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Otro síntoma de involución

La Vanguardia publica una columna de opinión de Christian Morron, complementando el artículo «Leyes a la carta para obras ilegales», de Antonio Cerrillo.

La Vanguardia. 21/05/2014

En un contexto de crisis, la tentación de la clase política de ofrecer a la opinión pública «proyectos de país» para justificar una mejora de la economía choca, con demasiada frecuencia, con la obligación constitucional de los poderes públicos de utilizar de forma racional los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas y de defender y restaurar el medio ambiente.

No son pocas las situaciones en que se aprueban leyes o planes urbanísticos a la carta para rebajar niveles de protección ambiental y permitir así la legalización o la autorización de obras y actividades declaradas ilegales por los tribunales.

Este criterio legislativo de «oportunidad» implica, por lo general, poner en manos privadas la explotación de recursos naturales de carácter público, para privatizar los beneficios en relación a su uso y externalizar a la sociedad y las generaciones futuras los costes que genera su impacto ambiental negativo. Este proceder impide, además, la aplicación del principio de que quien contamina paga.

Esta práctica parlamentaria de validación legislativa no sólo supone una clara interferencia del poder legislativo en el poder judicial, contraria al principio de división de poderes, sino también un efecto llamada hacia el incumplimiento de la legislación ambiental porque las sentencias, al final, no se ejecutan y, en definitiva, se da una discriminación respecto al resto de la ciudadanía que sí cumple la ley.

Ante esta situación, y en una línea jurisprudencial acorde con la exigencia constitucional de protección del medio ambiente, va tomando fuerza de forma incipiente en los tribunales el denominado principio de no regresividad ambiental. Según este principio, la normativa no debería ser modificada si esto implica un retroceso de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Christian Morron
Abogado del despacho Terraqui, especializado en derecho ambiental

Las administraciones reforman la legislación para avalar proyectos rechazados por los jueces por su impacto social o ambiental .
«Leyes a la carta para obras ilegales», Antonio Cerrillo. La Vanguardia. 21/05/2014
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