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Mediante la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras, se ha realizado una modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de residuos y de los cánones sobre la eliminación de residuos.

El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley representa un paso en firme en la implantación de una Administración Electrónica, prevista ya en la Ley 11/2007 y, en el ámbito de los residuos, en la Ley 22/2011. En este post hacemos una sucinta descripción de las principales obligaciones que al respecto del uso de medios electrónicos impone la Ley 39/2015 y revisamos, también, algunos procedimientos a realizar por medios electrónicos que contempla la normativa de residuos.

La Comisión Europea ha hecho pública la hoja de ruta para la evaluación del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de residuos, con el objetivo de analizar si cumple con sus objetivos y es coherente con los objetivos generales de la política ambiental europea, la economía circular y el mercado interno, así como para conocer los costes asociados a su aplicación.

El 29 de diciembre de 2016 el Diario Oficial de Castilla La Mancha publicó el Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

En octubre se publicó un documento que contiene la revisión y actualización de los criterios de sustancialidad de las modificaciones de las actividades de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, que sustituye a los que se han utilizado desde enero de 2013.

El Tribunal Supremo confirma la necesidad del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, de precisar las operaciones de valorización energética que asume y los criterios para su emplazamiento o localización.

El 28 de julio de 2016 el TJUE dictó sentencia en el caso C-147/15 en la que concluye que la aplicación de la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, a las operaciones de relleno de una cantera mediante residuos que no sean de extracción dependerá de si esa operación constituye una valorización o una eliminación de tales residuos.

El Plan Local Urbanístico de París fue presentado por su alcaldesa, Anne Hidalgo, el pasado 4 de julio de 2016. En el ámbito ambiental se recogen las disposiciones y apoyos dirigidos hacia una movilidad más sostenible que conlleva el incentivo de supresión de aparcamientos para coches y un uso de la bicicleta que pretende alcanzar un 15% del total de los desplazamientos urbanos en 2030. En paralelo, se ha desplegado un plan específico en materia de logística urbana atendiendo a la logística de último kilómetro. Ambientalmente, destacar el impulso de la vegetalización de los edificios –especialmente las fachadas y cubiertas- y la reglamentación para el aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de la energía renovable de los edificios, la gestión de los residuos, así como la creación de un estudio para cartografiar la biodiversidad en París para acabar desarrollando una trama verde y azul para la ciudad de las luces.

En su sentencia de 9 de junio de 2016, en el asunto C‑69/15, el TJUE ha concluido que los errores en la cumplimentación del documento de acompañamiento de traslados de residuos incluidos en la lista verde y destinados a valorización en cuanto al importador/destinatario, la instalación de valorización y los países/Estados afectados, conllevan que el traslado se considere ilícito y que pueda sancionarse como si tratase de un traslado realizado sin cumplimentar esta documentación.

El 12 de mayo el BOE publicó la orden por la cual se transpone al ordenamiento jurídico español, concretamente en la Ley 22/2011, la modificación del Anexo II de la Directiva marco de Residuos 2008/98/CE.