Blog Terraqui

Hasta el 20 de enero, ciudadanos y empresas tienen la posibilidad de hacer llegar a la Comisión Europea, sus comentarios relativos a esta nueva hoja de ruta que emana del Pacto Verde Europeo (the European Green Deal) publicado el pasado mes de diciembre por la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Según la norma, se entiende por economía circular, un modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.

El Tribunal de Justicia de la UE, en la sentencia de 4 de julio de 2019 sobre el asunto C-624/17, dicta que debe considerarse “traslado de residuos” una partida enviada que contiene aparatos cuyo funcionamiento no ha sido comprobado previamente o que no están protegidos contra los daños vinculados al transporte.

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.

En el asunto C-624/17 la Abogada General del TJUE analiza el concepto de residuo a la luz de la Directiva de residuos y la Directiva RAEE, y aborda las dificultades que suscita la aplicación del concepto de residuo en el Derecho penal.

La iniciativa parte de Afnor, la asociación de normalización en Francia, y tiene la ventaja de tratar un abanico amplio de procesos de economía circular en una misma norma. Esta norma llega un año más tarde que la que se hizo en el Reino Unido con el mismo objetivo por parte de la British Standard.

La capacidad insuficiente de control y de aplicación de la regulación ambiental junto con la falta de recursos que incluye la falta de profesionales de personal cualificado de las autoridades reguladoras y sanciones inadecuadas junto con un bajo nivel de multas para aquellos que violan la ley son los principales factores por los que la normativa ambiental no se aplica como se debería según el IMPEL. A su vez el informe sirve para hacer una revisión y recomendaciones de mejora para que el propio IMPEL resulte eficaz para los Estados miembros de la Unión Europea.

Francia plantea 50 medidas para responder al reto de la transición hacia la economía circular en que se priorizan medidas que tiendan a la reutilización, el reciclaje, la extensión de la responsabilidad ampliada del productor y el desarrollo de medidas fiscales y normativas que hagan efectivo este nuevo paradigma.

A través de los Reales Decretos 209/2018 y 210/2018 se han aprobado el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20) y el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20).

El Centre for European Policy Studies (CEPS) ha realizado un estudio en el que se plantean los principales retos a los que se enfrentan las empresas para poder llevar a cabo los cambios que conlleva convertir sus empresas al marco de la economía circular. Este post se centra en los desafíos normativos y financieros a los que empresas e instituciones deberán abordar, y en algunos aspectos financieros y de información que se consideran relevantes en este sentido.