El C\u00f3digo Penal, respecto a la comisi\u00f3n de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente as\u00ed como los relativos a actividades de gesti\u00f3n de residuos, prev\u00e9 para las personas f\u00edsicas autores de dichos tipos delictivos la imposici\u00f3n conjunta de las penas de prisi\u00f3n, multa e inhabilitaci\u00f3n especial para profesi\u00f3n u oficio. Se trata, pues, de una norma imperativa que lo \u00fanico que permite al Tribunal sentenciador es individualizar cada una de aqu\u00e9llas a las circunstancias del autor y del caso, pero no prescindir facultativamente alguna de dichas penas.<\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a la pena de inhabilitaci\u00f3n especial para profesi\u00f3n u oficio, la sentencia debe concretar expresa y motivadamente el objeto de la inhabilitaci\u00f3n, requiri\u00e9ndose que la misma deba tener una conexi\u00f3n o relaci\u00f3n directa con el delito cometido, de tal modo que una inhabilitaci\u00f3n general ser\u00eda incompatible con el derecho constitucional al trabajo, convirti\u00e9ndose en una especie de \u201ccondena al hambre\u201d.<\/p>\n
El alcance de esta inhabilitaci\u00f3n puede plantear problemas a los tribunales, como en el caso acontecido de condena de inhabilitaci\u00f3n por tiempo de tres a\u00f1os impuesta al administrador de una mercantil para el ejercicio de la profesi\u00f3n de gestor de residuos o asimilable, el cual, a su vez, fue condenado a 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, concretamente, por gestionar durante 4 a\u00f1os de forma incorrecta aparatos el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos, que trataba como chatarra sin extraer los gases refrigerantes, emitiendo a la atm\u00f3sfera un m\u00ednimo de de 54.537,262 kilos de gases CFC que destruyen la capa de ozono, equivalentes a una emisi\u00f3n en CO2 de 174.511.954 kilos.<\/p>\n
Se da la circunstancia que el condenado era el administrador de un grupo empresarial, constituido por diversas sociedades dedicadas a la gesti\u00f3n de residuos, por medio de las cuales manten\u00eda importantes y plurales contratos con la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica en actividades relacionadas con la materia sancionada, y los responsables de los distintos servicios p\u00fablicos no ten\u00edan claro hasta donde deb\u00edan apreciar la inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n
Ante tal disyuntiva, el Tribunal adopta, a instancias del Ministerio Fiscal,\u00a0el criterio por el que no es posible que la Administraci\u00f3n pueda contratar con ninguna persona f\u00edsica inhabilitada o jur\u00eddica cuyas acciones fueran dirigidas de manera determinante por dicho sujeto inhabilitado, acordando, consecuentemente, que la administraci\u00f3n auton\u00f3mica:<\/p>\n