El pasado 27 de octubre de 2016 el TS anul\u00f3 el apartado 9.b) de la disposici\u00f3n adicional segunda del Real Decreto 876\/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (de ahora en adelante RGC). Este precepto desarrolla el apartado 1 de la disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de costas (LC), relativa a las urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres.<\/p>\n
El procedimiento se inici\u00f3 a iniciativa de Port D’Empuriabrava, S.A, ante el TS, contra el RGC.<\/p>\n
En el escrito de demanda, la Entidad solicit\u00f3:<\/p>\n
\u00a0<\/em><\/strong>Esta pretensi\u00f3n fue rechazada por el TS ya que consider\u00f3 que no se produc\u00edan los defectos formales manifestados por la recurrente y que los contenidos de la norma eran suficientes.<\/p>\n Seg\u00fan la recurrente estos art\u00edculos desarrollan y complementan algunos de los elementos necesarios para la cuantificaci\u00f3n del tributo de referencia. A pesar de ello, considera que introducen innovaciones que afectan sustancialmente a la cuant\u00eda del canon; en concreto, menciona que el art\u00edculo 184 del RGC determina la superficie del dominio p\u00fablico o el aprovechamiento, cuya valor, a su vez, depende de dos factores (la tipolog\u00eda de los bienes ocupados y el tipo de gravamen), siendo, pues, el nuevo RGC el que concreta como se determina el valor del bien. Sin embargo, el TS desestima la pretensi\u00f3n y se refiere a la STS de 5 de julio de 2016 (RC 1644\/2016).<\/p>\n La recurrente considera vulnerado el art\u00edculo 132.2 CE, al excluir del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre determinados espacios enclavados f\u00edsicamente en la zona mar\u00edtimo- terrestre y conectados permanentemente con el mar territorial, citando, a tal efecto, la doctrina establecida en la STC 149\/1991, y otras posteriores del Tribunal Constitucional, as\u00ed como la Audiencia Nacional y este Tribunal Supremo.<\/p>\n La recurrente a\u00f1ade que tal decisi\u00f3n reglamentaria implica la privatizaci\u00f3n de una porci\u00f3n o parte de la zona mar\u00edtimo-terrestre, en contra de la Constituci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial citada. Tambi\u00e9n considera infringido el art\u00edculo 9.3 CE por excluir del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre los espacios expresados, de forma absolutamente arbitraria, que no puede entenderse justificada.<\/p>\n El TS desestima dichas pretensiones y se refiere a la respuesta dada por el Tribunal Constitucional en la STC 233\/2015, de 5 de noviembre donde se menciona que las normas que se dicen vulneradas s\u00f3lo son de \u00edndole constitucional. El TC entiende que se trata de una regulaci\u00f3n que preserva en lo fundamental el car\u00e1cter demanial de los terrenos inundados que, por su condici\u00f3n de canales navegables, presentan una necesaria continuidad f\u00edsica con el dominio p\u00fablico preservado por el art. 132.2 CE al quedar en comunicaci\u00f3n permanente con la zona mar\u00edtimo-terrestre y el mar territorial, lo que los hace sensibles a los fen\u00f3menos naturales propios de la din\u00e1mica litoral. Finalmente el TC argumenta que la limitada excepci\u00f3n de los estacionamientos n\u00e1uticos no desborda el margen de configuraci\u00f3n legal del que dispone el legislador, y puede considerarse acorde con la citada doctrina.<\/p>\n La recurrente alega que bajo la apariencia formal de una simple norma adicional crea una norma de derecho transitorio para regular los efectos de la nueva disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima (Urbanizaciones mar\u00edtimo terrestres) de la LC, introducida en la misma por la Ley 2\/2013, de 29 de mayo, contraviniendo el r\u00e9gimen transitorio previsto en esta misma. En concreto, la entidad aduce que el objeto de la Disposici\u00f3n Adicional D\u00e9cima introducida por la Ley de 2013 en la LC de 1988 fue la regulaci\u00f3n de las urbanizaciones mar\u00edtimo terrestres, pero, se expone, limitadas a aquellas que se constituyeran despu\u00e9s del 31 de mayo de 2013, fecha en la que la Ley de 2013 entr\u00f3 en vigor, exponiendo las razones en la que se fundamentaba tal interpretaci\u00f3n pro futuro.\u00a0 Y que con la nueva regulaci\u00f3n del apartado 9 de la Disposici\u00f3n Adicional reglamentaria declara que el r\u00e9gimen instaurado por la Ley de 2013 es de aplicaci\u00f3n a las marinas construidas antes del 29 de abril de 1988, vulnerando los preceptos constitucionales y legales de precedente cita y alterando los presupuestos econ\u00f3mico-financieros del contrato concesional.<\/p>\n En segundo lugar la recurrente invoca la infracci\u00f3n de los principios de seguridad jur\u00eddica e irretroactividad contenidos en el art\u00edculo 9.3 de la CE y 2.3 del C\u00f3digo Civil, al incurrir en extralimitaci\u00f3n de la potestad reglamentaria, pues se altera una situaci\u00f3n jur\u00eddica producida antes del 12 de febrero de 2014, fecha de entrada en vigor del RGC, y cuyos efectos estaban completamente consumados.<\/p>\n Al respecto, el TS aclara que el apartado 9.a) de la Disposici\u00f3n Adicional reglamentaria Segunda fue anulado ya en la STS de 8 de septiembre de 2016, en relaci\u00f3n con la fecha de la exigencia de la inscripci\u00f3n registral de los establecimientos n\u00e1uticos individuales o colectivos<\/u>.<\/p>\n La recurrente alega la infracci\u00f3n del principio de reserva de ley en materia de presunciones (art\u00edculo 385 de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, LEC), en l\u00ednea con la doctrina elaborada por el TS en la STS de 12 de febrero de 2012, y tambi\u00e9n la invasi\u00f3n il\u00edcita de competencias exclusivas de la Generalidad de Catalu\u00f1a en materia de puertos e instalaciones portuarias, conforme al art\u00edculo 140.1 de la Ley Org\u00e1nica 6\/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a.<\/p>\n Seg\u00fan la recurrente el RGC vulnera el apartado 5 de la Disposici\u00f3n Adicional D\u00e9cima de la LC, introducida por la Ley de 2013, la cual establece que:<\/p>\n “Las obras para la construcci\u00f3n de los canales navegables y los establecimientos n\u00e1uticos a que se refiere la letra a) del apartado 3, precisar\u00e1n del correspondiente t\u00edtulo administrativo para su realizaci\u00f3n y en ning\u00fan caso afectar\u00e1n a tramos de costa que constituyen playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente”.<\/em><\/p>\n Cabe recordar que el apartado 9b de la DA 2a del RGC viene a establecer la presunci\u00f3n de la existencia del citado t\u00edtulo, salvo prueba en contrario:<\/p>\n “9. En las urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres existentes a la entrada en vigor de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, se tendr\u00e1 en cuenta lo siguiente:<\/em><\/p>\n \u00a0b) Se presumir\u00e1 la existencia del t\u00edtulo administrativo necesario seg\u00fan la legislaci\u00f3n de puertos y costas, a los efectos previstos en la letra a) del apartado 4, salvo prueba en contrario, para las construcciones existentes a la entrada en vigor de este Reglamento.\u201d<\/em><\/p>\n As\u00ed pues, la demandante alega que este apartado 9 b) vulnera el principio de reserva de ley en material de presunciones establecido en el art\u00edculo 385 de la LEC, en relaci\u00f3n con la doctrina establecida por el TS (STS de 12 de febrero de 2002), y, tambi\u00e9n que invade las competencias exclusivas de la Generalidad de Catalu\u00f1a en materia de puertos e instalaciones portuarias.<\/span><\/p>\n Con lo cual, invoca que la norma impugnada establece una presunci\u00f3n iuris tantum<\/span>, es decir, admitiendo prueba en contrario<\/span>, como expresamente se dice en la norma sobre la concurrencia de la correspondiente habilitaci\u00f3n administrativa para haber realizado los establecimientos n\u00e1uticos de referencia, sobre cuya exigencia, bien por la legislaci\u00f3n estatal, bien por la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica, con arreglo a la correspondiente legislaci\u00f3n, no pueden existir dudas.<\/p>\n A todo ello, el TS manifiesta que la presunci\u00f3n de la norma relativa a la existencia del t\u00edtulo administrativo de referencia “para las construcciones existentes a la entrada en vigor de este Reglamento” no puede ser establecida en una norma reglamentaria como la impugnada, produci\u00e9ndose, pues, la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 385 de la LEC que regula las “presunciones legales”.<\/span><\/p>\n En consecuencia, el TS estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 929\/2014 interpuesto por la entidad Port D’Empuriabrava, S. A., contra Reglamento General de Costas, y anula, exclusivamente, el apartado 9.b) de su Disposici\u00f3n Adicional Segunda.<\/strong><\/p>\n\n
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