El Real Decreto 815\/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y el desarrollo de la Ley 16\/2002 establece, en su art\u00edculo 24, apartado 1, que \u201clas actas de inspecci\u00f3n son documentos p\u00fablicos\u201d y en su apartado 5 que \u201cLos \u00f3rganos competentes publicar\u00e1n el informe de la actuaci\u00f3n realizada en un plazo m\u00e1ximo de cuatro meses, sin m\u00e1s limitaciones que las establecidas en la Ley 27\/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, de participaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En cualquier caso, respecto al acceso p\u00fablico a las actas de inspecci\u00f3n y a los informes que forman parte de un expediente administrativo, la jurisprudencia ya ha dejado claro que no es de aplicaci\u00f3n la excepci\u00f3n establecida en el articulo 13.1 d) de la Ley 27\/2006, la cual establece que las autoridades p\u00fablicas podr\u00e1n denegar las solicitudes de informaci\u00f3n ambiental cuando \u201cla solicitud se refiera a material en curso de elaboraci\u00f3n o a documentos o datos inconclusos\u201d. Y ello, al tratarse tanto las actas de inspecci\u00f3n como los informes de documentos concluidos.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, a la luz de numerosos pronunciamientos judiciales, entre los que destaca la importante sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004, no podr\u00eda invocarse esta excepci\u00f3n (art. 13.1 d) de la Ley 27\/2006) para los expedientes sin terminar, si las actas de reuniones, anteproyectos de leyes -formalmente calificados como tales-, proyectos de reglamentos -que ya est\u00e9n enviados a \u00f3rganos externos al Ministerio-, informes u otros documentos (por ejemplo, actas de inspecci\u00f3n) que forman parte de los expedientes constituyen un aut\u00e9ntico soporte de informaci\u00f3n, considerados aisladamente, por estar dotados de sustantividad y esencia propia. Tampoco podr\u00eda oponerse que la informaci\u00f3n est\u00e1 inconclusa porque falta constatarla o compararla con otros elementos o datos. Debe realizarse, por tanto, una interpretaci\u00f3n restrictiva de esta excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Plasmando esta l\u00ednea jurisprudencial sobre acceso a documentos concluidos, tambi\u00e9n cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2011 que, en su fundamento jur\u00eddico 2, establece que: \u201c\u2026no se puede confundir -como pretende la Administraci\u00f3n recurrente- un \u201cinforme inconcluso\u201d-es decir en fase de borrador, pendiente todav\u00eda por ejemplo de firma por su autor, o de su preceptiva conformidad por el jefe de la unidad t\u00e9cnica correspondiente- con un \u201cexpediente inconcluso\u201d en el que figuran sucesivos informes -todos ellos \u201cconclusos\u201d- a los que se podr\u00e1n ir a\u00f1adiendo nuevos datos o resultados de distinto signo conforme avancen las distintas fases del procedimiento administrativo. En este segundo supuesto de \u201cexpediente inconcluso\u201d o inacabado, porque todav\u00eda carece de resoluci\u00f3n final de archivo, los documentos a \u00e9l incorporados (\u2026) son documentos evidentemente conclusos, aunque el procedimiento administrativo todav\u00eda no haya finalizado y no se excluya la posibilidad de que se emitan luego otros informes conforme a los nuevos datos que, en su caso, vayan apareciendo durante la ejecuci\u00f3n del proyecto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Con la nueva regulaci\u00f3n del Real Decreto 815\/2013 sobre las actas de inspecci\u00f3n y los informes sobre las actuaciones realizadas ya no cabe ning\u00fan tipo de dudas sobre esta cuesti\u00f3n y son, por tanto, de acceso p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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