El caso europeo<\/u><\/p>\n
El pasado 23 de mayo, 10 fam\u00edlias europeas de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Kenia, Fiyi y la Asociaci\u00f3n Saami de J\u00f3venes S\u00e1minuorra (Suecia) acompa\u00f1ados por m\u00e1s de 30 ONG, organizadas a trav\u00e9s de la entidad People\u2019s Climate Case<\/a>, presentaron ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea una demanda contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE por su falta de acci\u00f3n ante el cambio clim\u00e1tico y sus repercusiones en sus derechos fundamentales puesto que ha afectado a sus casas, sus formas de vida, su trabajo y su cultura. Pueden ver en este v\u00eddeo<\/a> una explicaci\u00f3n de los demandantes y una de sus abogadas sobre qu\u00e9 impactos est\u00e1n sufriendo (impactos sobre el medio ambiente, sus trabajos- silvicultura, agricultura, ramader\u00eda, apicultura- y su cultura) y los motivos que les han llevado a presentar su recurso. El pasado 13 de agosto, el TJUE acept\u00f3 la demanda a tr\u00e1mite lo que supone un paso m\u00e1s en lo que algunos juristas llaman el derecho clim\u00e1tico.<\/p>\n El recurso<\/a> solicita que se:<\/p>\n Los demandantes esgrimen que la Uni\u00f3n Europea vulnera derechos fundamentales protegidos por la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea<\/a> como consecuencia del cambio clim\u00e1tico, sobre todo en lo que respecta al:<\/p>\n Adem\u00e1s, los demandantes se\u00f1alan que \u201clos objetivos autorizan emisiones en cantidades que superan ampliamente la cuota equitativa que corresponde a la Uni\u00f3n del total de emisiones que establecen los objetivos del acuerdo de Par\u00eds\u201d.<\/p>\n Por otro lado, los demandantes tambi\u00e9n recuerdan que el Tratado de la Uni\u00f3n Europea, en su art\u00edculo 191<\/a> \u00a0establece que la pol\u00edtica de la UE debe contribuir, a trav\u00e9s de sus pol\u00edticas ambientales, a alcanzar los siguientes objetivos:<\/p>\n Apuntan, a su vez, que la Uni\u00f3n Europea ya ha incumplido muchos de estos objetivos que se hab\u00edan marcado anteriormente, as\u00ed como sus compromisos adoptados ante la Convenci\u00f3n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim\u00e1tico.<\/p>\n Todo ello ha supuesto da\u00f1os materiales a algunos de los demandantes y puede seguirles ocasion\u00e1ndoles en el futuro, por lo que los demandantes solicitan que las pol\u00edticas europeas vayan m\u00e1s all\u00e1 de los objetivos actualmente fijados, explicados en el inicio de este art\u00edculo.<\/p>\n El caso americano<\/u><\/p>\n Este caso se enmarca en el llamado Atmospheric Trust Litigation<\/em> (ATL), concepto acu\u00f1ado por Mary Wood<\/a> de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oreg\u00f3n. El ATL engloba una serie de pleitos tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, por el cual se presentan casos con el objetivo de responsabilizar a los gobiernos de todo el mundo para reducir la contaminaci\u00f3n de gases de efecto invernadero dentro de sus jurisdicciones y de este modo mitigar el impacto del cambio clim\u00e1tico en las actuales y futuras generaciones. Este concepto se basa en que los gobiernos han sido elegidos por el pueblo y, por lo tanto, tienen el deber de proteger los sistemas naturales necesarios para su supervivencia.<\/p>\n El ATL viene a inscribirse dentro de la Public Trust Doctrine<\/em> (pueden acceder a esta presentaci\u00f3n<\/a> del investigador legal en cambio clim\u00e1tico, contaminaci\u00f3n atmosf\u00e9rica y derechos humanos, Sam Vasvatian de la Universidad de Negocios y Ciencias aplicadas de Lituania para conocer los principios b\u00e1sicos del Public Trust Doctrine<\/em>), que requiere que el gobierno est\u00e1 obligado a mantener los recursos naturales vitales en fideicomiso para los beneficiarios p\u00fablicos, protegiendo as\u00ed esos recursos del monopolio o destrucci\u00f3n por parte de intereses privados.<\/p>\n En el caso americano, denominado Juliana vs Estados Unidos, 21 j\u00f3venes, algunos menores de edad, acompa\u00f1ados por la ONG OUR Children\u2019s Trust<\/a>, interpusieron una demanda primero ante el tribunal del Estado de Oreg\u00f3n, que rechaz\u00f3 aceptar el caso a tramitaci\u00f3n, por lo que posteriormente se elev\u00f3 a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se\u00f1alar que la Corte Suprema tiene la facultad de revisi\u00f3n judicial as\u00ed como la de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los\u00a0poderes ejecutivos\u00a0federal y estatales, no siendo sus decisiones apeladas.<\/p>\n A pesar de los reiterados intentos de la administraci\u00f3n Trump para evitar que la Corte Suprema aceptara estudiar el caso y llevarlo a tr\u00e1mite, el pasado 30 de julio el caso Juliana vs Estados Unidos fue finalmente aceptado.<\/p>\n En este supuesto, los j\u00f3venes denuncian que se han amenazado sus derechos fundamentales puesto que los Estados Unidos subvencionaron al sector de las energ\u00edas f\u00f3siles a sabiendas, desde hace ya muchas d\u00e9cadas, que esto supone un riesgo importante para el medio ambiente y para los ciudadanos americanos y sus futuras generaciones.<\/p>\n El historial del denominado caso Juliana vs Estados Unidos en el tribunal puede consultarse en este enlace<\/a>.<\/p>\n Estos dos casos no son los primeros en los que se demanda a administraciones p\u00fablicas exigiendo mayores compromisos para mitigar los efectos del cambio clim\u00e1tico. Recordemos el caso de los Pa\u00edses Bajos en que la fundaci\u00f3n Urgenda gan\u00f3 el litigio defendido por el abogado Roger Cox<\/a> contra las autoridades holandesas pidi\u00e9ndoles a \u00e9stas que deb\u00edan realizar pol\u00edticas con niveles de emisi\u00f3n m\u00e1s bajos que los se\u00f1alados por la UE debido a que las negativas consecuencias clim\u00e1ticas previstas para Holanda en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. En su fallo, el tribunal de Hague impuso al Gobierno una reducci\u00f3n del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el a\u00f1o 2020, estableciendo que las actuales pol\u00edticas clim\u00e1ticas holandesas que apuntan a una reducci\u00f3n del 16% en 2020 son ilegales por las posibles consecuencias catastr\u00f3ficas que puede acarrear el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n Our Children\u2019s Trust tambi\u00e9n apoya en demandas interpuestas a los estados de Australia, B\u00e9lgica, Canad\u00e1, Colombia, Filipinas, Francia, Ingia, Noruega, Pakistan, Uganda, Ucrania y Reino Unido.<\/p>\n As\u00ed pues, vemos que, en los dos casos descritos y aceptados por las m\u00e1ximas instancias judiciales de la Uni\u00f3n Europea y de los Estados Unidos, los demandantes utilizan la v\u00eda judicial para denunciar a las administraciones por una falta de adecuaci\u00f3n legal que impide mitigar los efectos del cambio clim\u00e1tico que afectan desde hace a\u00f1os todo el planeta, con el objetivo de revertir la situaci\u00f3n y ponerla en base a las previsiones de la comunidad cient\u00edfica, que alerta que estos cambios pueden ser mayores de lo que se preve\u00edan en a\u00f1os anteriores. Y se hace en base a la inacci\u00f3n clim\u00e1tica por parte de las autoridades por lo que se les reclama la aplicaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n y desarrollo de derechos fundamentales en ambos casos.<\/p>\n\n
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