u00e1n garantizar:<\/p>\n Particularmente, los art\u00edculos 6 a 11 de la propuesta de Directiva establecen el deber de los Estados miembros de velar y garantizar que las empresas cumplan con las siguientes obligaciones en el marco de los sistemas de diligencia debida<\/strong>:<\/p>\n De acuerdo con la propuesta de Directiva, la diligencia debida deber\u00e1 llevarse a cabo respecto a todos los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente identificados en su Anexo<\/a>, <\/strong>que incluye violaciones de derechos y prohibiciones comprendidas en una serie de acuerdos de derecho internacional en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Las violaciones y prohibiciones en materia de derecho ambiental que el Anexo prev\u00e9 se corresponden con los siguientes \u00e1mbitos:<\/p>\n Adem\u00e1s, el art\u00edculo 13 de la propuesta de Directiva contempla la posibilidad de que la Comisi\u00f3n<\/strong>, con el fin de prestar apoyo a las empresas o a las autoridades de los Estados miembros sobre la forma en que las empresas deben cumplir sus obligaciones de diligencia debida, emita directrices para sectores espec\u00edficos<\/strong> que detallen impactos adversos concretos, previa consulta a la Agencia Uni\u00f3n Europea de los Derechos Fundamentales, la Agencia Europea de Medio Ambiente y, en su caso, a organismos internacionales con experiencia en diligencia debida.<\/p>\n El texto de la futura Directiva prev\u00e9 que los administradores de las empresas<\/strong> de la Uni\u00f3n Europea tendr\u00e1n un deber de cuidado<\/strong> que se sumar\u00e1 a su deber de actuar en el mejor inter\u00e9s de la sociedad (art\u00edculo 25). Espec\u00edficamente, se establece que los administradores de las sociedades de la Uni\u00f3n Europea que se encuentren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva deber\u00e1n tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de sostenibilidad, teniendo especialmente en consideraci\u00f3n los derechos humanos, el cambio clim\u00e1tico y el medio ambiente, tanto a corto como a medio y largo plazo. Se establece que los Estados miembros deber\u00e1n velar por ello mediante disposiciones de derecho interno legales, reglamentarias y administrativas que prevean el incumplimiento de este deber de cuidado.<\/p>\n Adem\u00e1s, se establece que las sociedades bajo el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva deber\u00e1n tener debidamente en cuenta el cumplimiento de las obligaciones relativas al plan corporativo de cambio clim\u00e1tico, regulado en el art\u00edculo 15 de la Directiva, y la sostenibilidad de la sociedad a la hora de fijar cualquier retribuci\u00f3n variable vinculada a la contribuci\u00f3n de un administrador a la estrategia de negocio<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, de acuerdo con el art\u00edculo 26 de la propuesta de Directiva, estos administradores tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de supervisar la aplicaci\u00f3n de los procesos y medidas de diligencia debida<\/strong> en materia de sostenibilidad corporativa y de adaptar la estrategia corporativa<\/strong> con dicha finalidad.<\/p>\n El papel de supervisar que las empresas den cumplimiento a sus obligaciones de diligencia debida corresponder\u00e1 a los Estados miembros<\/strong>, y, en tal sentido, podr\u00e1n imponer sanciones<\/strong> o emitir ordenes exigi\u00e9ndoles el cumplimiento<\/strong> debido de la Directiva (art\u00edculos 17 y 18). Para ello, la propuesta de Directiva recoge que los Estados miembros designar\u00e1n una autoridad nacional competente<\/strong> para garantizar la aplicaci\u00f3n efectiva de la Directiva (art\u00edculo 17) y que las sanciones que se impongan deber\u00e1n ser efectivas, disuasorias y proporcionadas (art\u00edculo 20). Adem\u00e1s, cuando las sanciones tengan car\u00e1cter pecuniario, deber\u00e1n ser proporcionales al volumen de negocios de la empresa (art\u00edculo 20).<\/p>\n En virtud del art\u00edculo 19 de la propuesta de Directiva, los Estados miembros deber\u00e1n habilitar una v\u00eda para que toda persona f\u00edsica o jur\u00eddica que tenga motivos para creer, sobre la base de circunstancias objetivas, que una sociedad no cumple adecuadamente las disposiciones de la Directiva, tenga derecho a presentar sus inquietudes<\/strong> en el Estado miembro de su residencia habitual, domicilio social, lugar de trabajo o lugar de la presunta infracci\u00f3n, a las autoridades de control.<\/p>\n Los afectados por da\u00f1os causados por empresas incumpliendo sus deberes de diligencia tendr\u00e1n la posibilidad de reclamar una indemnizaci\u00f3n civil<\/strong> ante los tribunales nacionales competentes cuando las empresas que se encuentran dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva hayan causado un da\u00f1o que podr\u00eda haberse identificado, prevenido o mitigado, con las medidas de diligencia debida apropiadas (art\u00edculo 22).<\/p>\n Asimismo, se introduce la obligaci\u00f3n de los Estados miembros de velar por que no se deniegue la posibilidad de exigir esta responsabilidad civil a los reclamantes por el \u00fanico motivo de que la ley aplicable no sea la legislaci\u00f3n de un Estado miembro.<\/p>\n Igualmente, la Directiva exige a los Estados miembros que adapten sus reg\u00edmenes existentes sobre responsabilidad civil para cubrir los casos en los que el da\u00f1o resulte del incumplimiento por parte de una empresa<\/strong> de las obligaciones de diligencia debida.<\/p>\n En el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea, la Comisi\u00f3n establecer\u00e1 una Red Europea de Autoridades de Supervisi\u00f3n<\/strong> que reunir\u00e1 a representantes de los organismos nacionales, con el fin de garantizar un enfoque coordinado y permitir el intercambio de conocimientos y experiencias (art\u00edculo 21).<\/p>\n La aprobaci\u00f3n de la Directiva, adem\u00e1s de imponer obligaciones a las empresas, reportar\u00e1 una serie de beneficios, no solo para las empresas, sino tambi\u00e9n para los ciudadanos, que podr\u00e1n conocer mejor el impacto de los productos que compran y los servicios que utilizan.<\/p>\n Particularmente, los ciudadanos se beneficiar\u00e1n de m\u00e1s transparencia<\/strong> y confianza <\/strong>sobre la forma en la que se fabrican los productos que adquieren y se llevan a cabo los servicios que contratan. Adem\u00e1s, se beneficiar\u00e1n de la protecci\u00f3n de los derechos humanos<\/strong> que la Directiva brinda asegur\u00e1ndose de que los modelos de negocios de las empresas son sostenibles y no implican abusos de derechos. Un objetivo final de la Directiva es conseguir un entorno m\u00e1s saludable y un mayor compromiso por parte de las empresas<\/strong> en la preservaci\u00f3n del medio ambiente<\/strong> y en la lucha contra el cambio clim\u00e1tico. Este objetivo supondr\u00e1 adem\u00e1s una mayor protecci\u00f3n para los ciudadanos, as\u00ed como un mayor incentivo para que realicen esfuerzos para proteger el medio ambiente, pues tendr\u00e1n la seguridad de que sus esfuerzos no ser\u00e1n en vano si las empresas tambi\u00e9n ponen de su parte.<\/p>\n En relaci\u00f3n con las empresas, la aprobaci\u00f3n de la Directiva supondr\u00e1 disponer de un mercado regido por reglas comunes y claras<\/strong> sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, con menos fragmentaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong> y, en consecuencia, menos inseguridad jur\u00eddica<\/strong>. El nuevo marco jur\u00eddico, tambi\u00e9n supondr\u00e1 un incentivo<\/strong> para que los consumidores se sientan m\u00e1s atra\u00eddos por los productos fabricados de forma \u00e9tica y ambientalmente sostenible<\/strong>, hecho que reportar\u00e1 un mayor beneficio para las empresas que hacen el esfuerzo de ser ambiental y socialmente responsables.<\/p>\n Igualmente, la aprobaci\u00f3n de la Directiva puede servir a las empresas para cumplir mejor con las expectativas de los inversores<\/strong>, que piden requisitos de transparencia y puntos de referencia coherentes para estar seguros de los est\u00e1ndares de diligencia debida aplicados en la cadena de valor. Adem\u00e1s, podr\u00eda servir para reforzar la gesti\u00f3n de riesgos<\/strong> y para aumentar la resiliencia de las empresas<\/strong>, al integrar mejor las consideraciones sociales, ambientales y de salud en sus estrategias empresariales.<\/p>\n La propuesta de Directiva publicada ha recibido cr\u00edticas, especialmente, por la \u201cp\u00e9rdida de ambici\u00f3n<\/strong>\u201d que ha supuesto este texto respecto a las medidas que originalmente se hab\u00edan planteado, particularmente en la resoluci\u00f3n<\/a> del Parlamento Europeo en la que se hac\u00edan recomendaciones a la Comisi\u00f3n Europea sobre la futura Directiva.<\/p>\n Entre otras cuestiones, la resoluci\u00f3n del Parlamento solicitaba a la Comisi\u00f3n que se elaborara una propuesta de Directiva que estableciese que la carga de la prueba<\/strong> a la hora de demostrar que se hab\u00eda cumplido con el deber de diligencia debida recayera sobre la empresa. En concreto, la resoluci\u00f3n establec\u00eda que, para no ser considerada responsable del da\u00f1o, fuera la empresa la que tuviese que acreditar que “ha prestado toda la diligencia debida de acuerdo con lo dispuesto en esta Directiva para evitar el da\u00f1o en cuesti\u00f3n, o que el mal se habr\u00eda producido, aunque hubieran prestado toda la diligencia debida<\/em>“. No obstante, la propuesta de Directiva aprobada por la Comisi\u00f3n no hace menci\u00f3n alguna a la carga de la prueba.<\/p>\n As\u00ed, tambi\u00e9n ha sido objeto de reproche el hecho de que se haya cambiado la denominaci\u00f3n de la Directiva<\/strong>, que inicialmente se hab\u00eda presentado como la Directiva sobre gobierno corporativo sostenible. En particular, se considera que este cambio podr\u00eda reflejar que realmente se ha reducido el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n2.\u00a0 \u00a0Contenido de la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas<\/h2>\n
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2.1.\u00a0 \u00a0Empresas obligadas al cumplimiento de la Directiva<\/h4>\n
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![](\"https:\/\/terraqui.com\/wp\/wp-content\/uploads\/1.-Empresas-obligadas.png\")
<\/a><\/p>\n2.2.\u00a0 \u00a0Diligencia debida e identificaci\u00f3n de impactos adversos reales y potenciales<\/h3>\n
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![](\"https:\/\/terraqui.com\/wp\/wp-content\/uploads\/2.-Obligaciones-de-las-empresas.png\")
<\/a><\/p>\n\n
2.3.\u00a0 \u00a0Nuevas obligaciones para los administradores de las empresas<\/h4>\n
![](\"https:\/\/terraqui.com\/wp\/wp-content\/uploads\/3.-Obligaciones-de-los-administradores.png\")
<\/a><\/p>\n2.4.\u00a0 \u00a0Mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de la Directiva<\/h4>\n
3.\u00a0 \u00a0Beneficios que reportar\u00e1 la aprobaci\u00f3n de esta Directiva<\/h2>\n
4.\u00a0 \u00a0Cr\u00edticas a la propuesta normativa presentada<\/h2>\n