El recurso de casaci\u00f3n se dirige contra la Sentencia dictada por la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, de fecha 17 de abril de 2013, por la que se desestim\u00f3 el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Estanislao y do\u00f1a Delia contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, de 10 de noviembre de 2010, citado anteriormente.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos generales, el objeto de la 13\u00aa Modificaci\u00f3n Puntual <\/b>consist\u00eda en la rectificaci\u00f3n aclaratoria de las determinaciones estructurales de dicho \u00e1mbito y su ordenaci\u00f3n pormenorizada, con divisi\u00f3n en dos unidades de ejecuci\u00f3n, as\u00ed como una serie de determinaciones con rango normativo de Estudio de Detalle.<\/p>\n\n\n\n
Respecto la unidad de ejecuci\u00f3n 11A Munibe, el documento urban\u00edstico <\/b>se basa en dar una respuesta arquitect\u00f3nica<\/b> de cierre de edificaci\u00f3n al testero (parte triangular superior de la fachada de un edificio) que present\u00f3 el grupo San Fernando. Se pretende adem\u00e1s dotar de una buena comunicaci\u00f3n<\/b> a la calle interior San Fernando as\u00ed como a\u00f1adir una peque\u00f1a zona verde<\/b> que mejora considerablemente el \u00e1rea libre del interior del grupo.<\/p>\n\n\n\n
Por lo que se refiere a la unidad de ejecuci\u00f3n 11B Castilla<\/b>, el documento urban\u00edstico pretende reformar una parte sustancial de una manzana cuya situaci\u00f3n estrat\u00e9gica dentro del \u00e1rea central<\/b> justifica una operaci\u00f3n que combine el uso residencial y el comercial<\/b>. En este sentido, m\u00e1s del 50% de su superficie edificable se destinar\u00e1 a usos incluidos en el global terciario, debi\u00e9ndose garantizar una oferta comercial variada, basada en el modelo de “centro comercial” urbano que sirva de elemento focalizador y de atracci\u00f3n comercial para el n\u00facleo urbano de influencia. A este fin, la superficie de uso comercial propiamente dicho abarcar\u00e1 al menos el 75% del total terciario.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo la 13\u00aa Modificaci\u00f3n Puntual no llev\u00f3 a cabo el procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental establecido en la legislaci\u00f3n sectorial de aplicaci\u00f3n<\/b>.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, no est\u00e1 de m\u00e1s recordar que el objeto del presente plan inicialmente se llev\u00f3 a cabo por la v\u00eda de la aprobaci\u00f3n del Plan Especial de Ordenaci\u00f3n y Usos del a\u00f1o 2001, el cual ya fue anulado por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 26 de junio de<\/b> 2009<\/b>, ya que contradijo y modific\u00f3 lo dispuesto en el modelo general de rehabilitaci\u00f3n comercial que respecto a dicho \u00e1mbito ya hab\u00eda trazado el plan general.<\/p>\n\n\n\n
Pues bien, en este contexto, entre los motivos de casaci\u00f3n aducidos por los recurrentes en el presente recurso relativo a la 13\u00aa Modificaci\u00f3n Puntual del Plan General de Ordenaci\u00f3n Urbana, la mayor parte fueron inadmitidos, y sobre el resto, el que prosper\u00f3 fue el relativo a la infracci\u00f3n de la legislaci\u00f3n del procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica<\/b>.<\/p>\n\n\n\n
En concreto, se aleg\u00f3 que el documento urban\u00edstico carec\u00eda de estudio ambiental y de informe de sostenibilidad ambiental, que se vulner\u00f3 el art\u00edculo 15 del <\/b>Real Decreto Legislativo 2\/2008, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, los <\/b>art\u00edculos 37<\/b> a <\/b>42<\/b><\/span> y 123 a 135 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 161 del <\/b>Reglamento de Planeamiento<\/b><\/a>, tambi\u00e9n los art\u00edculos 3 y 4 de la <\/b> Ley 9\/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci\u00f3n de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente <\/a> y que por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 62.2 de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan (<\/b>LRJPAC<\/a>) <\/b> acarreaban la nulidad del acuerdo impugnado<\/b>, toda vez que este vulneraba los art\u00edculos 3, 51 y 52 de la LRJPAC y los art\u00edculos 9, 45, 103 y 106 de la CE .<\/p>\n\n\n\n Al respecto, cabe recordar que el art\u00edculo 15 del TRLS, regulador de la evaluaci\u00f3n y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, establece que los instrumentos de ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica est\u00e1n sometidos a evaluaci\u00f3n ambiental de conformidad con lo previsto en la legislaci\u00f3n de evaluaci\u00f3n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente<\/b> y en este art\u00edculo, sin perjuicio de la evaluaci\u00f3n de impacto ambiental<\/b> de los proyectos que se requieran para su ejecuci\u00f3n, en su caso.<\/p>\n\n\n\n