La necesidad de emprender acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta cada vez más urgente y así lo declara el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Para alcanzar el nuevo objetivo de la UE para 2030 de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % con respecto a los niveles de 1990, los sectores regulados por el Reglamento (UE) 2018/842 deberán reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar el -40 % en 2030, en comparación con los niveles de 2005. Asimismo, se espera que todos los sectores de la economía, incluido el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), regulado por el Reglamento (UE) 2018/841, contribuyan a alcanzar este objetivo aumentando las absorciones netas de carbono. Al respecto, se han publicado las revisiones de los dos Reglamentos mencionados que pretender llevar a la Unión Europea un paso más cerca de la consecución del anterior objetivo climático.
Cambio Climático
El Banco Central Europeo señala la importancia del diseño conjunto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y de la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
El Banco Central Europeo ha publicado un informe en el que concluye que debería llevarse a cabo una adecuada coordinación entre la revisión del RCDE UE y el MAFC para garantizar la competitividad de las empresas de la UE y, también, la consecución de los objetivos climáticos.
El camino hacia la implantación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea: ¿el fin de la “fuga de carbono”?
Con el fin de evitar la “fuga de carbono” y lograr cumplir con los objetivos climáticos de la UE, el 14 de julio de 2021 la Comisión Europea adoptó la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono”. Desde entonces, esta propuesta normativa ha seguido su procedimiento de tramitación (2021/0214/COD) y, tras el acuerdo alcanzado el pasado diciembre de 2022 entre los órganos colegisladores, se prevé que el mecanismo comience a funcionar a partir de octubre de 2023.