La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 4 de diciembre de 2014 en materia de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art\u00edculo 325 del C\u00f3digo Penal), ha condenado a 5 personas a penas que van de los 4 a\u00f1os y un mes a los 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n, a multas de 14.400 \u20ac a 2.340 \u20ac, a indemnizaciones a la Comunidad de Madrid de 28.772 \u20ac a 20.140 \u20ac, y de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio profesional de gesti\u00f3n de residuos durante un per\u00edodo de cuatro a\u00f1os a de un a\u00f1o y seis meses.<\/p>\n
Los hechos se remontan al per\u00edodo 2007-2010, y van referidos a un circuito para el desv\u00edo y explotaci\u00f3n ilegal de aparatos frigor\u00edficos, en el que interven\u00edan diversas empresas gestoras de residuos de dicha CCAA.<\/p>\n
En el n\u00facleo de esta trama investigada por el Servicio de Protecci\u00f3n de la Naturaleza de la\u00a0 Guardia Civil (SEPRONA) estaban las empresas Triturados F\u00e9rricos SL y Recuperaciones Nieto SL, dedicadas a la actividad de almacenamiento y trituraci\u00f3n de metales f\u00e9rreos y no f\u00e9rreos, que contaban exclusivamente con autorizaci\u00f3n administrativa para intervenir en el tratamiento y gesti\u00f3n de residuos no peligrosos, las cuales compraban frigor\u00edficos bajo la denominaci\u00f3n de “chapajo” o de “l\u00ednea blanca”, proced\u00edan a su fragmentaci\u00f3n, en un n\u00famero de 2.236 aparatos, introduci\u00e9ndolos con otros residuos met\u00e1licos en la m\u00e1quina trituradora de gran capacidad que ten\u00edan instalada, liberando de este modo a la atm\u00f3sfera los gases contenidos en sus circuitos y espumas aislantes -concretamente se liberaron a la atm\u00f3sfera 3.378 toneladas de CO2 equivalente-.<\/p>\n
De entre los proveedores de dichos residuos de aparatos el\u00e9ctricos y electr\u00f3nicos (RAEE), mayoritariamente gestores de residuos no peligrosos dedicados al transporte y tratamiento de metales f\u00e9rricos y no f\u00e9rricos, se encontraba un concesionario del Ayuntamiento de Madrid, la U.T.E. \u201cVertederos de Residuos S.A.-Senda Ambiental S.A.\u201d (VERTRESA), que recog\u00eda la totalidad de los frigor\u00edficos que proced\u00edan de puntos limpios y de la recogida de voluminosos en la v\u00eda p\u00fablica de dicho municipio.<\/p>\n
En este caso, al parecer del Tribunal queda acreditado el cumplimiento de los tres elementos del tipo penal aplicable (art\u00edculo 325 del C\u00f3digo Penal) para imponer un fallo condenatorio:<\/p>\n
Aunque las actividades de los condenados dispusieran de autorizaci\u00f3n para la gesti\u00f3n de otro tipo de residuos, la Sala aplica el subtipo agravado de funcionamiento clandestino de la actividad del art\u00edculo 326.a) del C\u00f3digo Penal; en otras palabras, se aplica una agravaci\u00f3n de la pena por la falta de la preceptiva y espec\u00edfica autorizaci\u00f3n de gesti\u00f3n de residuos peligrosos.<\/p>\n
Unido al tema de la agravaci\u00f3n de la pena por clandestinidad, el Tribunal considera que la conducta de los acusados es particularmente grave y que, al tratarse de personas que trabajan en el sector de la gesti\u00f3n de residuos, no pueden alegar desconocimiento que los frigor\u00edficos re\u00fanen la condici\u00f3n de RAEE y deben ser tratados en plantas autorizadas al efecto, siendo plenamente conscientes que trataban un residuo peligroso, de todo lo cual se desprende la imposici\u00f3n de penas efectivas de prisi\u00f3n (4 a\u00f1os y un mes) para los autores de dicho delito, es decir, el administrador de Triturados F\u00e9rricos SL y Recuperaciones Nieto SL, y su hijo, que ejerc\u00eda funciones de gestor encargado de compras y ventas de dichas empresas. En cambio, al gerente de VERTRESA se le reduce la pena a 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por haber procedido voluntariamente a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado, atenuante que evita su ingreso en prisi\u00f3n por cuanto dicho individuo no dispone de antecedentes penales y la pena no supera los 2 a\u00f1os. Los motivos para aplicarle dicha disminuci\u00f3n de la pena son:<\/p>\n
A estas tres personas, condenadas en concepto de autores del delito ambiental, se les impone la pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio profesional de gesti\u00f3n de residuos durante un per\u00edodo de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
Respecto al resto de acusados, el Tribunal:<\/p>\n
Respecto a las empresas de los condenados, \u00e9stas responden solidariamente del pago de las multas impuestas y subsidiariamente de las indemnizaciones a la Comunidad de Madrid.<\/p>\n
Llegados a este punto, hay que significar que esta sentencia no es firme y que, dada la gravedad de las penas, se supone que habr\u00e1 sido recurrida en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, cuya resoluci\u00f3n ser\u00e1 muy interesante de conocer para el supuesto que la defensa del recurrente haya cuestionado la realidad de la prueba de la gravedad de las emisiones de gases que afectan la capa de ozono, dada la complejidad de esta concreta materia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n apuntar que en el presente asunto no se han aplicado los preceptos derivados de la \u00faltima modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, que entr\u00f3 en vigor el 23 de diciembre de 2010, cuales son:<\/p>\n
En definitiva, esta es una de las posibles respuestas del ordenamiento jur\u00eddico al escenario de incumplimiento de la normativa de gesti\u00f3n de RAEE, cuya consideraci\u00f3n de residuos peligrosos puede causar graves perjuicios ambientales, con importantes distorsiones de la competencia en el sector de la gesti\u00f3n de los residuos.<\/p>\n