![\"La](\"https:\/\/terraqui.com\/wp\/wp-content\/uploads\/lavanguardia-2-366x1024.jpg\")
<\/a><\/p>\nEn un contexto de crisis, la tentaci\u00f3n de la clase pol\u00edtica de ofrecer a la opini\u00f3n p\u00fablica “proyectos de pa\u00eds” para justificar una mejora de la econom\u00eda choca, con demasiada frecuencia, con la obligaci\u00f3n constitucional de los poderes p\u00fablicos de utilizar de forma racional los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas y de defender y restaurar el medio ambiente.<\/p>\n No son pocas las situaciones en que se aprueban leyes o planes urban\u00edsticos a la carta para rebajar niveles de protecci\u00f3n ambiental y permitir as\u00ed la legalizaci\u00f3n o la autorizaci\u00f3n de obras y actividades declaradas ilegales por los tribunales.<\/p>\n Este criterio legislativo de “oportunidad” implica, por lo general, poner en manos privadas la explotaci\u00f3n de recursos naturales de car\u00e1cter p\u00fablico, para privatizar los beneficios en relaci\u00f3n a su uso y externalizar a la sociedad y las generaciones futuras los costes que genera su impacto ambiental negativo. Este proceder impide, adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n del principio de que quien contamina paga.<\/p>\n Esta pr\u00e1ctica parlamentaria de validaci\u00f3n legislativa no s\u00f3lo supone una clara interferencia del poder legislativo en el poder judicial, contraria al principio de divisi\u00f3n de poderes, sino tambi\u00e9n un efecto llamada hacia el incumplimiento de la legislaci\u00f3n ambiental porque las sentencias, al final, no se ejecutan y, en definitiva, se da una discriminaci\u00f3n respecto al resto de la ciudadan\u00eda que s\u00ed cumple la ley.<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n, y en una l\u00ednea jurisprudencial acorde con la exigencia constitucional de protecci\u00f3n del medio ambiente, va tomando fuerza de forma incipiente en los tribunales el denominado principio de no regresividad ambiental. Seg\u00fan este principio, la normativa no deber\u00eda ser modificada si esto implica un retroceso de los niveles de protecci\u00f3n ambiental ya alcanzados.<\/em><\/p>\n Christian Morron<\/strong>
\nAbogado del despacho Terraqui, especializado en derecho ambiental<\/p>\n