{"id":3313,"date":"2019-11-05T21:08:02","date_gmt":"2019-11-05T19:08:02","guid":{"rendered":"https:\/\/pimpampum.info\/terraqui2024\/el-informe-sectorial-de-telecomunicaciones-como-causa-de-nulidad-de-una-ordenanza-sobre-condiciones-urbanisticas-de-instalacion-de-equipos-de-radiocomunicacion\/"},"modified":"2025-03-16T11:58:23","modified_gmt":"2025-03-16T10:58:23","slug":"el-informe-sectorial-de-telecomunicaciones-como-causa-de-nulidad-de-una-ordenanza-sobre-condiciones-urbanisticas-de-instalacion-de-equipos-de-radiocomunicacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.terraqui.com\/en\/actualidad\/el-informe-sectorial-de-telecomunicaciones-como-causa-de-nulidad-de-una-ordenanza-sobre-condiciones-urbanisticas-de-instalacion-de-equipos-de-radiocomunicacion\/","title":{"rendered":"El informe sectorial de telecomunicaciones como causa de nulidad de una ordenanza sobre condiciones urban\u00edsticas de instalaci\u00f3n de equipos de radiocomunicaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Mediante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Rinc\u00f3n de la Victoria (M\u00e1laga), adoptado en su sesi\u00f3n de 28 de mayo de 2012, se aprob\u00f3 definitivamente la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urban\u00edsticas de instalaci\u00f3n de equipos de radiocomunicaci\u00f3n, que fue publicada en el BOP de M\u00e1laga de 31 de agosto de 2012<\/a>.<\/p>\n

Contra dicho acuerdo, la entidad Vodafone Espa\u00f1a, S. A. U. interpuso recurso administrativo 800\/2012, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda (en adelante, TSJA) por entender que se hab\u00eda vulnerado el art\u00edculo 26.2 de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones<\/a> (en adelante, LGT).<\/u> Tambi\u00e9n aleg\u00f3 que 25 art\u00edculos de la Ordenanza vulneraban legislaci\u00f3n que era competencia de otras administraciones o \u00e1mbitos materiales, que ultrapasaban el \u00e1mbito competencial de una ordenanza municipal.<\/p>\n

Para adentrarnos en el asunto, seguidamente se reproduce el contenido del art\u00edculo 26 de la LGT regulador del derecho de ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico, el cual establece en el apartado 2 lo siguiente:<\/p>\n

    \n
  1. Los \u00f3rganos encargados de la redacci\u00f3n de los distintos instrumentos de planificaci\u00f3n territorial o urban\u00edstica deber\u00e1n recabar de la Administraci\u00f3n General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes p\u00fablicas de comunicaciones electr\u00f3nicas en el \u00e1mbito territorial a que se refieran.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

    Los instrumentos de planificaci\u00f3n territorial o urban\u00edstica deber\u00e1n recoger las necesidades de redes p\u00fablicas de comunicaciones electr\u00f3nicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog\u00eda y garantizar\u00e1n la no discriminaci\u00f3n entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector.<\/em><\/p>\n

    En este marco, el TSJA dict\u00f3 sentencia 757\/2016, de 4 de abril, con fecha 15 de julio de 2009<\/a>\u00a0, la cual estim\u00f3 parcialmente el recurso contencioso-administrativo declarando nulos los art\u00edculos 2.2, in fine, 6.3.e) y 14.3 de la Ordenanza impugnada; pero no atendi\u00f3 el motivo principal de la demanda, referente a la falta de petici\u00f3n del informe de telecomunicaciones del Ministerio de Fomento.<\/p>\n

    La tesis que mantuvo la Sala fue que no se estaba en presencia de un “instrumento de planificaci\u00f3n territorial o urban\u00edstica”<\/em>, concepto al que, en exclusiva, seg\u00fan la sala, se refer\u00eda el art\u00edculo 26.2 de la LGT. La sentencia manten\u00eda que “el hecho de que las Ordenanzas que regulan la instalaci\u00f3n de infraestructuras de telecomunicaci\u00f3n en un determinado t\u00e9rmino municipal supongan, entre otras, el ejercicio de competencias urban\u00edsticas, no convierte por ello a tales disposiciones en instrumentos de planeamiento”, <\/em>ya que la finalidad esencial de estos instrumentos no es otro que la realizaci\u00f3n de “las funciones cl\u00e1sicas de clasificaci\u00f3n y calificaci\u00f3n del suelo”, <\/em>aunque las Ordenanzas reguladoras de la implantaci\u00f3n de instalaciones de telecomunicaciones, “coadyuven a delimitarlo (el suelo), pero s\u00f3lo en referencia a un determinado tipo de uso, que adem\u00e1s no suele ser incompatible con el principal al que se destina el terreno, que es el dirigido a asentar sobre el mismo infraestructuras que sirvan a la prestaci\u00f3n del servicio universal de telecomunicaciones”. <\/em><\/p>\n

    Por todo ello, el Tribunal concluy\u00f3 que la Ordenanza impugnada “no contiene determinaciones impropias de ese tipo de ordenanzas, pues no se adentra en cuestiones urban\u00edsticas o de ordenaci\u00f3n del territorio. No clasifica suelo ni regula el contenido urban\u00edstico del mismo, sino que se limita a establecer los requisitos para la instalaci\u00f3n de la antena en los suelos que ya tienen la clasificaci\u00f3n correspondiente prevista y definida en la norma urban\u00edstica. La citada ordenanza no es, en definitiva, expresi\u00f3n del ejercicio de la potestad urban\u00edstica pues los instrumentos de planificaci\u00f3n territorial o urban\u00edstica a que se refiere el art\u00edculo,… pues expresan una \u00fanica finalidad: la implantaci\u00f3n de instalaciones de telecomunicaciones, aunque para ello se hagan, como es natural, referencias a las ordenanzas urban\u00edsticas, los tipos de suelo, y su uso”.<\/em><\/p>\n

    En consecuencia, la entidad Vodafone Espa\u00f1a, S. A. U. compareci\u00f3 ante el Tribunal Supremo, solicitando dejar sin efecto la Ordenanza Municipal y declarar la nulidad de la misma al haber sido aprobada por el Ayuntamiento de Rinc\u00f3n de la Victoria incumpliendo el procedimiento legalmente establecido al haber sido aprobada sin recabar el preceptivo y vinculante informe sectorial de telecomunicaciones exigido por el art\u00edculo 26 LGT<\/a>. Todo ello en ello en base a lo dispuesto en el art\u00edculo 62.1 e) de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan<\/a>. De manera subsidiaria solicit\u00f3 la nulidad de varios preceptos de la norma.<\/p>\n

    Finalmente, a trav\u00e9s de la sentencia n\u00fam. 1.368\/2019 de fecha 15\/10\/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo<\/a><\/strong>, se estim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n <\/strong>interpuesto por la entidad Vodafone Espa\u00f1a, S. A. U. contra la sentencia n\u00ba 757\/2016, de 4 de abril<\/strong>.<\/p>\n

    Los motivos aducidos por la actora se fundamentaron en:<\/strong><\/p>\n